Por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), el Ministerio Público (MP), a cargo de la Fiscal General María Consuelo Porras, envió una misiva al Presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes y al Presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, en la que solicita que se investigue al Departamento de Estado, a cargo de Antony Blinken, por supuestamente intervenir ilegalmente en los asuntos internos del país.
En la carta, el secretario general del ente investigador, Angel Pineda Ávila, incluido en la lista Engel de los Estados Unidos, manifiesta preocupación ante las reiteradas “acusaciones infundadas y malintencionadas” que fueron publicadas el 14 de julio pasado, lo cual asegura que también ha contribuido a que el Congreso norteamericano se sume a los ataques que ha promovido el Departamento de Estado contra Guatemala.
“Es bien sabido que una de las funciones del Congreso de los Estados Unidos es la supervisión del poder ejecutivo y aparentemente no se ha investigado lo que el Departamento de Estado ha hecho en contra de nuestro país, esto, en virtud que los hechos contradicen las declaraciones”, agregó Pineda Ávila.
De esta cuenta, en “aras de garantizar la transparencia y el prevalecimiento de la verdad”, invitó a investigar las acciones de la entidad norteamericana, para lo cual aseguró que ofrecen total cooperación y transparencia para que el país norteamericano y Guatemala conozcan la verdad.
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MP: DEPARTAMENTO DE ESTADO HA UTILIZADO EL PODER COMO UN ARMA
Bajo esta misma línea, el secretario general del MP resaltó que han notado que la Cámara Baja ha investigado y expuesto la utilización del poder como un arma contra enemigos políticos.
“Es precisamente esto, lo que el Departamento de Estado ha estado haciendo en contra del MP, incluso han llegado al punto de promover informaciones carentes de veracidad, intentando socavar la imagen y la función del MP de cumplir con su mandato legal y constitucional de ser garante del estricto cumplimiento de la ley”, señaló.
HABLA SOBRE SANCIÓN CONTRA MONTERROSO
De la misma manera, resaltó que en la comunicación de los presidentes de las Cámaras se indicó que se pidió a la administración de Joe Biden que se hiciera pleno uso de las facultades de sanción de la Sección 353 en respuesta a las acciones antidemocráticas y corruptas tomadas por los actores políticos del país.
“Cinco días después, el 19 de julio del año dos mil veintitrés, el Departamento de Estado sancionó a una funcionaria del MP por cumplir con su deber de investigar las denuncias que presentan víctimas de delitos”, destacó en referencia a la inclusión de la agente fiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Cinthia Monterroso, en la Lista Engel.
En esta línea, resaltó que “este deber de garantizar la debida atención a las denuncias ciudadanas, lo pudo constatar personalmente el señor Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, gracias a la apertura y transparencia del MP como una muestra del respeto a los principios democráticos”.
De esta cuenta, asegura que el Departamento de Estado ha intentado intimidar y coaccionar a los funcionarios del ente investigador para que no cumplan con su deber legalmente, al sancionar “arbitraria y maliciosamente” a fiscales con “advertibles” fines políticos.
Según Pineda Ávila, las sanciones se interpretan como una “amenaza” a la independencia del sistema de justicia guatemalteco, así como posibles actos de “venganza” en contra de cualquier funcionario que “aplique la ley correctamente”.
DICE QUE SANCIONES SE CONVIERTEN EN UN ATAQUE
Asimismo, el MP resaltó que la ley del país establece las vías y procedimientos para denunciar posibles hechos ilícitos cometidos por funcionarios, por lo que el Departamento de Estado, en caso tuviera evidencia de la posible comisión de un delito, debió de “actuar correcta y consecuentemente por la vía correspondiente”, en lugar de emitir sanciones.
A criterio del ente investigador, las sanciones se convierten en un “ataque condenable” a la institución, por lo que aseguró que en lugar de apoyar la “ilegalidad”, puso a “disposición” información oficial verificable para que no se dejen sorprender por ningún tipo de información que no sea la oficial y no transmitir información falaz al pueblo estadounidense, ya que “siempre se ha tenido la disposición, compromiso y apoyo para los ciudadanos de su país”.
En ese sentido, resaltó que las sanciones fueron arbitrarias, sesgadas y motivadas por intereses políticos, y no cuentan con base lógica ni sustento legal, además, asevera que se violaron los derechos humanos y la presunción de inocencia de los fiscales.
“Por ello, considero oportuno traer a cuenta la declaración que hizo la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Alena Douhan, quien expresó que ‘las sanciones de este tipo por parte de los Estados Unidos de América violan los derechos humanos y el derecho a la presunción de inocencia de las personas’”, expuso.
DICE QUE DEPARTAMENTO DE ESTADO PROMUEVE LA OBSTRUCCIÓN DE JUSTICIA
El secretario general del MP también indicó que como institución rechaza las “falsas acusaciones” que han sido promovidas por el Departamento de Estado, ya que denotan una clara “persecución ideológica y política”, lo cual promueve obstrucción de justicia, corrupción e impunidad.
“Que afecta negativamente el Estado de Derecho y la democracia en Guatemala, causando con ello un daño irreparable a un aliado estratégico de los Estados Unidos de América como lo es Guatemala. Como líderes del Congreso, debiesen condenar esta interferencia ilegal y motivada por intereses personalísimos”, subrayó.
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DICE QUE INVESTIGACIÓN CONTRA SEMILLA NO AFECTÓ PARTICIPACIÓN
Al mismo tiempo, señaló que el comunicado de la Cámara de Representantes y el Senado hizo hincapié en el intento ilegal de revocar el estatus legal de Semilla, lo cual sostiene que es una declaración “infundada y carente de veracidad».
Lo anterior, ya que como MP en todo momento “hemos actuado en estricto cumplimiento de la ley, en atención a denuncias y pruebas presentadas por víctimas de delitos, a quienes se le violentaron sus derechos”, señaló Pineda Ávila, quien también subrayó que los casos se basan en pruebas y “han sido públicos”, pese a que se desconoce detalles del caso Semilla, por lo cual exhortó a que “los examinen”.
A su vez, destacó que la investigación no afectó la participación de los candidatos a cargos populares de Semilla, y que el proceso de transición de gobierno se está desarrollando, lo cual ratifica que en Guatemala se “respeta” el Estado de Derecho.
“Por ello, nuestro mensaje a todos los partidos políticos, siempre ha sido que se respete la ley, en concordancia con que el MP tiene como mandato constitucional la investigación de la comisión de delitos, como garante del estricto cumplimiento de la ley”, declaró.
CLARA INTERVENCIÓN, DICE MP
Pineda Ávila subrayó que, “en ese sentido y en virtud de otras declaraciones y acciones del Departamento de Estado, se advierte que hay una clara intervención e injerencia en los asuntos internos de Guatemala, situación que debería ser supervisada por los dos comités de relaciones/asuntos exteriores del Congreso”.
A su vez, expuso que el 28 de julio de 2021, y el 3 de marzo de 2023, Porras invitó a Blinken a designar personal del Departamento de Estado para que se avocara al MP y tuviera conocimiento respecto a los señalamientos “espurios” vertidos por la remoción del exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
“Quien ha sido señalado por la posible comisión de delitos y por los que tiene órdenes de aprehensión vigentes; en ocasión de esta comunicación, me permito reiterar la invitación”, indicó.
En esta línea, señaló que es oportuno que se pueda conocer la información de la “fuente oficial”, y conocer la “verdad de los hechos”, tal y como ocurrió en EE. UU. cuando miembros del Congreso interpelaron al Departamento de Estado por la sospecha de un supuesto plan que pretendía intervenir en la Comisión de Postulación a Fiscal General, con el fin de evitar la reelección de Porras, de lo que “al momento, no se ha dado a conocer públicamente ninguna medida al respecto”.
Además, el secretario general del ente investigador expuso que consideraban oportuno invitar a los presidentes de las Cámaras a investigar las acusaciones infundadas y carentes de veracidad emitidas por el Departamento de Estado, lo que ha causado obstrucción a la justicia, así como una intervención ilegal en los asuntos internos de Guatemala y han violentado con ello la soberanía e independencia que “caracteriza” a un Estado democrático.
