La nueva legislatura del Congreso de la República tiene en sus manos la decisión de despojar de su inmunidad a los cinco magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que sean investigados por el Ministerio Público (MP) luego que el partido de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) los acusara de avalar una serie de irregularidades en los resultados de las elecciones generales 2023, que le dieron la victoria al presidente Bernardo Arévalo.
Arévalo se disputó la silla presidencial en agosto pasado contra Sandra Torres, excandidata a la presidencia por la UNE, y resultó ganador. De esa cuenta, varios partidos perdedores y actores políticos se unieron al grito de un supuesto «fraude electoral» que el MP, que dirige María Consuelo Porras, secundó con una investigación señalada por la comunidad internacional como un intento de golpe de Estado para impedir que Arévalo asumiera el poder.
El pasado 3 de abril, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) secundó a la UNE y remitió el antejuicio en contra de los magistrados Blanca Alfaro, Irma Palencia, Ranulfo Rojas, Gabriel Aguilera y Mynor Franco al Congreso. Todos son señalados por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad con propósito electoral, incumplimiento de deberes y fraude.
A LA CANCHA DEL CONGRESO
La solicitud de retiro de antejuicio en contra de los funcionarios del TSE llegó a la cancha del Legislativo el miércoles pasado. Ahora le corresponde a los diputados, que llegaron a su curul derivado de los resultados de las elecciones generales 2023, conocer el proceso y formar una comisión pesquisidora para que concluya si es conveniente o no retirar la inmunidad, según la Ley de Amparo y Antejuicios.
De acuerdo con dicha ley, el Congreso debe formar una comisión pesquisidora que estará integrada por cinco diputados electos al azar. De esa cuenta, los magistrados citarán a las partes correspondientes para que evacuen sus pruebas de descargo para analizar los delitos de los que se les acusa.
El pasado 30 de noviembre en una maratónica sesión ordinaria, la última de 2023, 108 diputados decidieron retirar la inmunidad a cuatro de los magistrados del TSE antes mencionados por la supuesta sobrevaloración de la compra del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) utilizado en los comicios.
Con rostros y nombres, estos 108 diputados retiraron la inmunidad a magistrados del TSE
La acción fue calificada como una de las arremetidas del oficialismo, entonces liderado por el partido VAMOS del expresidente Alejandro Giammattei, para impedir la toma de posesión de Arévalo. El Departamento de Estado de EE. UU. días después anunció que el centenar de congresistas tenía prohibida la entrada a ese país.
PONDRÍA EN DUDA SU LEGITIMIDAD
Para la analista política Marielos Chang las probabilidades de que la décima legislatura del Congreso decida retirar la inmunidad a los magistrados del TSE se ve lejana y apuntó a que los diputados recién electos podrían salir perjudicados de darle vía libre al MP para abrir una investigación.
«No creo que vaya a prosperar ningún intento de querer revertir los resultados porque eso significaría también para los diputados del Congreso poner en duda su legitimidad y lo que han hecho hasta el momento», refirió.
La analista cree que el verdadero propósito detrás «es evidenciar la influencia que aún posee Sandra Torres y otros grupos de poder sobre el sistema de justicia y que esto de una u otra manera tiene la intención de obligarlos a negociar y obligar a los diputados como al Ejecutivo a dividir las cuotas de poder».
Chang también señaló que el que la CSJ ponga el tema de los antejuicios sobre la mesa antes que se cumplan los 100 días del Gobierno de Arévalo pone en evidencia que «el Ejecutivo ha perdido campo y espacio al no tomar acciones contundentes desde el día uno para poder eliminar las influencias indebidas que existen en el MP y cortes», sostuvo.
SIN FUNDAMENTO
A criterio del abogado constitucionalista Edgar Ortíz la denuncia de la UNE es un berrinche impreso en un papel. «Es algo espurio e infundado a todas luces en cuatro o cinco páginas sin fundamento alguno», calificó la denuncia que busca prosperar en la Fiscalía de Delitos Electorales.
«El proceso debe avanzar porque es lo que la ley manda. Se debe montar la pesquisidora y pasar al pleno, pero lo que no debería a simple vista es tener futuro porque sería volver a la misma cantaleta de cuestionar los resultados electorales», refirió Ortíz.
Además, el profesional del derecho coincidió con la analista política si 107 diputados aprobaran retirar la inmunidad. «Los que avalen eso van a ser personas que cuestionen su propia elección, sería algo absurdo el reconocer que llegaron a ese puesto de forma fraudulenta», sostuvo.
Ortíz también recordó que el Pleno del Congreso puede retirar la inmunidad a los magistrados del TSE con 107 votos, como lo establece la Ley en Materia de Antejuicio.
DENUNCIA DE LA UNE
En la resolución de la semana pasada, la CSJ, que preside Oscar Cruz, señaló que el denunciante cumplió con los requisitos respecto a los elementos razonables y sustentados y que la denuncia no es promovida por razones espurias, políticas o ilegítimas.
La denuncia señala supuestas irregularidades en el tiempo en el que se efectuaron los conteos de boletas en algunas mesas electorales y la utilización del Sistema Informático de TREP.
Además, de supuestas irregularidades en la elección de binomio presidencial, que consistirían en existencia de actas con el mismo número de mesa que habría generado un excedente de 164 actas.
CSJ arropa a la UNE que grita fraude: tramitan antejuicio contra magistrados del TSE
