La Contraloría General de Cuentas (CGC) interpuso dos denuncias en contra de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por posible abuso de autoridad y el encargado de informática, aduciendo mala calidad del gasto público, esto tras una auditoría realizada por la adquisición del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP). Afirman que esto no tiene relación con los resultados, sino únicamente con el manejo del gasto público.
La denuncia fue interpuesta por la CGC a la 1:00 de la madrugada del 25 de noviembre de 2023.
RESULTADO DE LA AUDITORÍA
Dentro de la denuncia, el ente contralor afirma que esta fue realizada “en el proceso de velar porque la fiscalización del gasto público se caracterice por la transparencia y la abierta rendición de cuentas, y como respuesta a la atención ciudadana en el marco del cumplimiento de su mandato constitucional se encuentra practicando auditoría al TSE a través de la Dirección de Auditoría a Sistemas Informáticos y Nóminas de Gobierno, de la Subcontraloría de Calidad del Gasto Público”.
Según las declaraciones del ente, la auditoría de cumplimiento comprende “únicamente la evaluación y análisis de los gastos efectuados en materia de tecnología que fueron adquiridos para las elecciones de 2023, de conformidad con las leyes, reglamentos, acuerdos gubernativos y otras disposiciones aplicables”.
Resaltan que se basó únicamente en el proceso de adquisiciones y contrataciones, asegurando que en el proceso se garantizó el derecho de defensa de los auditados.
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POR EL SOFTWARE Y POR EL EQUIPO
La CGC presentó ante el Ministerio Público las dos denuncias de falta de calidad del gasto en la adquisición de un software o programa informático y adquisición de equipo innecesario.
«Este resultado se deriva de HALLAZGOS DE LA MALA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO sobre los bienes adquiridos y servicios contratados, derivado de una planificación deficiente», aseguran.
EL MP: LA PRIMERA DENUNCIA SE REALIZÓ POR POSIBLE ABUSO DE AUTORIDAD
«La primera denuncia se realizó por posible abuso de autoridad e incumplimiento de deberes en contra de los magistrados del TSE Irma Palencia, Gabriel Valdimir Aguilera, Mynor Franco, Ranulfo Rojas, Álvaro Cordón y Jorge Santos Neill por aprobar el proceso de adquisición y adjudicar la compra de 8,676 equipos de cómputo para el proceso electoral 2023 de lo cual se determinó que la planificación no fue adecuada dando como resultado una mala calidad del gasto público excediendo la compra en 3,077 unidades más», informó Juan Luis Pantaleón, de Comunicación Social del MP.
«La segunda por los mismos delitos en virtud de la auditoría realizada relacionada a la adquisición del programa informático para la Transmisión de Resultados Electorales TREP por un valor de Q148 millones en la cual se estableció una falta de planificación eficiente y documentación de soporte», finalizó.
La Hora intentó comunicarse con el TSE para obtener declaraciones, pero no hubo respuesta.
EL CONTRALOR YA SE HABÍA PRONUNCIADO
Como informó La Hora en la nota «Denunciantes se contradicen: dicen que es por contratación, pero hablan de alteración de resultados», el diputado Enrique Montano, presidente de la pesquisidora que analiza los antejuicios en contra de los magistrados del TSE, leyó ayer durante la sesión una comunicación firmada por Helmuth Bode Fuentes, Contralor General de Cuentas, en la que se establece la posibilidad de presentar un informe de auditoría con relación a la adquisición del sistema TREP.
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Montano también resaltó la imposibilidad de contar con un representante de la CGC en la pesquisidora debido a que autoridades del TSE habían evacuado la audiencia de posibles hallazgos.
A esto, sumó que no era posible contar con informes, puesto que no se había concluido la auditoría, y estos debían ser sometidos a control de calidad y ser autorizados por el Contralor General o uno de los auditores encargados.
FUENTES SEÑALAN QUE EL MP HA ESTADO PENDIENTE DEL TEMA
Fuentes consultadas por La Hora, aseguraron que el ente investigador ha estado pendiente del informe que se presente en el Congreso en la Comisión Pesquisidora, que es integrada por cinco diputados, entre ellos tres considerados como aliados del oficialismo.
Ademas, han mencionado el interés del tema por parte del subcontralor del gasto.
**Con información de Joel Maldonado.
