La extitular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Quetzaltenango, Virginia Laparra. Foto: La Hora / José Orozco

Luego que el Departamento de Estado de los Estados Unidos expresara su preocupación por la sentencia dictada en contra de la extitular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Quetzaltenango, Virginia Laparra, el gobierno de Guatemala respondió que en el país existe independencia judicial.

El pronunciamiento oficial fue hecho por la Embajada de Guatemala en el referido país del norte del continente.

Además, se indicó que la soberanía de los Estados y el principio de no injerencia en los asuntos internos de un país son esenciales en las relaciones bilaterales y multilaterales.

“La independencia del Poder Judicial en Guatemala asegura la resolución de los conflictos jurídicos en un Estado constitucional y democrático. El respeto a la soberanía de los Estados y la no injerencia en los asuntos internos de un país son esenciales en las relaciones bilaterales y multilaterales”, señaló la Embajada de Guatemala a través de Twitter.

 

Por medio de esa plataforma fue que el gobierno guatemalteco le respondió a Ned Price, portavoz del Departamento de Estado de EE. UU., quien después de la lectura del fallo dijo: “Estamos profundamente preocupados por la sentencia”.

PRONUNCIAMIENTO DE PRICE

En el pronunciamiento que fue emitido por Price se destacó que la condena que fue impuesta a Laparra es de 4 años de prisión conmutable, y que se deriva del trabajo que fue desarrollado por la exfiscal anticorrupción.

Aseguró que el enjuiciamiento selectivo de operadores de justicia y medios de comunicación socava el Estado de derecho, así como la democracia y la prosperidad en Guatemala.

CONDENAN A LAPARRA

El Tribunal Octavo de Sentencia Penal en modo unilateral, a cargo de la jueza Oly González, decidió el pasado viernes 16 de diciembre condenar a 4 años de prisión conmutables a la exfiscal por el delito de abuso de autoridad en forma continua.

Por lo que, para obtener la libertad Laparra deberá pagar Q10 diarios, equivalentes a Q14 mil 600, además, la judicatura inhabilitó a la exfiscal a optar por cargos públicos durante el tiempo de la condena.

La jueza argumentó que el acuerdo 6-16 de la FECI, con el que fue creada su filial en Quetzaltenango, no le daba la facultad de denunciar al exjuez Lesther Castellanos, actual relator contra la Tortura en Guatemala, además, habría interpuesto las denuncias con “dolo” pues fueron realizadas de manera premeditada.

 

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