Las acciones del día de ayer demuestran claramente que la situación contrariamente a estabilizarse muestra señales claras que el embate de un grupo del Pacto de Corruptos continúa y buscarán por todos los medios evitar que el Presidente y la Vicepresidente electos tomen posesión de sus cargos.
Independientemente de la ilegalidad con la cual actúan el fiscal Curruchiche y la fiscal general, se destaca una obstinación por demostrar que ellos tienen el poder, mientras actúan ellos saben que cuentan con el respaldo de la presidencia, de muchos diputados del congreso, de magistrados de la CSJ, pero también sus movimientos parecen situarse bajo el amparo de una CC que en un silencio cobarde e irresponsable no toma su papel factor crucial para resolver este entuerto pseudo legal pero con claras malas intenciones políticas.
La complicidad del juez Orellana muestra que sus acciones se articulan bajo esta tríada y que, a pesar de los reveses legales recibidos, persisten en quebrar el proceso de transición que media entre los resultados de las elecciones generales en su segunda vuelta del 20 de agosto y el 14 de enero. Ese espacio de tiempo propicio para prepararse para gobernar, para articular acuerdos estratégicos, para establecer prioridades y para integrar equipos, el MP se ha encargado de llenar de obstáculos.
Bernardo Arévalo y Karen Herrera se encuentran completamente indefensos de los ataques del ejecutivo, legislativo y judicial y aún más del silencio cómplice de la CC. Hoy, sus mejores aliados son las organizaciones populares y campesinas, la comunidad internacional y los gobiernos de Estados Unidos, de varios países europeos y de gobiernos latinoamericanos.
La OEA debe pronunciarse como Asamblea General, las ambivalencias de su secretario general ya son conocidas y responden a su ropaje conservador, las Naciones Unidas han sido claras también en su posición, pero estos movimientos internos ya no les hacen caso, con un canciller nefasto y sin luces.
Hoy únicamente el pueblo en sus diferentes expresiones es el que puede presionar internamente. El CACIF saldrá con comunicados sin sustancia y sin contundencia que al final muestran lo mismo de siempre, primero sus intereses y luego la democracia, no están contentos con el cambio a pesar que ya tuvieron diálogos con los diputados y mandatarios electos, pero, su margen de maniobra ha quedado bastante limitado.
Los partidos políticos con raras excepciones se han manifestado apoyando al gobierno electo, lo cual también es una muestra de su malestar por perder la posibilidad de continuar haciendo fortunas fáciles utilizando los recursos del patrimonio del Estado y no les importa, en lo absoluto, que la gente muera por falta de atención, por falta de recursos, porque la ausencia total del Estado y sus instituciones en el interior es un atentado permanente que debería ser catalogado de delito de lesa humanidad.
Las organizaciones indígenas como los líderes de Sololá y los 48 cantones y otras organizaciones similares deben continuar con la presión, al igual que las organizaciones y colectivos a nivel local y de la ciudad. Acá la lucha es contra un sistema que se niega a morir, contra otro que alberga la esperanza de cambio, de transformaciones futuras.
No hay ninguna institucionalidad que salga a defender la democracia, a ratificar lo que la ciudadanía, el pueblo hizo con su voto, romper con la hegemonía de grupos que han usurpado el poder, que han entregado el Estado a intereses económicos y que los funcionarios únicamente se hacen millonarios a costa de las necesidades del pueblo. Eso además de ser una cobardía, constituye una falta de coherencia con la función que debieran cumplir. Estamos ante una irresponsabilidad manifiesta, pero ante todo una conspiración del mal en contra del bien.
