Tres jueces que han estado a cargo de casos vinculados a la corrupción en el sistema en los que destacan políticos, empresarios, exfuncionarios, exmilitares, entre otros, ahora se enfrentan a la justicia por procesos de antejuicio. La Fundación contra el Terrorismo planteó el retiro de inmunidad de dos de los togados.
Entre los funcionarios judiciales que han resultado afectados figuran Erika Aifán, Miguel Ángel Gálvez y ahora el juez Carlos Ruano, quienes junto a organizaciones nacionales e internacionales han considerado que esas acciones representan una persecución política por su labor anticorrupción.
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ERIKA AIFÁN
El proceso contra la ex jueza del Juzgado de Mayor Riesgo “D”, Erika Lorena Aifán Dávila se originó por una denuncia promovida desde el Instituto de Magistrados de Cortes de Apelaciones del Organismo Judicial, el cual cuestionó su actuación en el proceso conocido como “Comisiones Paralelas 2020” .
De acuerdo a las declaraciones de Aifán, el constante hostigamiento, amenazas y persecución por parte del sistema de justicia y del Estado de Guatemala la obligaron a renunciar a su cargo y posteriormente exiliarse en Estados Unidos. “No existían las garantías para mi integridad física”, aseguró.
MIGUEL ÁNGEL GÁLVEZ
El titular del Juzgado de Mayor Riesgo “B”, Miguel Ángel Gálvez, fue denunciado por la Fundación contra el Terrorismo (FCT), luego de enviar a exmilitares a juicio por el caso Diario Militar. Asimismo, la CSJ dio trámite al proceso de retiro de inmunidad.
Según la denuncia presentada, Gálvez habría utilizado la figura de “prisión provisional” en varios de los casos que tuvo a su cargo y la FCT argumenta que dicha figura no existe en la legislación guatemalteca, por eso acusa al juez de abusar de su autoridad y mantener a personas detenidas de manera extensa.
El togado ha buscado frenar el proceso por medio de la Corte de Constitucionalidad, pero esta no ha resuelto las acciones planteadas.
El abogado de Gálvez, Herbert Pérez, presentó el 4 de noviembre ante el juez pesquisidor las pruebas de descargo por el proceso de antejuicio. El juzgador salió del país el viernes 4 de noviembre y aseguró que volverá.
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CARLOS RUANO
El juez vocal del Tribunal Noveno de Sentencia Penal, Carlos Ruano, fue notificado de una solicitud de retiro de antejuicio en su contra, la cual fue planteada por Ricardo Méndez Ruiz, presidente de FCT. El pedido lo realizó por la denuncia que el juzgador hizo en su momento contra la magistrada, Blanca Stalling.
Uno de los hechos denunciados indica que Ruano denunció a Stalling en la sede de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), cuatro meses y 13 días después de haber realizado la grabación de una plática que sostuvo con la magistrada, en la que presuntamente ella buscaba influir en una resolución a favor de su hijo, Otto Fernando Molina Stalling, señalado en el caso IGSS-Pisa.
Ruano afirmó que se le busca criminalizar por presentar una denuncia. “Ninguna persona podría denunciar después. Por solo ese hecho podría tener consecuencias”, aseveró.
LA FCT HA INTERPUESTO DENUNCIA EN CONTRA DE LOS TRES
Los tres jueces comparten una situación en común, fueron denunciados por la FCT, una organización dirigida por Ricardo Méndez Ruiz, sancionado en la Lista Engel de EE. UU., la cual señala actores corruptos y antidemocráticos.
De estas denuncias, Gálvez y Ruano se ven afectados hoy en día, puesto que la CSJ ha dado trámite para que se realicen las diligencias correspondientes.
Miembros de la organización se han expresado en contra de los operadores de justicia que realizaron sus funciones en el tiempo que operó la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), así como en el período en el cual Juan Francisco Sandoval dirigió la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).
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SOBRE EL ANTEJUICIO
El antejuicio es un trámite que se desarrolla de manera previa al inicio de una investigación en contra de los funcionarios que gozan de tal prerrogativa que les confiere esta garantía para no entorpecer el desarrollo de sus labores de manera espuria o ilegítima.
En el caso de los operadores de justicia referidos, les protege de señalamientos emitidos por los ciudadanos que fueron condenados en los casos que estos conocieron, así como de fiscales o abogados defensores que no aceptan un fallo adverso.
De esta forma la Corte Suprema de Justicia (CSJ) analiza si los argumentos de la denuncia poseen bases legales o no. Para los casos de los tres jueces antes mencionados dio luz verde al trámite que consiste en establecer si se les debe retirar el fuero para ser investigados.
MISIÓN INTERNACIONAL: INSTRUMENTALIZACIÓN DEL ANTEJUICIO
La Misión Internacional de Jueces que visitó recientemente el país se refirió a lo que consideran ataques a la independencia judicial en Guatemala. En un informe se resaltó el proceso de antejuicio en contra de operadores de justicia.
La jueza Adriana Orocú, representante de la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), aseguró que “lamentablemente hay una instrumentalización del antejuicio en Guatemala. Hay múltiples solicitudes de este en contra de funcionarios que investigan casos de alta monta”.
Asimismo, indicó que “están siendo solicitadas extinciones de dominio en contra de estas personas”, señaló Orocú y responsabilizó de estas solicitudes a la FTC.
La Fundación contra el Terrorismo presentó una solicitud de antejuicio contra Gálvez luego que este enviara a juicio a nueve implicados en el caso Diario Militar. Aquí más detalles👇🏻 #LaHoraDeActualizarnos https://t.co/laAy0qoI15
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