El derecho de antejuicio se establece como un instrumento de protección para impedir que mediante acusaciones maliciosas se pueda remover a algún funcionario y, para el efecto, se dispone que cualquier denuncia penal tenga que pasar el filtro de una revisión judicial, previa al juicio, para determinar si ha lugar o no a la formación de causa. El trámite puede ser desechado sin ninguna consideración o encomendarse a un juez pesquisidor que valorará las pruebas aportadas para determinar si son suficientes para el inicio de un juicio penal.
La institución, sin embargo, ha sido prostituida por completo en nuestro Sistema de Justicia que no valora pruebas, sino que decide simplemente desde la perspectiva de qué tan útil o aliado es el sindicado con quienes ejercen el poder. Si lo es, todo antejuicio es rechazado “in límine”, pero si se trata de alguien de la oposición, se da luz verde al proceso para iniciar las pesquisas. Así ha ocurrido en todos los estratos del poder y de manera muy particular al juzgar a diputados, mismos que no dependen de una certeza jurídica sino de su calificación como cercanos o alejados al centro del poder.
Obviamente hay mucho en la legislación nacional que deberá cambiarse cuando el pueblo entienda el marasmo legal en que nos ha metido la Dictadura de la Corrupción. El derecho de antejuicio deberá ser uno de los que la nueva estructura constitucional del país tendrá que considerar porque las leyes tienen que ser parejas y no deben quedar fisuras que puedan ser aprovechadas por una justicia manipulada para utilizarlas de manera selectiva, como está ocurriendo ahora con el antejuicio.
En muchos países del mundo, con buenos Sistemas de Justicia, no existe la inmunidad ni el derecho de antejuicio y los funcionarios son responsables de sus actos, más allá de la posición que ocupan o de su importancia o peso político. Los procesos que se inician por denuncias en su contra siguen su rumbo normal y, salvo casos graves y de flagrancia, el funcionario sigue en su puesto, pudiendo ejercitar su defensa legal como cualquier ciudadano.
En nuestro país se establece como una previsión para impedir denuncias infundadas y maliciosas que únicamente persiguen despojar de su investidura a un funcionario, lo cual resulta innecesario cuando hay una administración efectiva e imparcial de la justicia que no está al servicio de ningún bando político. Si eso ocurre, una denuncia sin fundamento simplemente será desechada, como corresponde, sin necesidad de todo ese manoseo que ahora hacen las altas cortes para proteger y garantizar impunidad a los corruptos.
