El Ministerio Público (MP), que dirige la Fiscal General, María Consuelo Porras, de nuevo desestimó un caso de presunta corrupción, esta vez el expediente en contra del juez décimo penal A, Víctor Cruz, en el cual se le señalaba de supuestamente recibir Q5 millones a cambio de girar la primera orden de captura en contra de la ex fiscal general Thelma Aldana, a raíz de una investigación que reveló el extinto diario elPeriódico en 2019.
Cruz fue sancionado por Estados Unidos al incluirlo en la Lista Engel por supuestamente «entorpecer investigaciones de corrupción». La referida nómina está integrada por funcionarios y personas particulares de Guatemala, El Salvador y Guatemala, señaladas como presuntos «actores corruptos y antidemocráticos».
El juzgador cerró el caso contra la ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Blanca Stalling, y de forma reciente ordenó la detención de una veintena de estudiantes, docentes y personas vinculadas a la toma de las instalaciones de la Universidad San Carlos (Usac).
SOBORNOS
El expediente contra Cruz lo tomó la Fiscalía contra la Corrupción en mayo de 2019, que en ese entonces estaba liderada por Stuardo Campo, quien inició las gestiones de oficio, a raíz de una nota publicada en dicho medio de comunicación, la cual aseveraba supuestos beneficios obtenidos por parte del juez luego de liberar una orden de aprehensión en contra de Aldana.
La Fiscalía de Delitos Administrativos pidió el 18 de marzo de 2019, ante el despacho del juzgador, arrestar a la ex fiscal general por tres presuntos delitos. Cruz accedió.
La orden de detención se giró ocho días después de que el partido político Movimiento Semilla anunciara que Aldana corriera por la Presidencia en las Elecciones Generales de ese año, las cuales le dieron la victoria a Jimmy Morales por el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).
El caso contra Aldana refiere a su supuesta responsabilidad en la contratación del ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Gustavo Bonilla, como asesor en el MP.
Según la Fiscalía, Bonilla no cumplió con su trabajo, entre cuyas atribuciones tenía la de ser capacitador en esa institución en 2015, por lo cual se desembolsaron Q236 mil 774.19. De esa cuenta, se le señaló de sustracción en forma continuada, falsedad ideológica y casos especiales de defraudación aduanera.
Hace poco más de tres meses, en otro expediente, el MP confirmó el cierre del caso «Alfombra Mágica«, en el cual estaría involucrado el presidente, Alejandro Giammattei, por presuntamente también recibir una suma millonaria de dólares, la cual le habría sido entregada envuelta en una alfombra. Esto a cambio de una concesión en el puerto Santo Tomás de Castilla.
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PROTECCIÓN A CAMBIO
Al día siguiente de emitir la orden, el 19 de marzo, el juez obtuvo protección del Organismo Judicial (OJ) y, en ese momento, el vocero de la institución no detalló a los medios en qué consistían las medidas de seguridad. Sin embargo, elPeriódico y este Diario publicaron que el juzgador contaba con vigilancia extra del Ministerio de Gobernación y de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS), que cuidaba al entonces presidente Morales.
Cruz pasó a ser el juez con más protección del OJ, inclusive por arriba de los integrantes de los juzgados y tribunales de Mayor Riesgo, quienes dilucidaban casos de alto impacto que involucraban a funcionarios públicos, entre otros, como Miguel Ángel Gálvez o Erika Aifán.
Aldana se encuentra exiliada en Washington, Estados Unidos, junto a una treintena de exoperadores de justicia, derivado de una persecución en su contra por haber liderado la lucha contra la corrupción e impunidad en conjunto de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), según denunció.
FISCALÍA PIDIÓ EL CIERRE
La Hora consultó con el MP sobre el tema, y esta entidad confirmó el cierre del caso. La petición fue hecha por la Fiscalía en un Juzgado Penal. De acuerdo con el ente investigador, inició las gestiones que permitieran constatar la comisión de un acto o hecho constitutivo de delito, y que tal y como lo indica la Ley en Materia de Antejuicio, «no se tratara de una denuncia pública por razones espurias, políticas o ilegítimas».
Por lo tanto, el MP indicó que «realizaron las diligencias que permitieran oportunamente sustentar la solicitud que en derecho correspondía» y refirieron que «se efectuaron solicitudes de información a la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos de Guatemala».
De esa cuenta, la Fiscalía indicó que no halló la existencia de «transacciones inusuales sin fundamento económico o legal evidente que pudieran constituir un ilícito penal».
«Por esta razón y en virtud de que el objeto de la investigación estriba en practicar todas las diligencias, útiles y pertinentes que contribuyan a determinar la existencia del hecho, establecer los partícipes en el mismo y valorar su responsabilidad en la comisión de un delito. El juez contralor accedió a la desestimación del expediente, con base a lo que establece el artículo 310 del Código Procesal Penal», excusaron.
Por último, el ente investigador subrayó «que dicho precepto legal, también establece que la desestimación no impide reabrir el procedimiento cuando nuevas circunstancias así lo exijan».
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