La judicialización de las candidaturas a puestos de elección popular es un tema que se destaca en el cuarto informe de la Misión de Observación Electoral (MOE-Gt), el cual fue presentado este martes 30 de mayo, a menos de un mes de las elecciones generales 2023.
Otros de los principales hallazgos que figuran en el documento son los tiempos para resolver la inscripción de aspirantes a cargos públicos, y el aumento de reelección de diputados.
Asimismo, sobre el financiamiento de campaña y uso de recursos públicos con fines electorales, hecho que en este informe aumentó a 21 casos.
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“FALTA DE CERTEZA JURÍDICA EN LAS INSCRIPCIONES”
El informe indica que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) fue notificado de al menos 77 amparos relacionados con la inscripción de candidatos para las cinco elecciones que se efectuarán el próximo domingo 25 de junio.
Lo anterior retrasó el proceso de impresión de papeletas previsto por la Dirección Electoral para el pasado lunes 8 de mayo, iniciando hasta el jueves 25 de mayo último, con el diseño de los artes que finalmente fueron avalados por los fiscales de los partidos políticos el martes 29 de mayo.
Por ello, la MOE-Gt señaló que la falta de certeza jurídica en las inscripciones puede derivar en la pérdida total de la integridad y legitimidad del proceso electoral, ya que, faltando menos de un mes para la primera vuelta de las votaciones, varios candidatos aún desconocen si podrán participar por recursos legales que aún no son resueltos, en definitiva.
CANDIDATURAS JUDICIALIZADAS
Algunos casos de candidaturas que fueron discutidas en las cortes de justicia del país son:
Jordán Rodas, exjefe de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), quien intentó competir por la Vicepresidencia por el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP). Se rechazó su inscripción al declarar inválido su finiquito. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Corte de Constitucionalidad (CC) también conocieron el caso, pero fallaron en contra del aspirante, y no fue inscrito.
Manuel Baldizón, excandidato a diputado por CAMBIO. La condena en su contra emitida por Estados Unidos por lavado de dinero pesó para anular su inscripción. El caso se encuentra pendiente de resolver, en definitiva.
Aldo Dávila, diputado al Congreso que busca la reelección por el partido político Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS). El TSE revocó su inscripción. El caso se encuentra en la CC, pendiente de una resolución a un recurso de apelación.
Alfonso Portillo, expresidente que buscaba una curul en el Congreso por la agrupación Viva. El RC se negó a inscribirlo y el TSE confirmó esa decisión. El caso se elevó a la CSJ, en donde se negó amparar al exmandatario. Visión con Valores (VIVA) no impugnó el fallo, lo cual causó que cobrara firmeza la decisión.
Esvin Marroquín Tupas, alcalde de Cuilapa, en Santa Rosa, se postuló para la reelección por el partido oficial, Vamos. Tanto el TSE como la CSJ rechazaron acciones legales, pero la agrupación política ya no impugnó ante la CC.
