Será que estuviéramos viviendo un proceso electoral lleno de acciones judiciales, si hubiera ganado la candidata Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), porque más pareciera que todo está encaminado a deslegitimizar las Elecciones Generales 2024-2028 y bajarse la decisión del electorado en las urnas en favor de Bernardo Arévalo de León.
Hemos visto una efectividad de acción de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), para accionar en coordinación de dos fiscalías más: una de ellas la Fiscalía de Delitos Administrativos y la otra la Fiscalía de Delitos Electorales, que en su conjunto han iniciado 13 expedientes que van encaminados a impedir que no se declare el cierre del proceso electoral.
El problema de Guatemala es que todo se hace de una manera “mercantilista”, todo trámite que se realiza conlleva una coima debajo de la mesa, los funcionarios públicos ponen peros a todo para que al ciudadano no le quede más remedio que ofrecer una “mordida” para que por arte de magia se resuelva la situación.
En más de una ocasión se ha dicho que en el Registro de Ciudadanos (RC), se convirtió en una mina de oro, que los que querían inscribir su Partido Político tenían que pagar para que se hicieran de la vista gorda y que los mismos fueran inscritos sin mayores reparos, eso sí con un “ramillete” de billetes que llenaran la billetera de los funcionarios que dirigen dicha entidad del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Esa situación provocó que en esta ocasión estuvieran listos para competir más de 30 agrupaciones políticas, de las cuales 23 participaron como “vehículo” para participar en las Elecciones Generales 2023-2024. Esta situación no es cosa nueva, se habla de que corrieron millonadas y que ahora tenemos nuevos ricos, como sucede cada cuatro años.
En la última década, la problemática de la corrupción se ha visto de una manera desmedida, los “polítiqueros” se han aprovechado del debilitamiento de las instituciones del Estado, para hacer de las suyas y convertirnos en el sexto país más corrupto del Continente Americano.
Los altos niveles de violencia, tanto común como organizada, la corrupción e impunidad han socavado la institucionalidad y esto ha provocado la incapacidad del Estado de tener instituciones fuertes y eficientes que den soluciones a las necesidades económico-social de la nación guatemalteca.
La falta de una política de Estado ha permitido el debilitamiento de las instituciones estatales, tales como: Ministerio Público (MP), Corte Suprema de Justicia (CSJ), Policía Nacional Civil (PNC) y Ejército de Guatemala, que se han convertido en las herramientas políticas para mantener una supuesta gobernabilidad, que solamente beneficia a ciertos personajes de la vida política nacional. Hemos visto como sin mayor contratiempo se inscriben o son designados en puestos públicos personas que no cumplen con el artículo 113 de la Constitución Política de la República, lo cual ha provocado el descontento social.
Esta falta de gobernanza ha debilitado la confianza del ciudadano y que nos tiene en una crisis política que afecta la certeza jurídica de un país que tiene muchas oportunidades para salir adelante, pero que los “politiqueros” les quitan la posibilidad a los habitantes de encontrar una oportunidad de vida y que nos les quede más remedio que salir huyendo para encontrar el mal llamado “sueño americano”.
Entonces toda esta corrupción que se vive, ha hecho que todo lo que hacemos este de cabeza y por eso es que nacen problemas como el que vivimos, en donde se tienen Partidos Políticos que no cumplen con la ley para su formación y nos meten en tremendos problemas que los afectados somos todos, porque nadie quiere invertir en un país que no tiene certeza jurídica.
En todo este problema que vivimos, el Movimiento Semilla se ve involucrado en una serie de señalamientos y supuestos delitos, que hace que sus directivos sean perseguidos por el Ministerio Público (MP), pero en este caso la vida jurídica fue dada hace varios años, incluso participó en las elecciones pasadas, lo cual lo convierte en un hecho juzgado y la misma Ley dice que no es retroactiva y que favorece únicamente al reo.
Entonces puedo concluir que todo esto que se vive, hubiera pasado si Arévalo de León no hubiera ganado la Presidencia de la República.
