Tras ser notificado de la orden de la Corte de Constitucionalidad (CC) de investigar a los magistrados de la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el Ministerio Público (MP) informó que se asignó a la Fiscalía de Delitos Administrativos para gestionar el expediente.
Allí se tendrán que establecer las acciones de los funcionarios con respecto al caso Prosperidad Ciudadana (PC), en el cual se benefició a los candidatos a diputaciones y alcaldías de 11 distritos para participar en las elecciones generales 2023.
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El órgano encargado de la persecución penal dio a conocer que el pasado lunes 12 de junio se recibió la notificación que contiene la orden del máximo tribunal en materia constitucional.
Además, se estimó pertinente que el caso en contra de los magistrados Guillermo España Mérida, Giovanni Soto Santos y Miguel Enrique Catalán Orellana sea por el delito de abuso de autoridad, ante la posible responsabilidad en la cual hayan incurrido al ordenar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) reactivar las inscripciones de los referidos aspirantes a cargos públicos.
En la Constitución Política de la República de Guatemala se establece que todos los magistrados tienen derecho de antejuicio.
LA RESOLUCIÓN
El pasado viernes 9 de junio, PC dio a conocer la resolución favorable que la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo emitió, la cual contemplaba la reactivación de sus candidaturas de 11 distritos electorales para diputaciones y alcaldías.
Dicho efecto se derivó del otorgamiento de un amparo provisional de la judicatura, en contra de una decisión previa de la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que ordenaba al TSE suspender la inscripción de los aspirantes a cargos públicos del referido partido político.
El Registro de Ciudadanos (RC) apeló ante la CC la decisión de la Sala Quinta, y señaló que se encontraba en trámite un amparo ante la Sala Sexta, en el cual se había ordenado invalidar las inscripciones de más de 1 mil 200 candidatos de PC, y que se esperaba la sentencia.
Según el memorial, “existía una contradicción entre las decisiones de la Sala Quinta y lo ordenado por la Sala Sexta”. El máximo tribunal en materia constitucional le dio la razón al RC.
CASOS POLÉMICOS
La Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo conoció casos polémicos, en los cuales emitió resoluciones que llamaron la atención de la ciudadanía.
Entre estos figura haber validado la elección de Walter Mazariegos como Rector de la Universidad de San Carlos (Usac) en 2022. La decisión fue tomada por mayoría de dos contra uno.
La nota titulada “Por caso de PC, ordenan investigar a magistrados; dos favorecieron a Rector” indica que Soto Santos y Catalán Orellana avalaron el proceso que llevó a Mazariegos al cargo, mientras que la opinión de España Mérida fue opuesta.
También se detalla sobre los perfiles de los magistrados que resolvieron en favor de PC, y ahora deberán ser investigados por el MP para determinar si cometieron un delito o no.
Además, esa sala también resolvió desconocer la designación de la abogada Gloria Porras como magistrada de la CC para el período 2019-2024.
TAMBIÉN EN LO DISCIPLINARIO
La orden de la CC se extiende a la función disciplinaria, por lo cual se ordenó a la Junta de Disciplina Judicial (JDJ) del Organismo Judicial (OJ) verificar si los magistrados incurrieron en acciones que riñen con ese principio.
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