El juicio por la masacre «Cumbre de Alaska» en contra de nueve militares en situación de retiro quedó suspendido por ocho días hábiles, derivado de padecimientos de salud que excusó la jueza presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo B y por esa razón el debate oral y público se retomará en enero próximo.
El pasado 15 de junio, luego de 11 años del hecho, inició la fase final del proceso penal que se sigue en contra de nueve acusados por la muerte de seis personas y haber provocado heridas a otras 34 víctimas como resultado de un bloqueo en la cumbre de Alaska, kilómetro 170 de la Ruta Interamericana.
SE RETOMARÁ EN ENERO
La jueza presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo B, María Eugenia Castellanos, durante el debate excusó padecimientos de salud relacionados con el sistema respiratorio y presentaba afonía al hablar durante la diligencia de este lunes 18 de diciembre.
De esa cuenta, suspendió el juicio por ocho días hábiles y programó la continuación para el próximo 2 de enero, en la que los peritos continuarán presentando sus dictámenes ante el Tribunal de Mayor Riesgo B, también integrado por las juezas vocales Elia Perdomo y Marling González.
La jueza Castellanos se amparó bajo el artículo 360 del Código Procesal Penal, el cual establece la «continuidad y suspensión» de un debate oral y público solo puede suspenderse por 10 días.
El numeral 3 de ese artículo contempla la suspensión «cuando algún juez, el acusado, su defensor o el representante del Ministerio Público se enfermare a tal extremo que no pudiere continuar interviniendo en el debate, a menos que los últimos puedan ser reemplazados inmediatamente».
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HECHOS
Los 48 Cantones de Totonicapán, una organización ancestral de ese departamento, se manifestaron el 4 de octubre de 2012 en contra de la eliminación de la carrera de magisterio, como lo había anunciado en ese entonces el gobierno de Otto Pérez Molina.
El grupo también mostró su descontento por una iniciativa que buscaba reformar el artículo 66 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en la cual se aborda la protección a los grupos étnicos.
Además, otro aspecto por el cual se organizó la protesta fue el alza del costo de la energía eléctrica en ese momento.
Los campesinos bloquearon el kilómetro 170 de la Ruta Interamericana. Para habilitar el paso vehicular intervinieron las autoridades. Sin embargo, un hecho desató la furia de los pobladores, quienes enardecidos hicieron que las fuerzas públicas se retiraran del lugar.
Todo se trasladó al kilómetro 169, en donde hubo disparos de los militares. El resultado fue la muerte de seis personas y 34 más resultaron heridas.
Los efectivos castrenses habían salido desde la capital para apoyar a la Policía Nacional Civil (PNC), que también se dirigía al sitio para mediar en el conflicto.
ACUSADOS
Entre los acusados en el caso figuran el coronel Juan Chiroy Sal, de quien la fiscalía presume es el principal responsable de la masacre.
También son acusados ocho soldados: Dimas García Pérez, Marcos Chun Sacul, Ábner Enrique Cruz Pérez, Abraham Gua Cojoc, Felipe Chuc Coc, Ana Rosa Cervantes Aguilar, Edín Adolfo Agustín Vásquez y Manuel Lima Vásquez, a quienes se les señala por la muerte de seis campesinos y la desaparición de otra persona.
