La Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo ordenó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la suspensión provisional de más de 1 mil 200 candidaturas del partido Prosperidad Ciudadana (PC). Según analistas entrevistados por La Hora, la situación genera un conflicto para todos lo que habrían pagado para correr en las elecciones de este año en las primeras casillas de los listados nacional y distritales para integrar el Congreso para el período 2024-2028.
El director del Registro de Ciudadanos (RC) del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Ramiro Muñoz, señaló que aproximadamente 177 cargos afectarían a más de 1 mil 200 aspirantes inscritos por parte de la agrupación política.
Entre ellos, se incluye a quienes integran el binomio presidencial, Carlos Pineda y Efraín Orozco, 33 aspirantes al Congreso de la República por listado nacional, así como 23 diputaciones distritales y diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen), y 119 corporaciones municipales, quienes no cuentan con credenciales que los respalden para participar en la contienda electoral.
La Hora se comunicó con analistas para conocer la forma en la cual afecta no solo al partido, sino a todos los aspirantes a cargos públicos, la cancelación de las candidaturas de PC.
MACK: ES UNA PRÁCTICA DE RIESGO
Para el analista independiente Luis Mack, la compra de candidaturas es un riesgo para el sistema democrático del país, porque “es un pago que se da extraoficialmente”, aseguró. Y dijo que “esa ha sido una costumbre que se ha ido desarrollando en los últimos años justamente, pero eso debido a la debilidad que tienen los partidos políticos”.
También destacó que esto se debe a que las agrupaciones políticas “se han convertido más en vehículos para crear el poder, que en instancias de representación que realmente conecten al pueblo con el gobierno”.
Sin embargo, Mack aseguró que el hecho de haber pagado una candidatura en un partido político no significa que de manera obligatoria el aspirante tenga que ganar el cargo por el cual compite.
“Obviamente corrían el riesgo. De todas maneras, pagar una candidatura o por una candidatura, no significa que se va a ganar. Creo que es parte del riesgo que se tiene que asumir por este tipo de sistema que no es el más adecuado”, aseguró.
En el caso de PC, explicó que podría haber algún tipo de represalias en contra de Pineda, las cuales se originarían entre los candidatos a otros cargos de elección popular que finalmente no lograron ser inscritos. Esto porque el expresidenciable era la cara visible de la organización partidaria.
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“Eso ya entra en parte de la ilegalidad, realmente, porque todo de hecho está en la penumbra de la ilegalidad. Por supuesto que puede haber represalias, pero esas represalias no deberían de caber realmente, insisto, creo que es parte de un sistema que está corrupto que en la práctica ya no debe sostenerse”, explicó.
Agregó que quien haya comprado una candidatura “no puede reclamar una estafa, (porque) estaba cometiendo una ilegalidad. Eso no debieron haberlo hecho nunca, creo que debería servirles de enseñanza para no hacer eso”.
Mack finalizó al indicar que el sistema de partidos políticos y sus conductas tiene que ser reformado, para evitar que haya la posibilidad de que se compren las candidaturas.
ROSAL: LES VAN A PASAR FACTURA
De acuerdo al analista independiente Renzo Rosal, el partido, como ocurre con la mayoría de agrupaciones, tiene una variedad de candidatos, algunos que aspiran por primera vez y que se auto financian la campaña, y también se encuentran excongresistas “con experiencia” que quieren regresar al Organismo Legislativo y que tienen algún tipo de financiamiento especial y poderes fuertes a nivel territorial.
“Por supuesto que, al quedar fuera, los financistas también les van a pasar la factura de alguna forma, porque, además, esta cancelación se está haciendo a solamente un mes de las elecciones, con lo cual la mayor parte del financiamiento ya se lo gastaron los candidatos, estoy hablando fundamentalmente de candidatos a diputados distritales, algunas corporaciones municipales, alcaldes, pero especialmente, insisto a diputados”, explicó.
Según el analista, los candidatos a diputados denotan un despliegue territorial fuerte de campaña, con inversión y financiamiento, y que ahora los financistas quedan “en medio del asunto”. Afirmó que, si los candidatos se autofinancian, se quedan debiendo ellos mismos; pero si hubo financiamiento con una agenda específica que buscaban impulsar en el Congreso, es “complicado”.
Lo anterior, debido a que, por un lado, los financistas cobrarán la factura. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta otro factor, que es que los candidatos que provienen de un “grupo un poquito feo”, tendrán otros grupos que buscarán sustituirlos en el camino, de acuerdo a Rosal.
El experto señaló que este proceso de cambio no será fácil y que probablemente será “violento”, ya que se está hablando de gente violenta. “Eso va a ocurrir probablemente en algunos territorios, no en todo, pero sí varios, donde los candidatos tenían fuertes posibilidades de quedar como diputados”, concretó.
CHANG: LIMITAR PARTICIPACIÓN GENERA RIESGO
Respecto al tema, la politóloga Marielos Chang sostuvo que cualquier candidato o partido al que se le pueda limitar su participación en las elecciones, puede poner en riesgo a sus financistas.
“Creo que nadie quiere invertir en algo que no sabe que finalmente va a siquiera competir. Entonces ahí sí, sería indiferente si fuera Prosperidad Ciudadana, puede aplicarse obviamente a Podemos, al Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), a Poder, que son los cuatro partidos que al momento tienen fuera sus binomios, y Prosperidad Ciudadana que tiene a gran parte de sus candidaturas, seguramente se han visto afectados por las limitaciones que les haga o no participar, han afectado su financiamiento”, mencionó.
Sobre la posible afectación de los financistas, expuso que, dentro de una democracia estable, sana y transparente, las personas no financian con la expectativa de recibir algo a cambio.
Lo anterior, ya que, si se financia con la intención de que algo regrese, es porque desde el inicio se está un “quid pro quo” (una cosa por otra, en latín), y esto es corrupción, a criterio de la experta.
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ORELLANA: ERA UNA CONTRIBUCIÓN VOLUNTARIA
Asimismo, el analista Gabriel Orellana señaló que es lógico que, si a las personas no se les aceptó su candidatura, obviamente los financistas se van a ver afectados. “Pero quien los manda a apoyar una inversión de la que no analizaron todos los riesgos”, subrayó.
De acuerdo al analista, el partido se defendió en la medida de sus posibilidades jurídicas y legales y si no logró hacerlo también hay una negligencia de sus directivos.
“Aquí era una contribución supuestamente voluntaria o interesada, pero nadie los obligó ni les retorció el brazo para que fueran a financiar”, concretó el analista.
QUEDAN FUERA
Las candidaturas de PC están provisionalmente fuera de la contienda electoral, luego de que la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo diera la razón al partido CAMBIO, liderado por Manuel Baldizón y sus hijos, ya que afirma que existieron anomalías en el desarrollo de la segunda Asamblea Nacional Ordinaria de la referida agrupación.
De esta cuenta, la judicatura ordenó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la suspensión provisional de las candidaturas del partido político por lo cual Pineda competía por la Presidencia.
Tanto el ahora excandidato como la secretaria general de PC, Lilian García Contreras, y el diputado Edwin Lux apelaron el fallo adverso ante la Corte de Constitucionalidad (CC).
Sin embargo, García Contreras desistió del recurso legal y la CC aprobó tal extremo.
