En varias ocasiones, durante su conferencia, la Fiscal General, María Consuelo Porras, rechazó la iniciativa de ley con la cual el presidente, Bernardo Arévalo, busca reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público (MP), reiteró que no atiende indicaciones en español ni en inglés. Pero mostró una supuesta carta que congresistas (republicanos) de Estados Unidos enviaron por no estar de acuerdo con las autoridades de ese país.
Ese pronunciamiento fue emitido por la jefa del órgano encargado de la persecución penal este martes 7 de mayo en la sede central del MP, ubicado en el barrio Gerona, zona 1 de la capital guatemalteca.
Retransmisión: María Consuelo Porras se pronuncia por iniciativa para reformar la Ley del MP
«Quiero aprovechar la oportunidad de poder manifestarles que congresistas de Estados Unidos han enviado una carta, tal como está en pantalla, con las firmas correspondientes, al señor Antony Blinken y a la señora Samantha Power, y solo me voy a permitir indicarles algo del contenido de la misma y dice: ‘Nos dirigimos a usted para llamar su atención sobre los informes que detallan el uso indebido de la influencia de la administración en los asuntos legislativos del Congreso de Guatemala'», indicó la fiscal general.
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La jefa del MP siguió leyendo e indicó que funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos y de Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) no tienen autoridad legítima para presionar cambios ideológicos en Guatemala, que comprometa su Constitución o los valores profundamente arraigados con relación a la vida y la familia.
Además, las herramientas sancionatorias no deben utilizarse para obligar a los legisladores guatemaltecos a votar en un sentido u otro, dijo, y consideró que tal acción es una violación de los principios de soberanía y democracia.
INCOMODIDAD POR SANCIONES Y RETIRO DE VISAS
Porras y su equipo de confianza han sido sancionados no solo por Estados Unidos, sino también por varios países de la Unión Europea, por ser considerados como presuntos actores corruptos y antidemocráticos, por no estar de acuerdo con los resultados de las elecciones 2023.
Asimismo, en diciembre del año pasado, varios diputados se quedaron sin visa para ingresar a EE. UU. por haber autorizado el retiro de la inmunidad a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), por la denuncia de la compra del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), cuando todavía no había una denuncia de la Contraloría General de Cuentas (CGC) sobre esa adquisición.
Aunque la jefa del MP expresó respetar la soberanía, en 2019 no emitió ningún pronunciamiento cuando se firmó el acuerdo de país seguro por el gobierno de Jimmy Morales y Donald Trump.
