Juez Miguel Angel Galvez Foto: La Hora.

El magistrado Vocal I de la Sala Segunda de Corte Apelaciones del Ramo Penal, Roaldo Isaías Chávez Pérez, citó a Miguel Ángel Gálvez del Juzgado “B” de Mayor Riesgo para presentar sus pruebas de descargo el próximo 24 de agosto en un caso de antejuicio que promueve la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) en su contra luego de enviar a juicio a exmilitares señalados en el caso “Diario Militar”.

La cita según la carta enviada al Juez el viernes 5 de agosto, indica que se deberá presentar a las 11:00 horas en la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones “con el objeto de que se pronuncie sobre los hechos denunciados bajo los apercibimientos contenidos en el artículo 173 del Código Procesal Penal”.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió dar trámite a la solicitud de retiro de antejuicio promovida por el presidente de la FCT, Ricardo Méndez Ruiz, por varios delitos entre estos por prevaricato, la misma fue presentada luego que Gálvez enviara a juicio a nueve implicados en el caso Diario Militar.

CAMBIOS DE PESQUISIDOR

La CSJ designó a la magistrada Vocal II de la Sala Tercera de Apelaciones, Zonia Santizo, como jueza pesquisidora del proceso contra Gálvez, sin embargo, aduciendo tener amistad con el juzgador por unanimidad los magistrados aceptaron su excusa.

Posteriormente, la CSJ afirmó que el magistrado vocal I de la Sala Segunda de Apelaciones, Chávez Pérez quien tuvo a su cargo las diligencias de antejuicio contra Erika Aifán, también conocería el proceso contra el Juez Gálvez. Anteriormente se asignó como juez pesquisidor a Gustavo Dubón presidente de la Sala, sin embargo, por licencia otorgada por temas de salud, el caso pasó a la vocalía II, donde estaba Eduardo Galván temporalmente.

Recientemente, Chávez Pérez fue confirmado por el Organismo Judicial como juez pesquisidor en el caso. El magistrado es secretario de la Junta Directiva del Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial (IMCAOJ), institución que denunció a la exjueza Aifán por presuntamente autorizar “diligencias ilegales” en Comisiones Paralelas.

 

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