De acuerdo con el Ministerio de Gobernación (Mingob), suman 19 personas que enfrentan procesos penales, que utilizan el Control Telemático como parte de las medidas sustitutivas a la de prisión preventiva que les impuso el Organismo Judicial (OJ) durante el año.
El director de la Unidad de Control Telemático (UCT), Alejandro Quevedo, indicó que estas personas se encuentran utilizando el dispositivo electrónico de control y monitoreo, debido a que fueron beneficiadas con arresto domiciliario por distintos jueces penales.
SUMAN 19 BENEFICIADOS
Quevedo informó que septiembre fue el mes en el cual se instalaron más dispositivos. Según los datos, los brazaletes comenzaron a ser colocados en junio pasado:
Junio: 1.
Julio: 3.
Agosto: 4.
Septiembre: 6.
Octubre: 4.
Noviembre: 1.
Estos brazaletes se encuentran en los departamentos de Quetzaltenango, Quiché, San Marcos y Guatemala.
Según Quevedo, el proyecto es parte de la modernización y eficiencia de las medidas sustitutivas fortaleciendo la labor del Sector Justicia y detalló que para dicho servicio capacitaron 3 mil 358 personas en “Aplicación del Control Telemático en Proceso Penal Guatemalteco”.
El director de UCT agregó que se han realizado 26 estudios de disponibilidad y factibilidad técnica para la aplicación del mismo.
Cabe destacar que Guatemala aprobó la Ley de Implementación del Control Telemático en el Proceso Penal, Decreto 49-2016, a finales de 2016, pero la implementación se retrasó hasta 2023.
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CAMPO ENTRE LOS BENEFICIADOS
Uno de los beneficiados que cuenta con el brazalete es el exfiscal anticorrupción Stuardo Campo, y de esa cuenta pudo dejar la prisión provisional que guardaba en la cárcel ubicada en la Brigada Militar Mariscal Zavala, para gozar de arresto domiciliario.
Campo, quien dirigía la Fiscalía Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes en el Ministerio Público (MP), fue acusado de supuestamente desviar una investigación que estuvo a su cargo en 2021; además, de solicitar que se emitiera una orden de captura de manera equivocada.
Campo es otro de los fiscales que aseguran ser perseguidos por la administración de la Fiscal General, María Consuelo Porras, por su trabajo en contra de la corrupción. La denuncia que derivó en su detención fue interpuesta por la Fundación contra el Terrorismo (FCT), señalada de intimidar a operadores de justicia.
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PROYECTO ESTÁ VALORADO EN Q110.3 MILLONES
En febrero último, y después de cuatro intentos, el Mingob finalmente adjudicó el proyecto a la empresa Tecnología, Acceso y Seguridad S. A., por un total de Q110 millones 367 mil 144.
Los recursos erogados consisten en el pago por arrendamiento de 2 mil dispositivos que integrarán el sistema de control telemático.
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