El presidente Alejandro Giammattei decretó Estado de Calamidad por los siguientes 30 días para responder a las emergencias provocadas por el paso de la tormenta Julia. Este martes entró en vigencia tras ser publicado en el Diario Oficial y el Congreso de la República ratificó la medida de urgencia nacional.
El objetivo, según el Ejecutivo, es atender los daños ocasionados por Julia, limitar el libre derecho a la locomoción, evacuar las áreas afectadas, así como la adquisición, contratación de bienes y servicios, contrataciones para preinversión, ejecución y supervisión de trabajos para el cumplimiento del decreto.
Para analistas esta medida es una ventaja para el oficialismo porque anteriormente ha sido utilizada para beneficiar aliados y enriquecimiento ilícito.
Aníbal Rojas expresó “no necesita la ratificación del presidente porque el Congreso ratifica lo que el Ejecutivo envía”. Infórmate aquí 👇 https://t.co/wL1PKMcF73
— Diario La Hora (@lahoragt) October 12, 2022
GIAMMATTEI TITUBEÓ CON MEDIDA
Giammattei declaró el pasado domingo en la conferencia de prensa por el ciclón Julia: “No podemos anticipar un Estado de Calamidad, no se puede, el Estado de Calamidad es porque hay daños hasta el momento los daños son pocos… Si hay necesidad de pedir la puesta en vigencia de un Estado de Calamidad tendrá que ser por consecuencia de los resultados de los daños ocasionados”.
Sin embargo, el lunes antes de las 11:00 de la mañana, el presidente decretó la medida tras una reunión del Consejo de Ministros.
Según un informe reciente de la Coordinadora, suman al menos 580,898 personas afectadas por Julia que ingresó como tormenta, se degradó a depresión y finalmente como remanente en su paso por el país. Los departamentos más afectados son Izabal, Alta Verapaz, Huehuetenango, Quiché, Petén, Zacapa y Suchitepéquez.
De acuerdo con la entidad desde el ingreso de Julia se han registrado 342 incidentes, de los cuales han dejado 13 víctimas mortales, 11 personas heridas y 5 continúan desaparecidas.
QUEZADA: SE HA VISTO QUE ES UNA FUENTE DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
Francisco Quezada del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), manifestó que en casos anteriores el Estado de Calamidad “se ha visto que es una fuente de abuso y de enriquecimiento ilícito” ya que representa una gran ventaja para ejecutar el presupuesto.
Considera que el estado de excepción es el instrumento que exonera “la utilización de ley de contrataciones del Estado, esa es la única justificación que puede haber en decretarlo” y señaló que las demás medidas que se emitieron no eran necesarias.
MARTÍNEZ: LAS TRAGEDIAS SON OPORTUNIDADES DE CORRUPCIÓN PARA EL GOBIERNO
José Manuel Martínez de Alianza por las Reformas concordó en que la medida carece de legitimidad y que “las tragedias para la población son oportunidades de corrupción para el gobierno”.
Señaló que con los estados declarados con la pandemia y las tormentas Eta e Iota se ha evidenciado que estas medidas son “para beneficiar a contratistas con los que el gobierno tiene compromiso y la gente no lo ve reflejado en infraestructura ayuda directa y apoyo para poder enfrentar desastres”.
Además, indicó que lo que se necesita es ejecutar el presupuesto con el que se cuenta ya que “pareciera que fue aprobado para campañas políticas y bancadas aliadas” del próximo año electoral.
SAMAYOA: NO HABRÍA NECESIDAD DE ESTADOS DE CALAMIDAD SI SE TUVIERA PREVENCIÓN
El experto Oswaldo Samayoa explicó que no habría necesidad de estados de calamidad si se promoviera la prevención necesaria para estas emergencias que afectan constantemente a Guatemala por la posición geográfica.
Señaló que la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad debería ser civil, tecnológica y preventiva, pero sigue siendo reactiva y militarizada, lo que no permite tener las acciones necesarias para prevenir desastres.
“Este sigue siendo militarizado y reactivo, debería ser civil, tecnológico y preventivo, así podríamos hablar de no necesitar de estados de calamidad”, declaró.
ESTADOS DE CALAMIDAD
Los estados de calamidad no son algo nuevo en la administración de Alejandro Giammattei y de los demás gobiernos. Estos en varias ocasiones, como bien mencionan los analistas, se han usado para beneficiar a otras personas más que a los afectados por alguna emergencia.
Por ejemplo, la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), revelaron en 2019 el caso Asalto al Ministerio de Salud en el cual detectaron varias modalidades utilizadas por autoridades de la cartera, diputados y personas vinculadas a ellos para sustraer fondos públicos, una de estas, la adjudicación de eventos de licitación aprovechando el Estado de Calamidad decretado por el terremoto ocurrido en San Marcos en 2012 y que afectó otras regiones aledañas.
