En el informe de fiscalización emitido por la Contraloría General de Cuentas (CGC), informó de varios casos de supuestas irregularidades en construcciones y compras que suman más de Q500 millones, los cuales fueron denunciados ante el Ministerio Público (MP).
Además, informaron de otros 45 casos más por falta de información en los documentos que tienen relación con el patrimonio de los funcionarios, estos últimos remitidos al Juzgado de Paz, debido a que se tramitan por medio de juicios de faltas y se sancionan con multas.
Las denuncias presentadas por el ente contralor ante el MP, se derivan de los análisis financieros en municipalidades y varias dependencias del Estado.
En contraste, analistas consultados por La Hora explicaron que las acciones efectuadas por la CCG solo se limitan a emitir denuncias y que se evade su función de fiscalizar el gasto y de sancionar el mal manejo de recursos y como resultado cada año se reportan más casos.
COYOY: CONTRALORÍA FISCALIZA A MEDIAS
El analista económico de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), Erick Coyoy aseguró que la CGC fiscaliza a medias, ya que luego de presentar las denuncias ante el MP, ya no ocurre nada.
“Ya llevamos varios años que hemos caído en ese círculo vicioso donde la contraloría fiscaliza a medias, realmente solo revisan conjuntos reducidos de operaciones de gasto público y tal vez de algunas funciones y denuncias, luego el Ministerio Público debiera de proceder a investigar esas denuncias, realizar los procesos penales correspondientes, lamentablemente sabemos que eso ya no ocurre”, aseguró.
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Por ello, indicó que la Contraloría evade su función a simplemente presentar denuncias, ya que tiene la capacidad sancionatoria, es decir, la Contraloría no solo debe esperar que el MP investigue sino la CGC tiene un poder de sanción, el cual no aplica.
En ese sentido, indicó que las denuncias se han vuelto una mala práctica de la Contraloría porque evade su responsabilidad de establecer sanciones.
“La Contraloría no cumple con establecer el tribunal de cuentas que en la ley de dicha institución debiera operar para aplicar una sanción inmediata a los funcionarios que sean encontrados responsables de malos manejos, sin embargo, esto no ocurre”, señaló Coyoy.
Además, aseguró que a pesar de que existan denuncias que pareciera que hiciera su papel, no es realista, ya que el MP no va a investigar, y la Contraloría tiene el “poder” sancionador, la capacidad de establecer multas, así como de requerir devoluciones de fondos que hayan sido mal manejados, pero no lo están haciendo.
“Hay un proceso de incumplimiento de funciones por parte de las autoridades encargadas de fiscalizar el gasto y de sancionar el mal manejo de recursos, como resultado de ello vemos que cada año son más casos de malos manejos que quedan sin ninguna sanción como el caso más reciente de –Hospital de–Chimaltenango”, enfatizó Coyoy.
FLORES: CGC DEBERÍA SER UN ENTRE MÁS DINÁMICO
En ese sentido, Marvin Flores, de Acción Ciudadana (AC), expresó que por mandato constitucional la CGC hace evaluaciones y auditorías después de lo ejecutado en los proyectos y en el presupuesto.
“A nuestro criterio debería de ser un ente más dinámico, un ente que no se dedique únicamente a presentar denuncias prácticamente casi medio año después que se ejecuta el presupuesto”, indicó Flores.
Señaló que la labor de la CGC no debería de ser únicamente sancionatoria, ya que el combate contra la corrupción tiene dos enfoques, el preventivo y el sancionatorio.
En el caso de la Contraloría se centra en el tema sancionatorio en presentar denuncias ante el MP o imponer multas, pero ese enfoque “no es malo, pero no es el mejor” porque no ayuda realmente a la claridad del gasto e inversión pública.
“La Contraloría debe ser un ente más asesor de acompañamiento y no privilegiar tanto el tema sancionatorio como normalmente se ha hecho, para evitar los errores, por lo mismo la Contraloría debería de tener un enfoque no de policía ni de fiscal sino de prevención, asesoría y acompañamiento”, explicó.
MEDINA: CASOS SON CLÁSICOS Y CLAROS DE DEFRAUDACIÓN
Abelardo Medina de Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), expresó que los casos donde se gastó el dinero, pero no hay una ejecución o del servicio público, son clásicos y claros de defraudación donde habría que realizar una denuncia al MP para que hagan la persecución penal y la sanción correspondiente.
“Lo que termina sucediendo en todos nosotros es aquella percepción de que no se hizo nada, la Contraloría es la que revisa, audita y si hay algún error administrativo hay una sanción administrativa, una multa, se solicita al ente que cometió la infracción las correcciones del caso”, mencionó.
Señaló que no son problemas reales porque un error en un documento el cual se puede corregir, “el problema es cuando realmente el dinero que no fue bien utilizado o simplemente no se utilizó en lo que estaba previsto”.
