Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, expresidente y exvicemandataria, fueron condenados a cumplir 16 años de prisión el pasado miércoles 7 de diciembre. Ellos dos y otras 17 personas fueron declaradas como culpables dentro del caso La Línea. Analistas consideran que es positiva la resolución, ya que fue dictada en medio de un sistema de justicia “completamente cooptado”.
El Tribunal de Mayor Riesgo B declaró la existencia y funcionamiento de una red criminal que defraudó el sistema aduanero del país entre 2012 y 2015. En total, el Ministerio Público (MP) acusó a 29 sospechosos, pero después de su análisis, la judicatura estimó absolver a 10 y sancionar a 19.
La investigación y acusación estuvo a cargo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en conjunto de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
El Tribunal, integrado por las juezas Jeannette Valdés, presidenta y Katty Sarceño y Marling González, vocales, durante más de 10 meses escuchó las declaraciones de testigos y peritos, y estudió las pruebas que el órgano encargado de la persecución penal mostró, así como la defensa.
Esa resolución deja la mesa servida para la apelación que ya preparan sus abogados, toda vez que si no hubo enriquecimiento ilícito, ¿para qué iban a asociarse para defraudar? #EditorialLH https://t.co/OLE8QKBjnE
— Diario La Hora (@lahoragt) December 8, 2022
Ante el veredicto en contra de los exfuncionarios, La Hora consultó con analistas que indicaron que el sistema de justicia del país está “altamente debilitado” y a pesar de no obtener la sentencia esperada, marca un precedente y toca seguir viendo el proceso y cómo buscarán apelar a la sentencia.
WONG: LA SENTENCIA MARCA UN PRECEDENTE
Para el politólogo y analista independiente Jorge Wong, es algo positivo que hayan dictado sentencia en contra de Pérez Molina y Baldetti “de la forma en que está el sistema jurídico actualmente en Guatemala”.
“Vemos que quienes tienen procesos penales abiertos salen con medida sustitutiva o sobreseídos (cuando se ordena el cierre del caso)”, mencionó en referencia a los eventos en que se ha beneficiado a exfuncionarios y a políticos de los distintos gobiernos.
Ante la condena impuesta para los dos exdignatarios expresó: “Considero que es un precedente correcto que se haya marcado la justicia de esa forma”.
Wong indicó que “es válido si presentan una apelación”, puesto que se encuentran en su derecho; sin embargo, apuntó que a quienes “hay que ver es a los juzgadores y lo que resuelvan”.
“Estoy seguro que el pueblo de Guatemala estará pendiente de esto. Ahora le toca a los ciudadanos cómo se va llevando el proceso y qué hacen”, indicó.
Por último dijo que “el sistema de justicia en Guatemala estaba cooptado y ahora está completamente cooptado”, asimismo, expresó que “los jueces, buenos o malos, entregan cuentas. Eso se verá más adelante”.
MARTÍNEZ: ARGUMENTOS DE LA JUEZA ES SU CARTA DE PRESENTACIÓN
José Manuel Martínez, de Alianza por las Reformas, externó que “la sentencia es parcialmente positiva” y consideró que la condena se debe “a la CICIG y a la antigua FECI, así como a quienes salieron a manifestar en 2015 para que renunciaran las autoridades de gobierno de ese entonces”.
También dijo que las condiciones actuales del sistema de justicia no permitían ver un fallo como el que se emitió.
“Esta sentencia se logra a pesar del MP y un sistema de justicia cooptado en su totalidad, entonces la sentencia se da gracias a que aún existe cierta presión y recato de las juezas de no ser descaradas”, aseguró.
La exgerente financiera de elPeriódico se acogió a la Ley de Aceptación de Cargos. Aquí lo que sucedió: https://t.co/u08lLnocix
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Además, coincidió con Wong en que se ha visto un favorecimiento hacia los acusados de corrupción y mencionó a algunos, entre ellos: el exjuez Mynor Moto, el exdiputado Estuardo Galdámez, el exministro Alejandro Sinibaldi y el excandidato presidencial Manuel Baldizón.
“Es lamentable que no hayan dictado una sentencia por el delito de enriquecimiento ilícito, porque las pruebas bastan”, dijo y aseguró que “era uno de los casos más sólidos” a pesar de la narrativa que manejó Baldetti y Pérez Molina en el juicio y en sus declaraciones a la prensa.
Sobre los señalamientos de la jueza, opinó que “se extralimitó, porque nada tiene que ver con la sentencia y el caso”.
“Yo creo que este tipo de argumentos falaces son cada vez más repetitivos y pareciera que lo usan como una carta de presentación. Su acreditación para hacer puntos y demostrarle al sistema que son afines”, analizó sobre la argumentación de Valdés.
ORTIZ: DEBERÁN DEMOSTRAR QUE HUBO ERROR EN LA APELACIÓN
Para el abogado constitucionalista Edgar Ortiz, el caso fue complejo desde su inicio, y lo ha sido hasta la etapa en la que se encuentra.
“Es un caso complejo con muchos imputados. Hay que destacar que es complejo por el tamaño de acusados y tamaño de la operación. Lo difícil para los fiscales es la evidencia que hay que recabar”, dijo.
Sobre el resultado de las condenas afirmó: “Demostrar que una estructura de cobro de sobornos, como la que se describió en la carpeta judicial, llegaba a los mandatarios, era difícil; sin embargo, lo lograron probar”.
Acerca de los detalles del caso, aseguró que se debe conocer el expediente para dar una opinión íntegra.
“No es un tema menor condenar a dos altos funcionarios. Uno como abogado no puede juzgar sin conocer bien el expediente, por lo que no podría pronunciarme por los pormenores”, expresó.
Sin embargo, explicó que queda pendiente determinar si se hará alguna apelación al fallo. “Yo creo que la apelación la van a hacer y tendrán que demostrar si hubo un error en la apreciación de las pruebas o un error en la aplicación de la ley”, apuntó.
JUEZA CRITICA FUERTEMENTE A LA CICIG
Según Valdés, el caso fue mediático por la vinculación de Pérez Molina y de Baldetti. Además, aseguró que la extinta CICIG fue responsable de acciones que riñen con la ley.
“Vamos a decir que el trabajo que hizo la CICIG fue deficiente. Ellos no son mejores que nosotros. No necesitábamos extranjeros que vinieran a hacer el trabajo que hicieron”, afirmó.
Asimismo, la jueza pidió a la fiscal general, María Consuelo Porras, más orden en la institución. “Tiene que haber mejores protocolos, desconocemos si hay, si ella los cambió, los procedimientos o qué prioridades había para dejar esto a medias”, dijo.
EL CASO
El caso La Línea fue el primero que revelaron la FECI y la extinta CICIG relacionado con actos de corrupción gubernamental. Se conocieron los hechos en abril de 2015.
En la pesquisa se reveló que las autoridades del gobierno del extinto Partido Patriota (PP) conformaron y lideraron una estructura de defraudación tributaria que causó daños al Estado por más de Q73 millones.
Todo esto desencadenó una ola de protestas ciudadanas que obligó a Baldetti y a Pérez Molina a dimitir en sus respectivos cargos.
Ahora a más de 7 años, el Tribunal los condenó por delitos de asociación ilícita y como cómplices de casos especiales de defraudación aduanera.
