El congreso chileno aprobó el miércoles un proyecto de ley para evitar que los policías sean procesados cuando usan sus armas, lo que podrán hacer ahora sin ser suspendidos de funciones en situaciones establecidas por un estatuto que definirá el gobierno del presidente, Gabriel Boric.
El proyecto surgió en la Cámara de diputados en medio de una crisis de inseguridad acentuada por el asesinato de dos policías en marzo, lo que derivó en un acuerdo entre el gobierno y el Congreso para acelerar la tramitación de iniciativas de seguridad policial.
El proyecto de ley incluye un controversial artículo sobre la “legítima defensa privilegiada”, cuya primera redacción fue cuestionada y después modificada antes de recibir la aprobación legislativa. Es una medida de protección para los policías que usen sus armas ante situaciones de riesgo inminente de vida personal o de terceros.
Pero su formulación original, que dividió a las dos coaliciones oficialistas, fue cuestionada por la ambigüedad con la que podía alegarse esa legítima defensa. Según afirmaron 80 académicos y abogados penalistas, quedaba bajo la subjetividad del policía.
La coalición de centroizquierda se posicionó en apoyo del artículo, mientras la izquierdista Apruebo Dignidad, más cercana a Boric, lo rechazó porque estimó que transgredía el respeto a los derechos humanos.
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Tras una modificación al mismo, negociada entre los senadores con el gobierno, el texto fue acogido en el Congreso con 87 votos a favor, 51 en contra y tres abstenciones. Como ya había pasado el filtro de aprobación por el Senado, quedó listo para ser promulgado.
El texto aprobado finalmente indica que “se presumirá legalmente” que concurren las circunstancias de legítima defensa cuando repele o impide agresiones que pueden afectarlos a ello o a otros. El proyecto será acompañado por un reglamento en el que se debe precisar a qué situaciones concretas pueden atenerse los policías para invocar la legítima defensa privilegiada.
Una vez que sea promulgada, la ley también se aplicará a los guardias de prisiones y a las Fuerzas Armadas que participan en labores de orden público, como las que desarrolla el Ejército en una región del sur y en otra del norte.
Hasta ahora, cada vez que agentes de la policía usaban sus armas estando en servicio eran investigados de inmediato judicialmente por el Ministerio Público y, a menudo, suspendidos de sus funciones sin sueldo.
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— Diario La Hora (@lahoragt) April 5, 2023
Tras la votación en el Congreso, la ministra del Interior, Carolina Tohá, reiteró que los policías necesitan un estatuto de mayor protección para que desarrollen su labor. El gobierno tiene previsto ingresar la próxima semana en el Congreso el reglamento especial con pautas claras de actuación.
El senador izquierdista Juan Ignacio Latorre anticipó que su sector, que incluye al Partido Comunista, analiza acudir al Tribunal Constitucional para impugnar algunos artículos, que no precisó.
