El domingo 5 de mayo, durante una Cadena Nacional, el presidente Bernardo Arévalo declaró que «el oscuro ciclo de Consuelo Porras debe terminar ya». Al día siguiente, presentó al Congreso de la República una iniciativa de ley que busca reformar el artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (MP), con lo que buscan una salida de la Fiscal General María Consuelo Porras.
«Esta iniciativa de ley abrirá el camino para que la fiscal general rinda cuentas al pueblo de Guatemala en el marco de la ley», dijo el mandatario en rueda de prensa en el Palacio Legislativo.
Mientras que la Fiscal General, María Consuelo Porras, se pronunció el martes 7 de mayo. Durante la conferencia de prensa indicó “usted menciona que soy un obstáculo y efectivamente, lo voy a ser, para cualquiera que atente contra los derechos de los guatemaltecos, independientemente que sean locales o extranjeros.
[…] sí seré un obstáculo para el que quiera tomar control de las instituciones para garantizarse impunidad”, aseguró la fiscal. Además, explicó que no recibe instrucciones ni en español ni en inglés, y no se pliega a intereses particulares.
Ante este escenario, se consultó a analistas para evaluar el panorama que se tendría de ocurrir una reforma como esta.
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IMPACTO ECONÓMICO
Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), explicó que las Agencias Calificadoras de Riesgo Crediticio consideran las situaciones de conflictividad o amenazas al régimen democrático, así como aquellas que atentan contra la estabilidad política y social de un país.
«Podría influenciar a inversionistas potenciales y también se relaciona con las finanzas públicas, dado que Guatemala usualmente coloca Bonos del Tesoro en el Mercado Internacional de Capitales», añadió.
También dijo que «estas calificaciones de riesgo país se ven reflejadas en el apetito que pueda haber por los Bonos guatemaltecos o por la tasa de interés, estos pueden ser los dos canales en los cuales una perturbación en el clima político y social de un país como Guatemala podría tener».
Mientras que Hugo Maúl, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, dijo que «por lo general son los mercados financieros los más sensibles a este tipo de información, no la estructura real de la economía».
Agregó que «en Guatemala, en este momento, no tenemos las estructuras de mercado, ni el desarrollo del mercado financiero, como para poder tener una medición del efecto que esto está teniendo».
PROCEDIMIENTOS LEGÍTIMOS
«La Fiscal General tiene un perfil notable a nivel internacional, dado que ha sido sancionada internacionalmente, lo cual es conocido tanto por los actores económicos nacionales como internacionales», mencionó el director ejecutivo del ICEFI.
Por último, dijo que a medida que la Fiscal permanezca en su cargo y sea un factor de conflictividad, se percibe al país en riesgo de enfrentar problemas políticos. Sin embargo, si la Fiscal renunciara de manera legal y legítima, esto tendría un impacto positivo al cesar el factor de conflicto político y social.
SEÑALAMIENTOS A CONSUELO PORRAS
En 2018 fue elegida por el expresidente Jimmy Morales, de una terna de seis, para ocupar el cargo de fiscal general.
Fue sancionada bajo la Lista Engel de Actores Corruptos y Antidemocráticos de Estados Unidos por socavar casos de corrupción en 2021. Un año después obtuvo una segunda restricción por ese mismo país.
Pese a los señalamientos internacionales y denuncias de operadores de justicia de iniciar una persecución política en su contra por investigar corrupción, el entonces presidente Alejandro Giammattei la reeligió al cargo para el período 2022-2026.
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