Luego que la Fiscalía de Asuntos Internos finalizara los operativos en contra de exfuncionarios de justicia, el Ministerio Público dio a conocer que se trata del caso denominado «Persecución penal ilegal fase I», derivado de supuestas anomalías en el proceso de investigación en contra de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Blanca Stalling.
El ente investigador detalló que realizó cuatro allanamientos, entre los cuales se buscó la captura del exjefe de Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, la exfiscal Eva Siomara Sosa, así como la exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Claudia González, por la supuesta comisión del delito de abuso de autoridad.
Las órdenes de detención fueron justificadas por la Fiscalía como parte de sus competencias, según lo establecido en el artículo 30, numeral 19 de la Ley Orgánica del MP, según detalla un comunicado compartido tras finalizar las diligencias.
En esta línea, el MP acusa a los exfuncionarios de justicia de abusar de sus cargos, ya que permitieron o realizaron actos ilegales en «perjuicio a la administración pública» y de otro funcionario, específicamente la magistrada Stalling.
INVESTIGACIÓN INICIÓ PREVIO A RETIRO DE ANTEJUICIO, SEGÚN MP
El MP explicó que dentro de la investigación se determinó que dentro de la documentación presentada el 11 de enero de 2017, para motivar el proceso de retiro de antejuicio contra Stalling, el cual fue presentado un día después, se encuentran documentos que revelan la realización de diligencias de investigación iniciadas antes de presentar la denuncia y antes que Stalling quedara sin inmunidad.
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Al mismo tiempo, se utilizaron informes realizados por el personal de CICIG sin la debida autorización de juez competente, según lo establecido en el artículo 24 de la Constitución, mientras que tampoco se observó el procedimiento legal para el tratamiento de la evidencia, según la Fiscalía.
La CICIG también realizó una intervención ilegal, ya que la denuncia fue presentada en su sede, pese a que el 2 de febrero de 2017 la FECI solicitó abrir una investigación, de acuerdo con el ente investigador.
«Mediante dichas acciones se irrespetaron las formas y procedimientos establecidos en la ley para la presentación de antejuicio, para la tramitación de la investigación que lo fundamenta, y se vulneró el principio de legalidad al permitir la intervención arbitraria de una entidad internacional y su personal”, sostuvo.
Dicha intervención se realizó sin que se cumplieran con los procedimientos establecidos en el acuerdo de creación de la CICIG, lo cual logró la “realización de actos ilegales” que violentaron los valores constitucionales de justicia, seguridad jurídica, así como el derecho de defensa y debido proceso.
INCAUTACIONES
De la misma manera, el MP indicó que luego de las diligencias se coordinó con la Policía Nacional Civil (PNC) la captura de González Orellana, así como la incautación de tres armas de fuego y Q40 mil en efectivo, sin que se justificara su procedencia en un inmueble ubicado en San Miguel Petapa.
ASÍ SALIÓ DE LA CÁRCEL STALLING
Blanca Stalling fue apartada del cargo como magistrada, luego de una denuncia presentada por el juez Carlos Ruano, ya que la togada le habría solicitado que otorgara medidas sustitutivas, incluyendo arresto domiciliario a su hijo Otto Fernando Molina Stalling.
Pero el pasado 29 de junio de 2022, el juez Décimo de Primera Instancia Penal, Víctor Cruz, declaró sobreseimiento a favor de la magistrada Stalling, por los delitos de tráfico de influencias y resistencia con agravación específica.
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Entre la argumentación, Cruz señaló que se dio una falencia durante el proceso, ya que “no se quebrantó el derecho de antejuicio, acreditar que en su momento estaba quebrantado el antejuicio para Blanca Stalling, también para el delito de resistencia va a ser materialmente imposible porque existen los canales respectivos y la irrenunciabilidad a ese derecho”
En dicha oportunidad, el togado hizo énfasis en que no se protegía a la persona, sino a que se “protege el cargo”.
RUANO PODRÍA QUEDAR SIN INMUNIDAD
Por la investigación contra Stalling también se realiza un proceso de retiro de inmunidad en contra del juez Ruano, quien es acusado por la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), dirigida por Ricardo Méndez Ruiz, por los delitos de usurpación de atribuciones, resoluciones violatorias a la Constitución, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y simulación de delito.
Las acusaciones de Méndez Ruiz son similares a las de la Fiscalía de Asuntos Internos, ya que señaló que la denuncia fue presentada en la sede la CICIG, cuatro meses después de realizar la grabación de una conversación en la que Stalling buscaba influir en la resolución de su hijo.
De acuerdo al presidente de la FCT, Ruano abusó de su posición como Juzgador y preparó su teléfono para grabar en forma “subrepticia” la charla, lo cual calificó de un acto “arbitrario e ilegal”, ya que Stalling gozaba de antejuicio y la grabación no contaba con autorización judicial.
