La propuesta para actualizar la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) que analiza la comisión legislativa de Asuntos Electorales, que impulsaron varios diputados antes del 14 de enero, genera rechazo entre analistas porque afectaría los controles por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
La iniciativa de ley identificada con el número 6332, fue presentada el 12 de febrerro pasado, impulsada por los diputados José Inés Castillo, Raúl Solórzano, Napoleón Castillo Santos, Marleni Matías y Karla Cardona, de la UNE. Además de Vivian Preciado Navarijo, de la UCN; Gustavo Cruz, de BIEN; Rudy González, de VIVA, y Román Castellanos, de Semilla.
El actual presidente de la comisión de Asuntos Electorales, Ignacio Quijada, también de la UNE, anunció que esperan el proyecto que entregaron los magistrados del ente electoral para unificar las sugerencias y entregar un solo dictamen.
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No obstante, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), calificó la propuesta de los legisladores como ambigua y consideran que colisionan con la jerarquía del ente electoral. A la vez, la propuesta de reforma flexibiliza las normas de financiamiento y evitan la fiscalización a tal punto que facilitarían el lavado de dinero y el uso de fondos ilegítimos durante el proceso electoral.
«Los partidos políticos representados en el Congreso, por disposición constitucional y legal, resultan ser jueces y parte al redactar a la medida la Ley Electoral. Reformas que resultan distantes para alcanzar mejores niveles de fortalecimiento para la democracia representativa que tanto se anhela», expresó el CIEN.
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ARTÍCULOS CUESTIONADOS
El Centro de Investigaciones analizó varios artículos como el 17 que flexibiliza las normas de financiamiento, eliminando sanciones por incumplimiento a techos de campaña o a lo indicado en el reglamento. Estos factores facilitarían el incumplimiento de normas de transparencia en financiamiento a partidos, dificulta la supervisión y auditoría, y limita al TSE en su capacidad para sancionar, lo cual promueve el lavado de dinero y uso de recursos ilícitos.
Junto a ese cambio, en el artículo 12 de la propuesta liderada por los diputados de la UNE, se busca aumentar el techo del gasto de campaña, como se establece en la literal e) que aumenta en 50 centavos de dólar el límite máximo de los gastos de campaña en general, para los partidos políticos. Asimismo, se promueve otro aumento de 50 centavos de dólar para los partidos que pasen a segunda vuelta.
Mientras que en la literal f) se incrementa en 50 centavos de dólar el techo a los comités cívicos, y se elimina que las agrupaciones políticas sean canceladas por infracciones sobre financiamiento.
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En el artículo 9 de la propuesta se busca cambiar las literales c y h del artículo 20 de la Ley, y se adicionaría la literal i. En dichos ajustes se busca que los fiscales nacionales tienen el derecho de asistir a las sesiones del TSE, pero afecta porque establece que todas las actas del ente electoral deben ser aprobadas por la mayoría de los fiscales, y contraviene la independencia del órgano electoral.
También el CIEN advierte que con el artículo 4, que busca modificar el artículo 9 de la legislación electoral, al parecer que se puede prescindir del uso del Documento Personal de Identificación (DPI) para emitir el sufragio porque se elimina la oración «y contar con el documento facultativo».
Además, busca incrementar un dólar por cada voto válido que reciban los partidos políticos en la primera vuelta electoral. Como tampoco es bien recibido que se «preautorice» un endeudamiento con garantía soberana de esa manera.
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