A través de un comunicado, el Ministerio Público (MP) rechazó categóricamente, los señalamientos emitidos por la Ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, que desembocaron en la sanción del gobierno canadiense contra autoridades y funcionarios del ente investigador.
El documento refiere que dicho pronunciamiento representa una grave amenaza contra el régimen de legalidad y la democracia del país.
Añade que, nuevamente, los funcionarios del MP son objeto de ataques sistemáticos intimidatorios con los que se pretende, por medio de la coacción y violación de sus derechos humanos, evitar el cumplimiento de sus funciones que la ley les confiere.
Sanción de Canadá alcanza a Consuelo Porras, Rafael Curruchiche, Cinthya Monterroso y Jimi Bremer
Con ello, señala que con «profundo» desconocimiento del sistema jurídico guatemalteco, estas acciones atentan «gravemente» contra la independencia que la ley otorga al MP, al sugerir que no cumpla con su función constitucional de investigar y garantizar justicia a las víctimas del delito.
Finalmente, reitera la declaración que hizo la relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Alena Douhan, quien indicó que las sanciones de este tipo son violatorias de los derechos humanos de las personas.
SANCIÓN
La reciente sanción emitida por Canadá contra funcionarios del MP, no sólo alcanza a la fiscal General y jefe del MP, María Consuelo Porras, sino también incluye al jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), a la fiscal Regional de Noroccidente, Cinthia Monterroso, y el juez Penal B, Jimmi Bremer.
Según la información proporcionada por el gobierno canadiense, los sancionados participaron de manera «directa o indirecta» en promover la corrupción y graves violaciones a los derechos humanos con impunidad «durante la administración del presidente Alejandro Giammattei».
Como consecuencia, afirma que a los sancionados se les congelan los activos en este país, y se les prohíbe la entrada, lo que incluye viajar, trabajar o estudiar en tierras canadienses.
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