Sala de Alejos y Cía. ordena captura de Velásquez y fiscal general de Colombia

Sergio OseguedaEngelberth Blanco
Sergio Osegueda, Engelberth Blanco

El titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), José Rafael Curruchiche, informó, este lunes 2 de junio, que la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal, allegada a Felipe Alejos, autorizó una orden de captura en contra del exjefe de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez y la actual fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo.

Curruchiche detalló que el exjefe de CICIG y la Fiscal General colombiana son acusados dentro del expediente del caso denominado «Acuerdos Fraudulentos», por la supuesta comisión de los delitos de asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencia y colusión.

A su vez, el jefe de la FECI apuntó que con la resolución de la Sala Tercera, el ente investigador está autorizado para solicitar alerta roja ante la Interpol, con el fin de que se procure la captura de ambos, no importa el país donde estén.

También, resaltó que en las próximas horas se presentará una solicitud de extradición en contra de Velásquez, quien actualmente funge como embajador de Colombia en el Vaticano, y Camargo.

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Al mismo tiempo, Curruchiche resaltó que la Sala Tercera declaró en rebeldía a la exfiscal general, Thelma Aldana; la exsecretaria general del MP, Mayra Véliz; al exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval; los exagentes de la referida Fiscalía, Eva Siomara Sosa, Rudy Herrera y Amy Girón, el exmandatario de la extinta CICIG, Luis David Gaitán; y el expresidente de Cámara de Comercio Americana (Amcham), Juan Pablo Carrasco.

Según explicó Curruchiche, Velásquez favoreció a los empresarios de la constructora Odebrecht, por lo que provocó que el Estado de Guatemala perdiera Q3 mil millones.

De acuerdo a la resolución de la Sala Tercera, la orden fue firmada por el presidente de la Corte, Alejandro Prado Estrada; la vocal I, Ingrid Vanessa García Vásquez; y por el magistrado suplente, Otilio Benjamín López Maldonado.

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La decisión también detalla que se giraron 26 órdenes de captura en contra de las siguientes personas:

  1. Iván Velásquez Gómez
  2. Luz Adriana Camargo Garzón
  3. Amy Mayra Lissette Girón Rodas
  4. Mayra Yojana Veliz Pérez
  5. Juan Pablo Carrasco de Groote
  6. Luis David Gaitán Arana
  7. Rudy Malono Herrera Lemus
  8. Eva Siomara Sosa Pérez
  9. Juan Francisco Sandoval Alfaro
  10. Thelma Esperanza Aldana Hernádnez
  11. Francisco Javier Gallardo Samayoa
  12. Marcos de Cerqueira Lima Machado
  13. Eduardo Oliveira Gedeón
  14. Ingrid Moizotis Letona García
  15. David Fernando Font Verdugo
  16. Jorge Luis Font Verdugo
  17. Álvaro Stein Barillas
  18. Alfonso Carrillo Marroquín
  19. José Gudiel Toledo Paz
  20. Carlos Eduardo Márquez de la Rosa
  21. Guillermo Solís
  22. Mauricio Dantas Bezerra Lemus
  23. Carmen Lucia López Pérez
  24. Gleiber Jose de Faira
  25. Leonardo Cordeiro Neuvirth
  26. Luiz Antonio Mameri

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PRONUNCIAMIENTOS

Tras el anuncio de Curruchiche, el exjefe de la extinta CICIG, Ivan Velásquez, se pronunció en su cuenta oficial de X, en donde calificó a la fiscal general del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras y al jefe de la FECI como «corruptos».

También, recordó que ambos fueron sancionados por el Departamento de Estado de Estados Unidos, así como por la Unión Europea.

«Mi solidaridad con los exfuncionarios y tantos ciudadanos guatemaltecos a quienes la fiscalía ha obligado al exilio», agregó.

Además, emitió un pronunciamiento el antiguo jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval.

SALA EN MANOS DE ESPOSOS ALEJOS CARRILLO

La orden de captura fue autorizada por la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal, la cual está integrada por el presidente de la judicatura, Alejandro Prado Estrada, así como los Vocales I y II, Ingrid Vanessa García Vásquez y Mario Federico Hernández, respectivamente.

En el caso de Prado Estrada, fungió como abogado del diputado del partido TODOS, Felipe Alejos, cuando era investigado dentro del caso “Traficante de Influencias”, por supuesto involucramiento en una red que operaba en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), para agilizar trámites de expedientes de devolución de créditos fiscales a cambio de sobornos.

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En 2018, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) lo multó con Q500 por haber presentado recusaciones en contra de magistrados para que fueran separados de conocer la solicitud de retiro de inmunidad.

Además, el magistrado Hernández Romero, fungió como abogado de la extitular del Instituto de la Víctima, Alejandra Carrillo, y fungió como asesor externo en la entidad dirigida por su patrocinada.

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