Virginia Laparra, exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Quetzaltenango, fue condenada a cuatro años de prisión conmutables por el delito de abuso de autoridad en forma continuada. Aunque la sentencia le permite salir de prisión por el referido pago, tiene otro proceso sin solventar, en el cual se dieron retrasos en el inicio de la audiencia de primera declaración.
El 19 de octubre pasado, la exfiscal, pese a estar acompañada por las guardias del Sistema Penitenciario (SP) que la trasladarían de regreso a la prisión, fue detenida por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que le indicaron que había una orden de captura en su contra. Ella estaba saliendo de una audiencia en la Torre de Tribunales.
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De esa cuenta, la profesional del derecho y exoperadora de justicia sumaba la segunda orden de aprehensión en su contra. El nuevo hecho que se le imputa es revelación de información confidencial, según la denuncia que contra ella planteó Lesther Castellanos, exjuez de Mayor Riesgo de Quetzaltenango y ahora relator contra la Tortura en Guatemala.
Castellanos había promovido también la primera denuncia, que derivó en un caso por el cual fue juzgada ante un Tribunal de Sentencia Penal y declarada culpable. Es decir que la misma persona denunció a Laparra dos veces.
La abogada Claudia González, defensora de la exfiscal, dijo que la intención era mantener a la procesada en prisión por cualquier medio posible. “Esto se hace cuando existe un peligro de fuga, pero Virginia se encuentra en prisión preventiva. Es lamentable cómo opera el MP”, expresó.
LA NUEVA DENUNCIA
Esta denuncia surgió el 4 de agosto de 2018, mientras se tramitaba un caso en el cual Laparra representaba al Ministerio Público (MP).
La audiencia quedó suspendida porque la exfuncionaria gestionaba una solicitud de “acuerdo de colaboración eficaz”. Hasta no solventar dicha diligencia, no podían avanzar con el proceso.
Ese mismo año, la entonces jefa de la FECI de Quetzaltenango denunció en cuatro ocasiones a Castellanos, lo cual causó una reacción inmediata en ese, quien buscó llevar a Laparra ante la justicia nacional.
Según González, “ahí es cuando Lesther dice que (Laparra) reveló información confidencial porque el caso estaba bajo reserva”.
SIN AVANCES EN DOS MESES
Este segundo proceso, a diferencia del ya resuelto, se dilucida en Quetzaltenango. “A la fecha, el MP no ha hecho ni una sola diligencia de investigación, para criminalizar a Virginia”, asegura la litigante.
Entre el 19 de octubre, cuando se le detuvo por segunda vez, y este lunes 19 de diciembre se cuentan dos meses en los cuales Laparra no ha rendido su primera declaración por el nuevo caso en el cual es señalada.
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La audiencia se encuentra pendiente de ser programada. “El problema es que en Xela son siete jueces pluripersonales, de los cuales cuatro ya no pueden conocer el caso porque se excusaron de llevarlo”, indica la defensora.
Asimismo, la jueza Carmen Acu Ramírez, fue recusada. Es decir, la defensa de Laparra presentó un recurso legal para separarla del caso porque “es amiga de Castellanos y podría ser parcial al momento de juzgarla”, explicó González.
O sea que son cinco los jueces que no pueden conocer el proceso y, por lo tanto, el caso sigue estancado.
Aunado a eso, la Sala de Apelaciones no resuelve quién será el nuevo juez encargado del caso, de los últimos dos que quedan.
“No me parece extraño que del 19 de octubre para acá la Sala no haya resuelto”, expresó González, puesto que en repetidas ocasiones ha mencionado la criminalización y ralentización del proceso contra Laparra.
JUICIO Y CONDENA
Laparra, en su función al frente de la FECI de Quetzaltenango, realizó investigaciones en contra de empresarios y funcionarios del Estado. Asegura que su caso fue parte de una venganza por su labor anticorrupción realizada en conjunto con la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
En el juicio al que fue sometida, se le señaló de haber presentado cuatro denuncias administrativas en contra de Castellanos sin contar con la facultad legal para hacerlo.
Laparra sostenía que el exjuez supuestamente había filtrado información de un caso bajo reserva a las partes procesales de este, específicamente al abogado Omar Barrios, con quien tiene una relación de amistad.
Los señalamientos en contra de Castellanos fueron presentados durante 2018 en la Junta de Disciplina Judicial (JDJ). Sin embargo, ninguno prosperó.
Después de esta situación, el exjuez presentó una denuncia en contra de Laparra por los supuestos delitos de abuso de autoridad y usurpación de atribuciones. La Fiscalía de Asuntos Internos desarrolló la investigación que sirvió como base del juicio y sentencia condenatoria que le fue impuesta.
La exfiscal podría cobrar su libertad al pagar una caución económica superior a los Q14 mil. No obstante, el segundo proceso derivado de una denuncia interpuesta por la persona que la llevó ante la justicia le imposibilita salir de la Brigada Militar Mariscal Zavala.
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SEÑALADA COMO PERSEGUIDA POLÍTICA
Organizaciones nacionales e internacionales indicaron que Laparra es víctima de una persecución política desde su detención.
La Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas (Oacnudh), Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua) y el Colegio de Abogados de EE. UU. (ABA, por sus siglas en inglés) acudieron como observadoras a las audiencias del caso.
