El titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, dio a conocer este 21 de agosto en conferencia de prensa el caso “Mecanismo de Corrupción en el MICIVI”, en la cual informó sobre la solicitud del retiro de derecho de antejuicio del presidente Bernardo Arévalo.
Al respecto del caso, Curruchiche, sostuvo que el presidente Bernardo Arévalo «es el principal responsable de fomentar la corrupción y la impunidad en Guatemala».
De acuerdo con el jefe de la Feci una de las pruebas en contra del mandatario es un audio que circuló en “redes”, donde Arévalo conversó con la exministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega, cuando le comunicó su destitución por no acatar pagar a constructoras que no estuvieras señaladas de actos de corrupción.
“Un día a través de redes sociales, y de medios de comunicación, se filtró un audio, lo tomamos como fuentes abiertas de información y lo descargamos a través de un técnico informático, pero cómo se obtuvo, eso lo desconocemos”, subrayó el funcionario.
LA TESTIGO
Curruchiche presentó la grabación entre la exfuncionaria y el Presidente, además, de los listados en los que el gobernante autoriza con su firma el desembolso a ciertas constructoras.
El fiscal indicó que la testigo, que es Jazmín de la Vega, les proporcionó los documentos de cinco hojas en las cuales figura la rúbrica con tinta azul del presidente Arévalo, las cuales están embaladas y con su respectiva cadena de custodia, lo que a su criterio le da más soporte al hacer un peritaje por parte del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).
LA ACUSACIÓN
Curruchiche agregó que la orden del gobernante de hacer listados para pagar a las empresas es «ilegal» y está fuera de sus funciones y atribuciones establecidas en la Constitución Política de la República.
Esa es la razón por la que pudo haber incurrido en los delitos de abuso de autoridad, resoluciones violatorias a la Constitución y usurpación de atribuciones al haber dado esas instrucciones calificadas por Curruchiche como ilegales.
El fiscal también informó que se recibió una denuncia el 16 de julio interpuesta por Ricardo Méndez Ruíz, presidente de la Fundación Contra el Terrorismo, y la investigación lleva de tres a cuatro semanas.
NETCENTERS DIVULGAN INFORMACIÓN
En una nota, La Hora explicó recientemente que el audio fue compartido por la cuenta de netcenter ¡Yes Máster!, que se ha caracterizado por divulgar información privilegiada de funcionarios del Gobierno, así como de acosarlos. Al respecto, De la Vega afirmó que desconocía de dónde salió la grabación de la llamada.
«No, yo por qué tenía que presentar audios, yo desconozco de dónde salió ese audio», declaró la exministra, mientras comentaba que ella acudió al Ministerio Público (MP) por una citación hecha por el ente respecto a la denuncia interpuesta por la FCT. «Simplemente, yo me presenté a ver de qué se trataba».
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OTROS SEÑALAMIENTOS
Curruchiche también informó que en la documentación que tienen sobre el caso, hay indicios de irregularidades y vinculaciones con un miembro jurídico de la Organización de Estados Americanos (OEA) y se refirió a Gabriel Orellana Rojas.
Según manifestó, hay una empresa vinculada con Orellana Rojas, la cual habría sido beneficiada con pagos por parte del gobierno de Arévalo.
Señaló que se ordenó un pago a favor de Overseas Engineering & Construction Guatemala, por Q67 millones 956 mil, 574.
Además, dijo que había “interés” por parte de Luis Almagro y la OEA para visitar Guatemala.
El jefe de la Feci presentó varias publicaciones de medios de comunicación que presentaron notas periodísticas sobre empresas y contratistas que fueron beneficiadas con los pagos del Micivi y que tendrían señalamientos por casos de corrupción.
Sin embargo, aunque mostró algunas de las publicaciones de prensa, incluidas algunas de La Hora, no compartió una publicada la semana pasaba titulada como: «Estructura denunciada apunta a la operación de Miguel Martínez».
OBRAS DEL GOBIERNO ANTERIOR
Al ser consultado el fiscal sobre si habrá persecución contra el expresidente Alejandro Giammattei y otros funcionarios, ya que, esas obras fueron firmadas durante su gestión, Curruchiche, señaló que son hechos independientes a este caso.
No obstante, el secretario del Ministerio Público, Ángel Pineda, indicó que existen al menos siete denuncias contra el gobierno anterior, pero en otras fiscalías, las cuales están siendo investigadas.
CASO B410
El fiscal Curruchiche informó que varias empresas a las que se les dieron los pagos autorizados por el presidente Arévalo se encuentran en el caso B410, presentado la semana pasada por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), en la cual se estima que hubo una defraudación al fisco por al menos Q300 millones.
Dentro de esas compañías mencionó a Sermat, Mayapav, S.A, Proyectos Samaria, Grupo Internacional, S.A., entre otras.
PRESIDENCIA SE PRONUNCIA
La presidencia de la República respondió a las acusaciones del MP y añadió que, «los señalamientos de la fiscalía de Rafael Curruchiche no tienen ninguna credibilidad pública, solidez jurídica, ni propósito legítimo».
Asimismo, subrayan que lo único que sostienen con estas acciones corruptas del MP «es la participación de dos o tres jueces cómplices que, en este caso, no tendrán ningún rol.
«Los disparates del señor Curruchiche no tienen cabida en ninguna acción penal, mucho menos un antejuicio. Estos actores no gozan de ninguna credibilidad y el pueblo de Guatemala lo sabe», se indicó.
¿AUDIOS COMO PRUEBAS?
La Hora publicó una nota titulada: «Audio: el día que Stalling fue a pedirle al juez por la medida de su hijo«, en la cual destaca cómo el juez exjuez Carlos Ruano, da a conocer un audio sobre la conversación que sostuvo con la magistrada Blanda Stalling, cuando su hijo Fernando Molina, fue acusado de corrupción.
Luego Ruano tuvo que salir del país, ya que, nuevamente integrantes de la Fundación Contra el Terrorismo, encabezada por Ricardo Méndez Ruìz, lo denunciaron por haber grabado la conversación, tomando en cuenta que la magistrada gozaba inmunidad y la grabación sucedió sin autorización.
