Los cuestionamientos por los bajos resultados del programa de Seguro Escolar que impulsó Alejandro Giammattei y su ministra de Educación, Claudia Ruíz, provocó que los diputados aprobaran un punto resolutivo para impulsar que las nuevas autoridades de Educación cancelen dicho programa.
La administración de Giammattei desembolsó en el primer año Q94.8 millones y llegó hasta Q346.5 millones en 2023 para ese proyecto, sin embargo, maestros de distintos departamentos denunciaron que la atención no llegaba a sus comunidades.
Mientras que los legisladores señalaron que la atención por los centros de llamada era solo orientarlos para que los menores de edad, que recibían la cobertura, fueran llevados al centro asistencial o al hospital nacional.
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Fue la diputada Alexandra Ajcip, la que presentó la moción verbal, para discutir ese tema, a lo cual se sumaron más colegas, ya que dicho proyecto fue administrado por el Crédito Hipotecario Nacional (CHN) y por la falta de transparencia pudo ser un bolsón de fondos a disposición de las autoridades de turno.
INFORME DE CONTRALORÍA
Entre los aspectos que incluye el punto resolutivo para que se finalice con ese programa clientelar, los congresistas solicitan a la Contraloría General de Cuentas para que realice una auditoría de la ejecución del seguro escolar y con los resultados deduzcan responsabilidades administrativas y penales.
Aunque, los diputados reconocen que la salud es un derecho fundamental, el Estado debe velar porque la asistencia social sea para todos los habitantes.
El punto resolutivo se aprobó con 112 votos y así la ministra de Educación, Anabella Giracca, rescinda ese contrato.
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SOLICITA REVISAR PROGRAMA
Tras la aprobación del punto resolutivo, el Ministerio de Educación (Mineduc) a no prorrogar el seguro escolar, informó que han tomado acciones inmediatas para solicitar la revisión financiera, operativa y legal del programa Seguro Médico Escolar.
La decisión asumida por las autoridades educativas contempla la intervención de la Contraloría General de Cuentas (CGC), y la Procuraduría General de la Nación, así como la auditoría interna del Mineduc.
