Derivado de la premura en el trabajo de la comisión pesquisidora que conoce el antejuicio en contra de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para elaborar y entregar el informe circunstanciado del caso, en el cual recomendaron retirarles la inmunidad a los funcionarios electorales, La Hora consultó a abogados para conocer si los diputados que integran dicho órgano tendrían responsabilidades penales por la dinámica con la que se efectuó la labor.
La opinión del referido órgano se tomó por mayoría de tres a dos. Los diputados que votaron por recomendar que los magistrados pierdan la inmunidad son:
Julio César Longo Maldonado, secretario.
Flavio Valdemar Muñoz Cifuentes, vocal I.
Douglas Rivero Mérida, vocal II.
El presidente de la comisión, Julio Enrique Montano Méndez, y el vocal III, Osmundo René Ponce Serrano, votaron por no retirar el fuero a los funcionarios electorales.
ORELLANA: DEBIDO PROCESO
El expresidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), Ovidio Orellana, detalló que la Ley en Materia de Antejuicio no prevé un plazo para que la comisión cumpla con las funciones que la normativa le asigna.
De esa cuenta, explicó que no podría pensarse en que se hubiese incurrido en algún tipo penal por el tiempo tan precario que ellos mismos decidieron utilizar para iniciar, tramitar y concluir su labor. Consideró que ese extremo se debió a la finalización de esta etapa legislativa y sus sesiones ordinarias.
“Lo que sí es cuestionable, y con posibilidad de incurrir en ilícitos, es la forma en que se tramitó la parte del antejuicio que a ellos correspondía, pues, en mi opinión, no respetaron el debido proceso que la propia ley establece. No se respetó la defensa por cuanto que no se escuchó a todos los antejuiciados, y menos en los momentos procesales que correspondían, lo cual conllevó también a la violación al principio de igualdad, porque unos fueron escuchados y otros no”, explicó Orellana.
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Agregó: “sí podría pensarse en la posibilidad de algún tipo penal relacionado con abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y resoluciones violatorias a la Constitución”.
MORALES MONTÚFAR: DERECHOS FUNDAMENTALES
El abogado Óscar Morales Montúfar indicó que el antejuicio es un proceso en el cual deben prevalecer los derechos humanos.
“Si un debido proceso se violenta, se está violentando los derechos fundamentales de las personas que están siendo procesadas, y también sus derechos humanos”, agregó el entrevistado.
Morales Montúfar enfatizó en que se deben evaluar las conductas de algunos miembros de la pesquisidora, para identificar si han cometido actos que puedan ser tipificados en la ley penal.
El profesional dijo que la defensa de uno de los denunciados advirtió que no se estaba llevando a cabo el debido proceso, por lo que solicitaron un amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC) para que se cumpliera con dicha garantía.
Si un funcionario no cumple con el debido proceso, podría cometer los delitos de infracción de privilegio, resolución violatoria de la Constitución y abuso de autoridad.
PERÉZ: 60 DÍAS PARA RECOMENDACIÓN
El abogado Herbert Pérez puntualizó que la Ley en Materia de Antejuicio establece que la comisión pesquisidora tiene 60 días para informar de su decisión.
“Ya vimos que estos diputados son unos descarados para usar el tiempo a su favor”, expresó el entrevistado.
Así mismo, indicó que el informe no es vinculante a la hora de que el pleno del Congreso efectúe la votación correspondiente.
De esa cuenta, indicó que aunque la pesquisidora recomiende retirar el derecho de inmunidad a los magistrados, la última decisión la tiene el pleno.
LA DENUNCIA DE FRATTI Y FISCHER
El antejuicio promovido contra las autoridades del TSE se dio luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declarara con lugar a formación de causa las diligencias promovidas por los abogados Giovanni Fratti y Karen Fischer, quienes alegaron supuestas inconsistencias en la compra del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
Con el fallo emitido por la CSJ, el expediente fue remitido al Congreso de la República, en donde en una sesión de pleno se integró la comisión pesquisidora, la cual es presidida por el diputado Enrique Montano.
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El pasado miércoles 22 de noviembre, la comisión había citado a los abogados para que ratificaran su denuncia, pero estos se excusaron de asistir, señalando que tenían poco tiempo para prepararse. Fueron escuchados dos días después.
Además, los magistrados del TSE se excusaron de acudir a la citación, indicando que por igualdad procesal se les debía reprogramar la diligencia. Sin embargo, finalmente sí se presentaron, aunque la pesquisidora determinó oírlos el lunes 27 de noviembre, fecha en la cual presentaron sus pruebas de descargo.
Montano informó este 29 de noviembre que el dictamen de la pesquisidora, con una votación dividida de 3 a 2, recomienda el retiro de antejuicio en contra de los magistrados del TSE y ahora deberá avanzar hacia el pleno del Congreso que deberá reunir 107 votos para lograr ese propósito.
** Con información de Joel Maldonado
