Derivado de la segunda vuelta de las elecciones generales que posicionó a Bernardo Arévalo y Karin Herrera como el nuevo binomio presidencial y en el marco de las acciones en contra del Movimiento Semilla, dirigentes indígenas y distintas autoridades ancestrales de los 48 Cantones de Totonicapán se unieron al rechazo de las acciones interpuestas por el Ministerio Público (MP) en su afán de judicializar el proceso electoral 2023.
En defensa de la democracia, autoridades de los 48 Cantones de Totonicapán conformado por el Parlamento Xinka, la Alcaldía Indígena de Santa Lucía Utatlán, Alcaldía Indígena Ixil, Pueblo Ch’orti’, la Alcaldía Indígena de Chichicastenango, entre otras, discutieron propuestas y demandas para el resguardo de la democracia y la reivindicación de los pueblos originarios.
Así mismo, para que se respete la decisión de la población guatemalteca manifestada en las urnas el pasado 20 de agosto. Por lo que emitieron un comunicado en donde exigen la renuncia de Consuelo Porras Argueta, Fiscal General del MP, Rafael Curruchiche a cargo de la Fiscalía contra la Impunidad (FECI) y de los jueces Víctor Cruz y Fredy Orellana.
“Al resto del país y comunidad internacional manifestamos la profunda preocupación ante la crisis institucional y social por la que atraviesa nuestro país, provocada por las constantes y flagrantes violaciones a la Constitución Política de la República y al derecho fundamental de los guatemaltecos a elegir y ser electos a favor de una estructura criminal enquistada en el gobierno de Guatemala que busca de forma desesperadamente aferrarse al poder público”, detalla la misiva.
¿QUÉ EXIGEN LAS AUTORIDADES INDÍGENAS DE TOTONICAPÁN?
Ante los atropellos cometidos en contra del pueblo, el documento describe que el gobierno de Guatemala debe tomar las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad del binomio presidencial electo, atendiendo a lo resuelto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de asegurar el proceso de transición como lo demanda el marco jurídico de Guatemala, enfatizaron.
En esa medida, hacen un llamado a las autoridades de la Corte de Constitucionalidad (CC) para que cumplan su mandato de velar por el orden constitucional y la defensa de la Constitución Política de la República y leyes constitucionales. Y en esa instancia, de resolver cualquier acción sobre el proceso electoral actual, se ordenen las garantías necesarias para el cumplimiento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos y el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas electorales, para cumplir con el precio fundamental de la alternabilidad del poder, consideran.
“Al Congreso de la República que tal como lo señaló el presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, en el proceso de toma de posesión de los diputados electos para el periodo 2024-2028, se atienda únicamente a lo dispuesto por el Tribunal Supremo Electoral, ya que es el único ente que puede determinar si un funcionario electo a través de la voluntad popular puede o no tomar posesión”, se lee en el comunicado.
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EXIGEN LA DESTITUCIÓN DE LA FISCAL DEL MP Y DICEN QUE NO ENTIENDE DE DIGNIDAD
En esa medida, enfatizan que en reiteradas ocasiones se le ha sugerido a la fiscal que por dignidad renuncie al cargo; sin embargo, explican que es evidente que la funcionaria no entiende de dignidad: “para hacerlo a pesar que desempeña de forma arbitraria lo que es causal de despido en cualquier organismo del estado, este organismo tiene la facultad de destituir al igual que el fiscal especial contra la impunidad Rafael Curruchiche por falta de objetividad en su actuar al frente de esta fiscalía donde ejerce de forma selectiva”, argumentaron.
Las autoridades indígenas también hacen un llamado al Organismo Judicial (OJ) para que según el artículo 50 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, se destituya ipso facto al Juez séptimo de Instancia Penal Fredy Orellana, por desobedecer abiertamente el amparo provisional otorgado por la Corte de Constitucionalidad, para garantizar la segunda vuelta electoral.
A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL: “NIEGUE EL INGRESO A ENEMIGOS DE LA DEMOCRACIA”
“A la Comunidad Internacional, solicitamos que en solidaridad con el pueblo de Guatemala se niegue el ingreso a sus países de los enemigos de la democracia encabezados por los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Silvia Patricia Valdés Quezada y Manuel Duarte; los Magistrados de Salas de la Corte de Apelaciones Oscar Ruperto Cruz Oliva, Dixon Díaz Mendoza, Gustavo Adolfo Dubón y Elsa Noemi Falla; los jueces Víctor Cruz y Fredy Orellana, entre otros, de quienes haremos llegar la petición formal a todas las embajadas, ya que son quienes pretenden burlarse de la voluntad popular armando procesos espurios e ilegales para evitar la toma de posesión del binomio presidencial electo”, pronunciaron al respecto.
Finalmente, la Junta Directiva extendió unas palabras para recordar al pueblo de Guatemala y todas las estructuras políticas del país que las elecciones se ganan y deciden en las urnas no en las cortes, y desde ese punto, señalan que el pueblo de Guatemala se abstuvo de salir a las calles para evitar el rompimiento constitucional que provocaría la cancelación de la segunda vuelta.
“La mayor manifestación se vivió el día de las votaciones cuando más de 4 millones de personas emitieron su voto el cual debemos de respetar y defender a toda costa, y que habiéndose celebrado este evento de la segunda vuelta el pueblo organizado ya está dispuesto a actuar y defender su voto”, concluyen.
MUNICIPALIDAD INDÍGENA DE SOLOLÁ ANUNCIA MEDIDAS
Así mismo, este viernes 25 de agosto, la Alcaldía Indígena de Sololá anunció que si el Ministerio Público (MP) continúa las acciones en contra del Movimiento Semilla se verán “obligados” a tomar carreteras, aeropuertos, así como las sedes del ente investigador a nivel nacional.
EN CONTEXTO: Por acciones de Porras y Curruchiche, Alcaldía Indígena de Sololá anuncia toma de carreteras
Por medio de un comunicado, las autoridades indígenas rechazaron y expresaron su indignación por las acciones del MP, en especial de la fiscal general, Consuelo Porras, así como el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, los cuales a toda costa “pretenden destruir la poca democracia que nos queda”, expresaron.
En el documento informaron que estarán en asamblea permanente hasta que el binomio electo democráticamente tome posesión el próximo 14 de enero, por lo cual exigieron al Estado garantizar el proceso de transición del poder a Arévalo y Herrera y “no dejar al Congreso como responsable de la transición siendo esto evidente en la intención del actual Gobierno”.
Vea aquí el comunicado: Municipalidad Indígena de Sololá C.A
