
María Consuelo Porras, la fiscal general, ha tejido un círculo de poder cerrado y leal. A su alrededor orbitan fiscales, secretarios y asesores escogidos con pinzas, hombres de su entera confianza que no solo acompañan sus decisiones, sino que influyen e incluso han decidido algunas de ellas, según explican a La Hora fuentes internas con conocimiento del tema.
Sin celular, redes sociales y acceso directo: Consuelo Porras y el mundo que le enseña su círculo más cercano
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— Diario La Hora (@lahoragt) May 16, 2025
Bajo su mandato, el Ministerio Público (MP) se ha convertido en un bastión controlado por ese núcleo duro que blinda y controla cada movimiento de la jefa del ente investigador, incluso si eso implica acumular más sanciones internacionales. A pesar de los más de 40 países que ya le prohibieron la entrada a Porras y algunos de ese círculo por socavar la justicia y minar la democracia desde su puesto.
El presidente Bernardo Arévalo prometió durante su campaña removerla del cargo. Sin embargo, su propuesta de reformar la Ley Orgánica del MP naufragó en el Congreso, bloqueada por una mayoría de diputados reacios siquiera a debatir la iniciativa. La Corte de Constitucionalidad (CC), también rechazó una inconstitucionalidad presentada por varios abogados para abrir la puerta a la destitución de Porras.
CÍRCULO DE PORRAS
Cuatro fuentes internas del MP, cercanas al despacho de la fiscal general, coinciden en un punto: las decisiones de Porras no se toman en solitario.
Consultadas por La Hora bajo estricta condición de anonimato —por temor a represalias—, los trabajadores aseguraron que muchas de las decisiones que toma la jefa del ente investigador responden, en buena medida, a las recomendaciones de su núcleo de confianza.
En ese engranaje de poder destaca una figura clave: su mano derecha, el secretario general del MP, quien actúa como filtro, operador y confidente en las movidas más confidenciales del despacho superior.

Ángel Arnoldo Pineda Ávila: Secretario General del MP
Abogado y notario de formación. Fue secretario de Asuntos Internacionales y Cooperación del MP, candidato a magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC) y vocero de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Está sancionado por la misma cantidad de países que Porras.
Pineda es más que un secretario general, es el canal exclusivo para llegar a la fiscal general. En el MP todos lo saben. Porras no utiliza WhatsApp, no responde correos electrónicos a primera hora de la mañana y tampoco atiende llamadas. De hecho, no usa teléfono celular. Quien quiera comunicarse con ella, debe pasar primero por las manos de sus asistentes y en muchas ocasiones, del mismo Pineda. Él decide si un mensaje merece ser trasladado al despacho principal.
Así lo confirmó el propio Pineda durante una entrevista con La Hora, en la que dejó en claro su papel de intermediario entre la fiscal general y el exterior. Este mecanismo de filtrado ya había sido desvelado en la publicación titulada «El mundo que Consuelo Porras ve a través de Ángel Pineda y el vínculo con Giammattei».

Además, el magistrado de la CC, Rony López, señaló a Pineda como uno de los operadores tras la cuenta anónima ¡Yes, Master!, un netcenter alojado en la red social X, identificado como el principal difusor de desinformación durante las elecciones generales de 2023. Desde esa cuenta, se orquestan campañas de hostigamiento, amenazas y descrédito contra periodistas, jueces y fiscales críticos del MP, así como contra voces de la oposición política.
Pineda ha negado estar detrás de la cuenta.
Dimas Jiménez y Jiménez: Sustituto de Porras
Es el fiscal regional Metropolitano de la Región I. Más que un funcionario de alto rango dentro del MP, es el sucesor inmediato de Porras en caso de ausencia temporal. Si la fiscal general se toma vacaciones, viaja al extranjero o se incapacita por enfermedad, será él quien ocupe su lugar al frente de la institución.
Así lo estableció la propia Porras el 14 de enero, mediante un acuerdo interno que refuerza aún más la concentración de poder en su círculo de confianza.
Desde su fallido intento por alcanzar una magistratura en la Corte Suprema de Justicia en 2024, Jiménez ha ganado protagonismo dentro del MP. Su figura se ha vuelto habitual en actividades oficiales, en especial durante las conferencias de prensa, donde no solo acompaña a la fiscal general, sino que asume un rol activo en su defensa.

Cuando las preguntas de los periodistas incomodan o ponen en aprietos a Porras, es uno de los hombres del círculo de confianza de Porras quien toma la palabra para blindarla.
Juan Luis Pantaleón González: Asesor de Porras
Pantaleón también escaló posiciones dentro del MP. Pasó de dirigir el Departamento de Información y Prensa —una unidad enfocada en responder de forma limitada a los requerimientos de los medios que fiscalizan al MP— a convertirse en asesor del despacho superior de Porras. Su ascenso, discreto, pero estratégico, lo colocó en un espacio desde donde influye en la narrativa institucional y se decide qué se comunica y qué no.
Pantaleón ha ganado visibilidad y protagonismo en la vida institucional del MP. Su presencia es cada vez más frecuente en reuniones de alto nivel y en actividades oficiales, algo que queda reflejado en las fotografías que difunde la cuenta oficial del MP en la red social X.

En cada evento público, Pantaleón se mueve al lado de Porras con la deferencia de un escolta político. Pero su papel va más allá del protocolo. Desde su cuenta personal en X, despliega una defensa activa —y a menudo agresiva— del MP.
Cada vez que la prensa cuestiona las decisiones de Porras, él responde con ataques dirigidos a medios de comunicación y periodistas, a quienes acusa de responder a una supuesta agenda que busca distorsionar «la verdad».
Eduardo Mejía Calito: Secretario de Asuntos Internacionales y Cooperación
Mejía Calito se ha convertido en el portavoz oficioso de la fiscal general en EE. UU. En un escenario donde Porras, Pineda y Curruchiche tienen prohibido el ingreso al país norteamericano por su inclusión en la Lista Engel.
Las sanciones impuestas a Porras, Pineda y Curruchiche ocurrieron durante la administración de Joe Biden, en un contexto de creciente tensión entre Washington y el MP. Lejos de adoptar una postura institucional, el MP adoptó un tono marcadamente político y se alineó con sectores republicanos en Estados Unidos, llegando incluso a expresar su respaldo a la candidatura de Donald Trump.

En un foro celebrado en territorio estadounidense, Mejía Calito —en nombre de la fiscal general— declaró que el MP era víctima de las sanciones y acusó al presidente Arévalo de emprender una campaña para desprestigiarla a nivel internacional.
Erick Estuardo Schaeffer Cabrera: Primer Subsecretario general
Schaeffer es el segundo al mando después de Pineda. Al igual que Jiménez, ha salido a enfrentar las preguntas de la prensa.
En enero pasado, Schaeffer y Mejía Calito realizaron un viaje a EE. UU. en el marco de varios eventos vinculados a la toma de posesión de Trump. Durante su estancia, hicieron un recorrido por las afueras de las oficinas de congresistas republicanos.
El viaje causó controversia porque el MP no reportó desembolsos por boletos de avión ni viáticos, y cuando La Hora solicitó información a través de la Unidad de Acceso a la Información Pública, la institución la negó sin explicación.

Solo hasta una rueda de prensa, tras una pregunta directa de este medio, Schaeffer respondió que él, en calidad de funcionario con licencia por vacaciones, habría costeado el viaje total de su bolsillo. En el caso de Mejía Calito, las dudas persisten, el MP no ha aclarado quién pagó su viaje ni sus gastos durante la gira.
Miguel Estuardo Ávila Vásquez: Secretario Contra la Corrupción
Ávila asumió el cargo en enero de 2023. Es abogado con especialización en derecho penal y, antes de integrarse al MP, fue defensor de Álvaro Manolo Dubón González, exsubgerente administrativo del IGSS y exgerente del Organismo Judicial, señalado en un caso de corrupción.
Al igual que los otros hombres del círculo de confianza de la fiscal general, Ávila ha sostenido un discurso alineado con la defensa de Porras y en abierto cuestionamiento a los resultados democráticos, y crítico de la Comisión Nacional contra la Corrupción del Ejecutivo.

INCONSTITUCIONALIDAD
Los intentos por remover a Consuelo Porras del cargo de fiscal general no han partido únicamente del Ejecutivo. Diversos sectores de la sociedad civil —abogados, asociaciones y líderes comunitarios— han recurrido a la Corte de Constitucionalidad para exigir su destitución.
Presentaron una acción de inconstitucionalidad en la que argumentan que el artículo 251 de la Constitución otorga al presidente la facultad de removerla con causa justificada, según el último párrafo. Sin embargo, el panorama legal es más complejo: en 2016, una reforma a la Ley Orgánica del MP restringió esa posibilidad, estableciendo que la única vía para cesarla en el cargo es que haya sido condenada en juicio por la comisión de un delito.
Los interponentes aseguran que la Ley Orgánica del MP viola la Constitución, aunque la CC ha rechazado esas acciones.

En su resolución la alta Corte subrayó que la única forma de cesar el cargo sería por «incapacidad física o mental del Fiscal General, siendo que tales supuestos operarían de manera excepcional, ante la imposibilidad —en el plano material— de que la persona que ejerce el cargo de Fiscal General pueda continuar con el ejercicio de las funciones que le atribuye la Constitución y las leyes del país».
En 2023 y 2024, información extraoficial señaló que Porras se encontraba enferma y hospitalizada, lo que generó dudas debido a su prolongada ausencia de la esfera pública. Durante varios meses no participó en actividades oficiales ni emitió declaraciones. El MP aseguró que se encontraba en buen estado de salud, aunque las dudas persistieron tras la divulgación de oficios firmados por su sustituta designada, en los que asumía funciones temporalmente ante la ausencia de Porras.
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