Después de 10 años de espera, finalmente el Juzgado Décimo Penal realiza la audiencia de etapa intermedia para definir si tres exdirectivos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y tres contratistas deben enfrentar juicio por la supuesta comisión de delitos de corrupción cometidos en tres hechos diferentes.
Hasta el momento, el juez Jimi Bremer escuchó la petición del Ministerio Público (MP) para enviar a juicio a las siguientes personas:
– José Javier Donis Álvarez, exgerente del IGSS, acusado de fraude y peculado por sustracción
– Oscar Armando García Muñoz, exgerente del IGSS, acusado de fraude y peculado por sustracción
– Dominga Estela Cuellar Hernández, exsubgerente de Integridad y Transparencia del IGSS, acusada de incumplimiento de deberes
– Rebeca Cordón, representante legal de la entidad Coral Gables Business Group S.A., acusada de fraude
– Carlos Ramiro Moino Cárdenas, representante legal de Supplies Trading S.A., acusado de fraude y defraudación tributaria
– Luis Alfredo Morales Palma, representante legal de Intellego S.C., acusado de fraude
Supuestamente, estos estarían implicados en tres hechos diferentes: la compra sobrevalorada de ambulancias, la adquisición de un sistema SAP y el arrendamiento de un edificio de forma sobrevalorada.
El primero de los hechos se refiere a la presunta adquisición de 50 ambulancias, las que, según la acusación del MP, fueron adquiridas por un valor unitario de Q880 mil, siendo estas sobrevaloradas, pues según las cotizaciones, habría ofertas del mismo tipo de vehículos con las mismas especificaciones requeridas a menor precio.
En el segundo de los procesos, se refiere a la compra del sistema de Solución Integral de Sistemas Informáticas (SAP), el cual fue adquirido a un precio de Q243 millones, sin justificar dicho valor, pues según el MP, el IGSS ya contaba con sistemas informáticos para el desarrollo de sus labores administrativas y médicas, incluidos los sistemas de contabilidad del Estado.
Por último, el arrendamiento de un edificio, así como su mantenimiento para uso de las oficinas centrales del IGSS, sin que el inmueble contara con los requisitos de habitabilidad necesarios. Dicho edificio pretendía ser rentado por USD 30 mil mensuales durante cinco años, bajo una contratación sin el cumplimiento de todos los requisitos.
De momento, el MP solicitó que estos fueran enviados a juicio por los delitos ya mencionados, mientras la defensa de los sindicados presentó sus argumentos, bajo los cuales solicitaron el cierre del caso a su favor, indicando que no hay pruebas suficientes que demuestren lo reprochado por la fiscalía.
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POSIBLE CIERRE DEL CASO
No obstante, previo a que Bremer decida si los seis acusados deben enfrentar juicio o no, el juzgador conocerá una serie de incidentes que podrían incluso cerrar el proceso antes de que continúe el proceso penal.
Según se indicó, entre los incidentes existen dos que pueden lograr que la persecución penal se cierre a 10 años de presentado el proceso. El primero es un recurso de falta de acción presentado por la defensa de los señalados, quienes indican que, luego de tanto tiempo sin que la fiscalía, que por lo menos durante la administración de Consuelo Porras, no avanzó en el procesamiento, era necesario cerrar el proceso al no tener ninguna petición concreta.
El segundo incidente es una petición de prejudicialidad, pues a decir de los acusados, el caso no debió seguir su curso por la vía penal, ya que se habrían saltado el paso de la vía administrativa, por lo que Bremer no estaría facultado para conocer el caso.
Este último es el recurso que podría dejar sin efecto el caso que comenzó a ser investigado en 2015, pero que fue presentado hasta 2016 por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), y que desde entonces no había avanzado en los juzgados sino hasta este año.
Se prevé que estas acciones se conozcan en una audiencia el próximo 10 de septiembre.
