Tras dos semanas de intensa campaña política y los esfuerzos de los ocho candidatos presidenciales para captar el voto de los ecuatorianos, desde la madrugada del viernes rige el período de silencio ante unas atípicas elecciones dominadas por el temor tras el reciente asesinato de uno de los postulantes y otros dos políticos.
“Los ecuatorianos estamos yendo a las urnas guiados por el miedo. El principal objetivo es elegir un presidente que luche contra la inseguridad”, dijo a The Associated Press la analista y profesora de la Universidad de las Américas, María Cristina Bayas. El asesinato del candidato Fernando Villavicencio “golpeó al país en el rostro y le mostró la enorme violencia» subyacente, agregó.
Ese temor, explicó Bayas, también se debe a que hay territorios tomados por los grupos violentos a los que no llega el Estado. Los ecuatorianos “debemos escoger entre salvar al país de las mafias criminales o dejar que el país se hunda. El miedo es el motor de estas elecciones”.
El abogado de la familia de Villavicencio, Marco Yaulema, anunció el viernes en rueda de prensa que demandará al Estado ecuatoriano “por omisión dolosa” en el asesinato del candidato al no garantizar su seguridad pese a que tuvo conocimiento de las amenazas en su contra. Se prevé que la policía presente un informe interno para determinar si se cumplieron los procedimientos y acciones preventivas respectivas.
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En un comunicado, la Secretaría de Comunicación ecuatoriana aseguró que entiende el dolor de la familia, pero calificó de inaceptable que se considere que las autoridades dejaron en abandono al candidato y pidió “que no se politice el caso y se permita al sistema de justicia avanzar con las investigaciones” para llegar a la verdad procesal.
El 9 de agosto y tras un mitin de campaña en Quito un grupo de hombres asesinó a tiros a Villavicencio, quien había develado una serie de actos de corrupción, especialmente durante el gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017). A fines de julio fue acribillado Agustín Intriago, alcalde de la tercera ciudad más importante del país —Manta—, y esta semana corrió la misma suerte un dirigente político de la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia.
El periodista Christian Zurita reemplazó en la lid electoral al político fallecido y su candidatura fue aprobada por el Consejo Nacional Electoral apenas un día antes del cierre de campaña.
El ministro del Interior Juan Zapata informó en rueda de prensa que la policía detuvo a cuatro presuntos autores de la muerte de Intriago -tres ecuatorianos y un dominicano- quienes según el coronel de policía Freddy Sarzosa, del área de investigación, participaron en la planificación y ejecución del crimen.
No dio detalles sobre los motivos del asesinato porque se encuentra en etapa de investigación. La Fiscalía informó en su cuenta de X, antes llamada Twitter, que en las próximas horas les formulará cargos por el delito de asesinato y tenencia y porte ilegal de armas y sustancias prohibidas.
El clima de violencia también se vive en las calles donde el sicariato, la extorsión, los secuestros y la delincuencia mantienen en vilo a la población. Ello ha obligado al gobierno a ordenar un operativo especial de seguridad con miles de policías y militares alrededor de los recintos electorales para resguardar a los votantes, a quienes les ha advertido que no podrán llevar mochilas ni bolsos a los colegios electorales como medida de seguridad.
La Policía Nacional registró 3.568 muertes violentas en los primeros seis meses del año, muy por encima de las 2.042 del mismo periodo de 2022. Ese año terminó con 4.600 muertes violentas, la cifra más alta en la historia del país y el doble que en 2021.
Pandillas asistidas por cárteles luchan por el control de territorios y rutas del narcotráfico. Las arcas menguantes del Estado, las divisiones políticas, la corrupción y la deuda crearon huecos en el financiamiento de los programas sociales y la pandemia convirtió a niños hambrientos y adultos desempleados en reclutas fáciles para los grupos criminales.
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Los grupos violentos también luchan por el control dentro de las prisiones, donde han muerto al menos 400 reos desde 2021. Las pandillas tienen lazos con cárteles colombianos y mexicanos como los de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
Un total de 13,45 millones de ciudadanos han sido convocados para escoger el próximo domingo al sucesor del presidente Guillermo Lasso, quien disolvió la Asamblea a mediados de mayo cuando se aprestaba a hacerle un juicio político y, como marca la ley, acortó así su propio mandato y el de los integrantes del Legislativo.
Por ello en los comicios generales los ecuatorianos también elegirán a 137 asambleístas que en conjunto deben completar lo que resta del período de gobierno de Lasso hasta mayo de 2025.
Con alrededor de un 20% de indecisos según las encuestas, la postulante Luisa González encabeza las preferencias, seguida de Otto Sonnenholzner, Yaku Pérez y Jan Topic.
González es la candidata del partido de izquierda Revolución Ciudadana de Correa; el ex vicepresidente Sonnenholzner (2017-2021) es presentado por el partido de corte liberal SUMA, mientras Pérez es el único postulante indígena que llega por la alianza denominada Claro que se Puede y Topic es un millonario experto en seguridad y excombatiente de la milicia francesa apoyado por el partido Socialcristiano de derecha.
En caso de que un candidato obtenga al menos 40% de los votos más 10 puntos porcentuales de ventaja sobre su más cercano rival ganará la elección en primera vuelta. De no ser así, está previsto un balotaje para el 15 de octubre. El Consejo Electoral ha anticipado que entregará las credenciales a los ganadores, de haber segunda vuelta, el 30 de noviembre.
El domingo también se votan dos consultas populares para autorizar o rechazar que se mantenga la explotación de petróleo en un sector de la selva en la Amazonia. Además, los habitantes de la capital y comunidades aledañas deben pronunciarse sobre si aceptan o no la explotación de oro, plata, cobre y arcilla en los bosques del Chocó Andino.
