Cuando se analiza la forma en que se logró poner al servicio de la corrupción a todas las instituciones públicas, es lógico preguntarse cómo fue eso posible y cuáles fueron los mecanismos idóneos para lograr tan tremendo control que requería de la complicidad y participación de muchos funcionarios que se sumaron a la corriente. Uno de los mecanismos más útiles y que pasan relativamente desapercibidos, es el de la contratación de familiares, amigos, queridos o queridas de todos aquellos que tenían que ser alineados con la nueva forma de ejercicio de poder en el país.
Un trabajo de La Hora permite saber que en el gobierno de Alejandro Giammattei se incrementó el gasto para el pago de sueldos y servicios en 22 mil 119 millones de quetzales, lo que permitió complacer a todos los que tendrían que votar en el Congreso, presentar acusaciones penales o resolver juicios a favor de los operadores de los corruptos y en contra de los que criticaban la podredumbre del régimen. No se escatimó en absoluto a la hora de recurrir a esos nombramientos para ir ganando fidelidades que eran absolutamente necesarias para asegurar tanto el buen ritmo de los negocios como la absoluta impunidad que se logró establecer.
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Todas las dependencias del ejecutivo fueron parte de esa jugada que produjo un gasto extraordinario que no benefició en nada a los ciudadanos porque no se mejoró, en absoluto, la calidad de la función pública, toda vez que los nombrados sabían por qué y para qué habían sido contratados. Es un hecho irrefutable que el de Giammattei será consignado en la historia como el peor gobierno de la llamada era democrática, situación que no solo se refleja en el enriquecimiento de los funcionarios sino también en el abandono de todo lo que pueda tener mínima relación con ese fin supremo del Estado que señala la Constitución Política definido como “el bien común”.
Los niveles de corrupción alcanzados superaron a los ya vistos en los regímenes de Pérez y Morales, aunque pareciera imposible, y se explican claramente cuando se entiende que además de repartir millonarias cantidades comprando votos o resoluciones, también se gastó el dinero de los contribuyentes en esa contratación de numerosa parentela de todos los que se subieron al carro. Ello tiene efecto directo en toda la administración pública porque se acabó con la meritocracia y los ciudadanos tendremos que pagar por muchos años las consecuencias de un muy deficiente servicio público.
Enderezar ese rumbo tan torcido no será cosa fácil para el Gobierno, pero es algo que tendrá que emprenderse para aspirar a un funcionamiento eficiente del aparato público.
