Desde el 2 de octubre de 2023, Guatemala vivió la más grande rebelión de la que tengamos recuerdo al menos en lo que se refiere a la historia reciente. Esa rebelión continúa como se vio en las marchas multitudinarias y concentraciones observadas el 3 y 4 de noviembre. Los bloqueos de carreteras cesaron a partir del 22 de octubre, pero eso no quiere decir que haya cesado la insurrección pacífica por la defensa de la democracia y en repudio al Pacto de Corruptos. Ciertamente el levantamiento se hizo más evidente y tuvo mayor impacto en la vida cotidiana del pueblo guatemalteco con los bloqueos que comenzaron el 2 de octubre y que tuvieron su epicentro en los departamentos de Totonicapán y Sololá, particularmente en la Cumbre de Alaska (Sololá), Las Trampas (Sololá), Los Encuentros (Sololá), La Cuchilla (Sololá), Cuatro Caminos (Totonicapán). Además de Chupol (Quiché) y El Boquerón (Cuilapa). Casi todos estos lugares son neurálgicos porque allí se concentran el nudo de intersecciones de vialidades que comunican al país.
Una revisión de notas periodísticas e informes de la Dirección General de Seguridad Vial (Provial) nos puede dar una idea aproximada del número de bloqueos observados en las distintas carreteras del país y los acontecidos en la ciudad de Guatemala. Según estas fuentes, el 2 de octubre se observaron 17 bloqueos de carreteras y el número fue ascendiendo, afectando a la capital del país y otras ciudades en los días siguientes. El 9 de octubre se observaban 115 bloqueos; el 10 se reportaban 136 bloqueos, 23 de los cuales se dieron en la ciudad de Guatemala. Al día siguiente se reportaban 119, 11 de ellos en la capital; el 13 de octubre eran 80 los bloqueos; el día 17, habían descendido a 13 (uno de ellos en la capital); el 18 y 19 ascendieron nuevamente a 20 (uno en la capital). El 21 de octubre solamente se realizaron cuatro. El domingo 22 de octubre cesaron los cortes de ruta. Desde el 20 de octubre, Luis Pacheco presidente de los 48 Cantones de Totonicapán, sugirió en rueda de prensa que los bloqueos se levantarían parcialmente, pero dos días después estos habían cesado completamente.
Se ha expresado de manera crítica que el levantamiento de los bloqueos surgió después de negociaciones con el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales Industriales y Financieras (CACIF) máximo órgano empresarial de Guatemala. Independientemente de que estas aseveraciones sean ciertas o no, lo que nos demuestra el estudio de las grandes rebeliones y movilizaciones sociales, estallidos o insurrecciones, es que estos no pueden mantenerse de manera indefinida. Las grandes sublevaciones implican la ruptura drástica de la vida cotidiana de la población entera, se ven interrumpidos suministros, vida laboral, transporte, ingresos y la certeza en la seguridad física. Cortes de ruta, marchas multitudinarias, barricadas, concentraciones, plantones necesitan de recursos financieros no desestimables y de una infraestructura para satisfacer las necesidades de todo tipo de los que se sublevan. También se observa un tránsito de la exaltación al cansancio. Por ello las revueltas tienen un ciclo que inevitablemente las conduce de su estallido, ascenso, momento climático para luego entrar en una fase descendente.
La gran rebelión de octubre no puede escapar a esa lógica, aunque hasta el momento podemos prever que las movilizaciones, concentraciones y plantones seguirán con gran esfuerzo hasta el 14 de enero de 2024, cuando Bernardo Arévalo debe asumir la Presidencia de la República. Si esto es así, la rebelión por la democracia habrá tenido una duración aproximada de seis meses, lo que implica una dilatación inusual. Semejante a los seis meses de la observada en la ciudad de Oaxaca en el segundo semestre de 2006, cuando amplios sectores populares encabezados por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) se rebelaron contra el gobierno de dicha entidad apoyando al movimiento magisterial.
La gran rebelión que tímidamente comenzó en agosto y tuvo su momento climático en octubre no ha alcanzado su demanda principal las cuales son las renuncias de la fiscal general Consuelo Porras, el titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad Rafael Curruchiche, la fiscal regional Cinthia Monterroso y el juez Fredy Orellana, las figuras emblemáticas de la guerra judicial (Lawfare) que emplea el Pacto de Corruptos. ¿Puede decirse que por ello ha fracasado la sublevación observada?
De ninguna manera puede llegarse a esa conclusión. La ascendente rebeldía que ha tenido en el mes de octubre su cenit, ha ocasionado en primer lugar que hayan fracasado los planes fraudulentos y luego la confabulación golpista del Pacto de Corruptos. También ha originado que ese pacto delincuencial haya empezado a esquebrajarse como lo demuestra que una de sus partes institucionales, el Tribunal Supremo Electoral, haya marcado su distancia con el núcleo duro de la dictadura delincuencial guatemalteca. Otra de las partes del Pacto, su fracción neofascista (Ricardo Méndez Ruiz de la Fundación Contra el Terrorismo) ha expresado duras recriminaciones al gobierno de Alejandro Giammattei culpándolo de la crisis actual por haber pretendido hacer un fraude a favor del candidato oficial Manuel Conde. La gran rebelión también ha facilitado que el establishment internacional haya dejado de apoyar a la alianza delincuencial que gobierna a Guatemala.
Pero el saldo más importante de la gran rebelión de octubre de 2023 en Guatemala, son sus implicaciones históricas de largo alcance. Guatemala no podrá ser la misma después de la centralidad observada advertida en la rebelión de parte de los pueblos originarios. Una sociedad en la cual el racismo se desparrama desde la oligarquía de pretensiones criollas y de blanquitud, se irradia por las clases medias mestizas y llega hasta los sectores populares también mestizos, ha visto surgir a autoridades ancestrales y alcaldías indígenas cuyos bastones de mando se han convertido en símbolos de respetabilidad. La voz de dichas autoridades ha sido la dirigente y su repertorio de lucha han conducido a las manifestaciones de descontento popular urbano mayoritariamente ladino (mestizo).
El próximo gobierno, el que encabezará Bernardo Arévalo, un mestizo que encabeza un partido de clase media urbana y mestiza le deberá mucho a los pueblos originarios de Guatemala y también a lo popular urbano. Deberá tener la sensibilidad para gobernar un país que cambió debido a la crisis que provocó su triunfo electoral. Tendrá que ser diligente para atender sus demandas. A lo nacional popular expresado en la diversidad plurinacional también le correspondería tener conciencia de las limitaciones que tendrá ese gobierno para atender los agravios acumulados durante siglos. Llegará el nuevo gobierno con el Pacto de Corruptos enquistado en el poder legislativo y judicial y en otros organismos gubernamentales. Para muestra un botón: después de años de permanencia ilegal, los integrantes de la Corte Suprema de Justicia serán cambiados por disposición de la ahora diligente Corte de Constitucionalidad. También llegará el nuevo gobierno con un presupuesto gubernamental lleno de candados impuestos por la mayoría de corruptos en el Congreso de la República. Así las cosas, que el golpe sea derrotado solamente significará que a partir del 14 de enero de 2024 comenzará un nuevo ciclo en la lucha por otra Guatemala.
