El Ministerio Público (MP) confirmó una nueva orden de captura contra Mayra Yojana Véliz López, exsecretaria general del ente investigador, así como contra Rootman Estivens Alvarado, exsecretario de Política Criminal, en un caso al cual aún no ha revelado mayores detalles.
El ente investigador se limitó a explicar que las órdenes de aprehensión fueron giradas a solicitud de la Fiscalía de Asuntos Internos por el Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal, Narcoatividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala.
El MP confirma la orden de captura contra Rootman Estivens Pérez Alvarado y Mayra Yojana Veliz López. https://t.co/XP4FRdjKwe
— Diario La Hora (@lahoragt) March 13, 2023
LOS SUPUESTOS DELITOS
De acuerdo a la Fiscalía, el exsecretario de Política Criminal habría cometido los supuestos delitos de usurpación de funciones y tráfico de influencias, mientras que la exsecretaria general del MP es señalada por la supuesta comisión de los delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias.
MP SECUESTRA SUPUESTA EVIDENCIA
Por lo anterior, el ente investigador realizó, este lunes 13 de marzo, tres diligencias de allanamiento en las cuales detalló que logró secuestrar indicios útiles en la investigación y hechos que supuestamente se les atribuyen.
De acuerdo al jefe de Información y Prensa del MP, Juan Luis Pantaleón, la investigación está relacionada con la posible manipulación de un expediente mientras ocupaban dichos cargos dentro de la institución.
AÚN SIN CAPTURAS
Extraoficialmente, se dio a conocer que los sindicados aún no han sido capturados por autoridades, mientras que el hermano del exsecretario de Política Criminal aseguró que éste se presentaría en los próximos días.
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JUZGADO SOLICITÓ INVESTIGACIÓN A SOLICITUD DE FCT
En abril de 2017, el Juzgado Décimo de Instancia Penal, mismo que aceptó la orden de captura, solicitó a la entonces fiscal general del MP, Thelma Aldana, nombrar a un fiscal especial para investigar a Mayra Véliz y Rootman Pérez, a solicitud de la Fundación contra el Terrorismo (FCT), según una publicación de Ricardo Méndez Ruiz, presidente de dicha organización, de la fecha.
Según menciona la orden del presidente de la judicatura, Walter Oliver Villatoro Díaz, se dio para “garantizar la independencia en el ejercicio de la función”.
El documento publicado por Méndez-Ruiz sostiene que ambos habrían cometido los supuestos delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias, resoluciones violatorias a la constitución y obstaculización a la acción penal.
EL CASO
A criterio del presidente de FCT, los sindicados “de forma dolosa” giraron instrucciones ilegales a la agente fiscal Heidy Tamara de León Muñoz, a quien presionaron e intimidaron para que, sin contar con las evidencias suficientes, solicitara el antejuicio contra los magistrados de la Sala de Apelaciones de Femicidio y Otras Formas de Violencia.
“No conformes con ello, procedieron de manera ilegal a oficiar a la fiscalía de delitos administrativos, para que remitieran el proceso que tenían legítimamente asignado, a otra agencia fiscal, a efecto de inducir a error al agente fiscal y de esa forma concretar su plan delictivo de promover las diligencias de antejuicio en contra de los magistrados”, agregó Méndez-Ruiz en el escrito.
El denunciante también argumentó que los exfuncionarios del ente investigador sabían que no se contaba con los medios de prueba ni de investigación pertinentes para la solicitud de retiro de inmunidad.
Además, aseguró que al hacer un “análisis jurídico del proceso” se apreció que debido a que ocupaban altos cargos, era imposible que agentes fiscales asignados tengan las “suficiente independencia y objetividad” para investigarlos libremente por temor a ser sancionados, removidos o por posibles medidas de presión en su contra, por lo cual requirió un fiscal especial para investigar el caso.
