Hace cuarentaitrés años asumí la rectoría interina de la USAC y fui recibido por el régimen militar con la masacre de ocho estudiantes en la entrada de la ciudad universitaria, a primera hora del 14 de julio de 1980, día de los derechos humanos, como parte de la brutal represión contra la universidad nacional y autónoma. Quienes participaron en la planificación y ejecución de este crimen, tanto militares como civiles, han gozado de total impunidad y, hoy, temerosos de que dicha impunidad desaparezca, se suman a otras mafias para utilizar a sus servidores en el MP y sistema de justicia, con miras a impedir que Bernardo Arévalo –quien, desde 1954, es la primera opción presidencial honesta cuyo triunfo es factible– sea electo en la segunda vuelta.
De hecho, asustados de que la ciudadanía votará mayoritariamente por él, tratan de impedir que esté en dicho evento, recurriendo al retorcimiento de la legalidad. Han recurrido a la FECI, para presentar un caso sacado de la manga ante juez corrupto e infame, aduciendo que la inscripción del Movimiento Semilla merece anulación. La incompetente Fiscal General y el inescrupuloso jefe de la FECI han seguido los planes elaborados en reuniones secretas en estamentos militares por el Presidente Giammattei y capos mafiosos para dar autogolpe de Estado técnico. De manera cobarde, dicho jefe de Estado se ha valido de otros para intentar colocar en segunda vuelta a su partido y su candidato, con el evidente objetivo de garantizarse cuatro años más de total corrupción e impunidad. La maniobra ha sido derrotada, con el concurso firme de la sociedad civil y la comunidad internacional, al declararse ilegal e improcedente este nuevo acto de lawfare.
Se debe retomar el curso hacia la segunda vuelta el 20 de agosto; pero debemos estar en alerta y dispuestos a responder con contundencia ante nuevos intentos de las mafias corruptas de desconocer la voluntad popular. Dichas mafias inclinarán sus fuerzas en favor de Sandra Torres y tratarán de sembrar el temor, particularmente en las capas medias, ante la disposición del próximo gobierno, bajo Arévalo, de actuar en favor de las grandes mayorías de la población. Se seguirán utilizando las falsas acusaciones de que este nuevo gobierno sembraría la inmoralidad –al defender los derechos sexuales y reproductivos ya reconocidos por la comunidad internacional– y de que llevaría al comunismo, como obsoleto fantasma sembrado en 1954, que sirvió para adoptar feroz anticomunismo, que atacó brutalmente y aún agrede a millones de connacionales –genocidio y tierra arrasada, más de doscientas mil ejecuciones extrajudiciales, más de cuarentaicinco mil desapariciones forzadas, más de un millón de desplazados internos, cerca de quinientos mil refugiados y exiliados en países vecinos– y ha impedido la democracia funcional y participativa, pese a haber sido prescrita por el Acuerdo de Paz Firme y Duradera de 1996. Afortunadamente, la ciudadanía está harta de la corrupción, el abuso de poder y la impunidad y está convencida de que Guatemala necesita gobernantes con capacidad y probidad, que se garantiza con Arévalo y Herrera.
