La Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal aceptó la excusa de Wendy Yaneth Coloma, jueza duodécimo penal B, de no conocer el caso que se sigue en contra del exjuez Miguel Ángel Gálvez, y nombró a la jueza A de ese despacho, Sonia Carol Martínez Obregón.
El caso de Gálvez inició por una denuncia que la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) planteó en su contra, siendo todavía juez de Mayor Riesgo B.
De acuerdo con la organización, Gálvez habría utilizado la figura de “prisión provisional” en vez de prisión preventiva en varios de los casos que estuvieron a su cargo. La FCT argumentó que en la legislación guatemalteca no existe dicha figura.
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COLOMA SE EXCUSÓ POR TENER AMISTAD CON GÁLVEZ
La asignación del caso se realizó por medio de un sorteo. De esa cuenta, el Juzgado Duodécimo fue el elegido para conocer el proceso penal en febrero último.
No obstante, la jueza Coloma se excusó de conocer el caso derivado de que ella y Gálvez sostienen una relación de amistad, y por lo tanto “la imparcialidad del caso se podría ver afectada”, dijo.
Ambos se conocieron en la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI), un grupo de juzgadores que promueve la democratización e independencia de la justicia. Derivado de eso se inhibió de conocer el proceso que involucra a Gálvez.
JUEZA MARTÍNEZ FUE SEÑALADA DE SER PARCIAL
Ahora será la jueza Martínez Obregón quien establecerá el desarrollo del proceso y los requerimientos del Ministerio Público (MP), los cuales van desde citar al exjuez a declarar, así como varias medidas de coerción, como ordenar su arraigo y en última instancia su aprehensión.
A principios de abril, la activista Nanci Sinto, quien es sindicada por presuntamente realizar pintas en el Congreso, presentó una recusación en contra de la jueza Martínez Obregón al considerar que ha actuado de manera parcializada dentro del proceso penal que se sigue en su contra, por lo cual buscará que sea separada del caso.
Sinto señaló a la juzgadora de no ser imparcial, puesto que “de 15 pruebas presentadas (documentales, periciales, testigo y consultor técnico) solo se admitió al consultor técnico. Mientras que al MP de 56 pruebas presentadas, se le rechazó una sola, misma que ni siquiera fue refutada por mi defensa”.
EL CASO DE GÁLVEZ
En noviembre de 2022, Gálvez renunció a su cargo como juez de Mayor Riesgo B, luego de agotar las instancias para que no se le retirara la inmunidad y fuera investigado por el MP de María Consuelo Porras.
Gálvez es denunciado por los presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, prevaricato y detenciones ilegales con circunstancias agravantes en forma continuada.
Según la querella presentada por la FCT, el exjuez abusó de la figura de “prisión provisional” contra varios sindicados. Entre ellos, el expresidente Otto Pérez Molina, hoy sentenciado en el caso La Línea.
GÁLVEZ SOSTIENE QUE ES VÍCTIMA DE UNA PERSECUCIÓN
Gálvez se convirtió en el segundo juez de Mayor Riesgo de Guatemala que abandonó el país durante 2022, luego de presentar su renuncia a su cargo en el Organismo Judicial (OJ).
En marzo de ese año, la jueza Erika Aifán, quien tenía a su cargo procesos penales contra funcionarios públicos, decidió exiliarse en Estados Unidos.
Al menos 25 operadores de justicia de Guatemala, entre jueces y fiscales que conocieron casos de corrupción, han salido del país, luego de que el MP iniciara procesos penales en su contra por su labor, de acuerdo con registros de diversas organizaciones nacionales e internacionales.
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