El expresidente estadounidense, Donald J. Trump fue arrestado y fichado el pasado jueves en Atlanta, estado de Georgia, acusado de trece delitos junto a otros dieciocho coacusados de conspirar para alterar y falsear el resultado de las elecciones presidenciales de noviembre del 2020. El de Atlanta es el cuarto arresto de Trump, quien es acusado por la comisión de más de noventa delitos en otras tres jurisdicciones judiciales, Nueva York, Florida y el Distrito de Columbia.
Parece increíble que, dada tal situación, el expresidente Trump esté en plena campaña política para competir por la presidencia y posiblemente ganar la elección presidencial que se celebrará en noviembre del próximo año. La constitución estadounidense solo establece como requisitos para ser elegido presidente que el aspirante sea estadounidense de nacimiento, mayor de 35 años y residente durante 14 años en los Estados Unidos. Incluso una persona purgando una condena carcelaria puede ser legalmente elegida presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, la sección tercera de la decimocuarta enmienda constitucional puede ser un obstáculo insalvable para el proyecto de Trump de alcanzar por segunda vez la presidencia. Veamos.
Hay que recordar que la constitución estadounidense actual fue creada el 17 de septiembre de 1787 y ratificada y adoptada el 21 de junio de 1788. La constitución consiste en siete artículos y veintisiete enmiendas, de las cuales las primeras diez contienen la lista de los derechos y garantías de los estados y los ciudadanos y son prácticamente coetáneas del propio texto constitucional.
Entre abril de 1861 y abril de 1865, el país vivió un terrible conflicto político y militar, que estuvo a punto de destruir la todavía joven República estadunidense. Al triunfar el bando de la Unión en la Guerra Civil, el Congreso redactó y los estados ratificaron la decimotercera enmienda que abolía la esclavitud y más tarde entre 1866 y 1870 se ratificaron las enmiendas 14 y 15 que, junto a la 13 son las que resultaron de la reciente experiencia que costó a la nación la vida de quizá más de ochocientas mil personas.
La enmienda 15 aseguraba el voto de todos los ciudadanos estadounidenses, sin importar la raza, el color o previa condición de esclavitud o servidumbre, para completar la decimocuarta, que declaraba en su primera sección que todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, bajo su jurisdicción, “son ciudadanos”.
La tercera sección de la enmienda 14 es la que nos interesa analizar ahora dadas las extraordinarias circunstancias actuales de un expresidente acusado de más de noventa graves delitos, que podría ser condenado y que, sin embargo, hace campaña política, e incluso bien podría ganar las elecciones el próximo año. Así, dicho texto declara: “ Ninguna persona podrá ser Senador o Representante en el Congreso, ni elector de Presidente y Vicepresidente, ni ocupar cargo alguno, civil o militar, en los Estados Unidos o en cualquier Estado, que, habiendo prestado previamente juramento, como miembro del Congreso, o como funcionario de los Estados Unidos, o como miembro de cualquier legislatura estatal, o como funcionario ejecutivo o judicial de cualquier Estado, para apoyar y defender la Constitución de los Estados Unidos, y haya participado en una insurrección o rebelión contra la misma, o dado ayuda o consuelo a sus enemigos. Pero el Congreso puede, mediante el voto de dos tercios de cada Cámara, eliminar dicha inhabilitación”.
¿Cómo funciona dicha disposición constitucional? Diversos expertos constitucionalistas, por ejemplo, el juez Michael Luttig y el profesor Laurence Tribe coinciden con la opinión de William Baude y Michael Stokes Paulsen sobre la inhabilitación de Trump bajo la sección tercera de la decimocuarta enmienda. “La cláusula de inhabilitación opera independientemente de cualquier procedimiento penal y, de hecho, también independientemente del procedimiento de impeachment (juicio de impedimento) o de la legislación del Congreso. La cláusula fue diseñada para operar directa e inmediatamente sobre aquellos que traicionan su juramento a la Constitución, ya sea tomando las armas para derrocar al gobierno o librando una guerra contra las instituciones del gobierno al intentar anular una elección presidencial mediante un golpe incruento”.
Así, cualquier ciudadano estadounidense, en uso de sus derechos políticos, tiene interés legal o standing para solicitar a cualquier secretario de Estado o funcionario electoral que no inscriba en la boleta a Donald Trump, dado que él esta automáticamente inhabilitado por la constitución. Asimismo, cualquier ciudadano partidario de Trump puede exigir al funcionario electoral que lo inscriba para que participe en las elecciones. Es evidente que tal controversia política deberá transitar a través del sistema judicial hasta llegar a la Suprema Corte federal, que tendrá la última palabra. Tal es la ley suprema de los Estados Unidos y necesariamente habrá de cumplirse para evitar la caída y la destrucción de la Republica. Sin embargo, la constitución requiere la acción de los ciudadanos para hacerse eficaz. Ojalá la Republica logre sobrevivir al reto actual, protegida por la libre voluntad de sus ciudadanos.
