POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
jaguila@lahora.com.gt
Con el fin de retrasar la solicitud de antejuicio en su contra, el diputado Felipe Alejos, a quien el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) sindican dentro del Caso Traficantes de Influencias, ha recurrido a interponer recursos legales que, según la Fiscalía, no existen.
Esto provocó que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) impusiera multas de Q500 a los abogados que defienden al congresista, Alejandro Prado Estrada y Fernando José Porras Peñate.
Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra Ia Impunidad (FECI), informó que esto se deriva de que, recientemente, la CSJ rechazó las recusaciones que Alejos presentó en contra de nueve magistrados de ese organismo.
El parlamentario pedía que los togados fueran separados de conocer el antejuicio en su contra porque en septiembre de 2014, en su calidad de diputado al Congreso de la República, votó para que cada uno de ellos ocupara una magistratura de la CSJ, por lo que se podría dudar de la imparcialidad de los juristas.
Sin embargo, luego de que la CSJ rechazara su solicitud, los abogados del diputado presentaron recursos, sin nombre, para revocar la resolución de la Corte, los cuales fueron rechazados in límine.
