Analistas califican de ilegal y sin precedentes «usurpación» de Junta Directiva del CANG a manos de Siekavizza

La Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), encabezada por Mario Siekavizza, quien asumió el cargo en 2023 con el respaldo de la planilla vinculada al magistrado Nester Vásquez, se resiste a dejar el poder. A través de una resolución calificada de ilegal y sin precedentes, la directiva saliente extendió su mandato hasta que se resuelva una apelación que cuestiona los resultados de las elecciones gremiales de febrero. En esos comicios, la victoria fue para la planilla 10, considerada la oposición a las agrupaciones tradicionales.

El mandato de Siekavizza y los otros seis integrantes de la directiva concluyó el pasado 19 de marzo a las 16 horas. La nueva Junta Directiva, encabezada por la exjueza Patricia Gámez, denunció este jueves en rueda de prensa que la decisión de prolongar sus funciones mediante un acta es «ilegal y nula de pleno derecho». Gámez dejó claro que ellos son las nuevas autoridades y que, según la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, no es necesario un acto protocolario para asumir el cargo.

El control del CANG y las razones por las que ciertas fuerzas se resisten a ceder el poder no son un asunto menor. Tanto la Junta Directiva como el Tribunal de Honor tienen voz y voto en tres procesos clave de selección de funcionarios que están próximos: la elección del fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP), la designación de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) y del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Además, su influencia se extiende a otros nombramientos estratégicos dentro del sistema judicial y político.

ILEGAL Y SIN PRECEDENTES

El 14 de febrero, los agremiados del CANG, entre ellos abogados, politólogos, sociólogos, criminólogos e internacionalistas, otorgaron la victoria a la planilla 10, Unidad X la Justicia, para dirigir la Junta Directiva durante el período 2025-2027. Las impugnaciones e inconformidades fueron resueltas, y la planilla fue oficialmente declarada ganadora. Por su parte, la planilla 4 obtuvo el control del Tribunal de Honor y del Comité de Inversiones.

Cinco días después de los comicios, el abogado Diego Sagastume presentó una apelación con la que busca anular la elección y que el proceso se repita desde el inicio. Sagastume, quien se postuló como candidato a la presidencia del Tribunal de Honor, no logró pasar a la segunda vuelta. Esta impugnación fue el argumento al que se aferró la Junta Directiva de Siekavizza para no ceder el mando. Ahora, la decisión está en manos de la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales, encargada de resolver el recurso.

Ovidio Orellana, expresidente del CANG, respaldó la postura de la directiva de Gámez y afirmó que la decisión de prolongar el mandato de la Junta Directiva saliente es «nula de pleno derecho». Explicó que dicho mandato fue conferido por la Asamblea por un período improrrogable de dos años, el cual venció el 19 de marzo último.

«Es importante señalar, que no existe ningún sustento constitucional o legal que respalde esa excedencia que es absolutamente arbitraria y, menos, que en la legislación esté la figura de Junta Directiva en funciones», subrayó e indicó que «no tiene dentro de sus facultades tomar esta clase de decisiones, porque ni la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria ni los Estatutos del Colegio se los faculta».

Javier Urizar, abogado especializado en derecho internacional, coincidió en que «la Junta Directiva saliente no tiene las facultades para extender unilateralmente su permanencia en el cargo. Es como mínimo un acto arbitrario y en exceso de facultades que debería ser corregido inmediatamente por las autoridades judiciales. Es un abuso de poder y acto ilegal», señaló. 

«La decisión no solamente es ilegal y arbitraria, sino que constituye un claro desacato a las elecciones gremiales, no tiene precedentes. Sin embargo, la Junta Directiva de Siekavizza, y en el plano etéreo encabezada por Nester Vásquez, el magistrado de la Corte de Constitucionalidad, han decidido actuar como usurpadores y están usando triquiñuelas y artimañas aprovechando las impugnaciones presentadas para no darle posesión de los cargos a los directivos», apuntó Carmen Aida Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia, ampliando el panorama político. 

Siekavizza asumió la presidencia del CANG en 2023, impulsado por la Agrupación Solidaria de Profesionales Afines (ASPA), una planilla con estrechos vínculos con el magistrado Nester Vásquez, sancionado por Estados Unidos. Así lo ha señalado el Movimiento Pro Justicia, y uno de sus integrantes confirmó a La Hora que el togado forma parte de la agrupación. Este año, ASPA intentó sin éxito reelegirse, pero los agremiados le dieron la espalda en las urnas.

Los tres expertos coinciden en que la entrega del cargo no es un requisito indispensable para que la nueva Junta Directiva asuma sus funciones, sino un mero acto protocolario. «Basta con que la Junta Directiva electa vuelva a ir al Colegio más tarde o mañana, le pida a quienes tienen bajo su responsabilidad los libros y realicen el acta respectiva la toma de posesión de los cargos», puntualizó Orellana.

«La directiva que está usurpando funciones dejó todo bajo llave. Ellos no pueden violentar las instalaciones, pero las planillas 4 y 10 pueden operar como las nuevas autoridades, aunque tengan que crear sedes por fuera», propuso Ibarra como una salida legítima. 

INTERÉS DETRÁS DEL PODER

Ibarra asegura que detrás de la maniobra para bloquear la llegada de Gámez y sus aliados a la Junta Directiva hay un claro interés en impedir su influencia en la elección del próximo fiscal general que controlará el MP.

Sin embargo, advierte que existen otros intereses de fondo, relacionados con las acciones que la directiva de Siekavizza llevó a cabo durante su gestión para presuntamente favorecer el nombramiento de funcionarios en distintas instituciones con financiamiento del Colegio y que las nuevas autoridades podrían exponer.

«Con acceso a los documentos administrativos y finanzas va a ser posible cómo fue que el grupo de ASPA, que ha sido el grupo gremial del “Pacto de Corruptos” y aliado de Walter Mazariegos y Consuelo Porras, utilizaron el dinero del Colegio para las diferentes acciones a favor de realizar estrategias vía la Unidad Académica para impulsar candidatos a diferentes cargos de elección», advirtió la directora de Movimiento Pro Justicia, que ha señalado las irregularidades en los procesos de elección.

El expresidente del CANG explicó que detrás de esta disputa existen diversos intereses, tanto personales como políticos, siendo estos últimos los que más peso tienen en este momento. Urizar señaló que el conflicto está relacionado con el poder que ostenta la Junta Directiva, no solo en la gestión interna del CANG —que abarca el manejo presupuestario, la administración de sanciones a los agremiados y otras cuestiones administrativas—, sino también en su influencia externa.

Ibarra apunta a tres cabezas que influyen en esta decisión. La fiscal general, María Consuelo Porras; el rector de la Universidad San Carlos, Walter Mazariegos y el magistrado Vásquez. «El problema no es solo evitar que Gámez llegue, aquí hay mucho más de fondo. Es todo el poder político que se puede ejercer desde el Colegio con el multimillonario presupuesto. No quieren soltar los negocios del Estado y ahora están en un bache que no están logrando con el gobierno de Bernardo Arévalo», remarcó.

La planilla 1, que participó en la elección del CANG, fue impulsada por la cúpula del MP, a pesar de que su código de ética prohíbe a sus integrantes involucrarse en actividades gremiales. No obstante, dos fiscales se postularon con el respaldo de la fiscal general, pero tampoco fueron respaldados por los agremiados y no pasaron a segunda vuela.

Desde su conformación, la planilla 10 fue blanco de ataques en redes sociales con campañas de desprestigio. El asedio se intensificó cuando el MP logró la captura de uno de sus candidatos, el abogado Eduardo Masaya, apenas días después de que anunciara su postulación. Masaya permanece en prisión, vinculado al caso contra el partido Semilla, tras haber sido detenido de manera irregular a la salida de un evento de la planilla encabezada por Gámez.