Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa y Julia Rivera, han rechazado decenas de amparos que buscaban revertir el segundo fraude electoral de Walter Mazariegos, con el que pretende mantenerse al frente de la rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) durante un nuevo período de cuatro años.
Analistas consultados por La Hora calificaron como «lamentables» y «grotescas» las resoluciones emitidas por la alta Corte, al considerar que evidencian contradicciones, arbitrariedades y un doble estándar en la aplicación de sus criterios.
Asimismo, señalaron que la máxima instancia constitucional protege a Mazariegos al evitar pronunciarse sobre el fondo de los señalamientos relacionados con las irregularidades en el proceso de elección e integración del Cuerpo Electoral Universitario encargado de designar al rector. En contraste, sostuvieron que las acciones son rechazadas por aspectos meramente formales.
Además, remarcaron que existía la expectativa de que la nueva integración de la Corte marcara un cambio en sus criterios y resoluciones. Sin embargo, consideraron que los recientes fallos sobre el fraude en la Usac constituyen un precedente respecto de la forma en que la justicia constitucional será impartida durante los próximos años.
DUDAN DEL NOMBRAMIENTO DE MAGISTRADA
El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Luis Fernández Molina, afirmó que el caso tiene una peculiaridad, pues esto se está colocando en «una vitrina luminosa» y a la vista de toda la ciudadanía, por lo que marcará «el derrotero y la integración de la alta Corte».
El abogado Fernández Molina resaltó que en 2021, se impugnó el nombramiento de Gloria Porras como magistrada de la CC a través de la presentación de un amparo en forma directa, con lo cual, los magistrados revocaron dicho nombramiento.
“Ahora, en un escenario prácticamente idéntico la CC dice que no cumplió con el trámite administrativo inferior. El nivel más bajo debió, según el criterio de la CC, tramitar antes y ante la negativa final de esa instancia inferior, entonces apelar ante la CC”, indicó Fernández Molina.
En línea de lo anterior, remarcó que la máxima Corte tomó dos criterios completamente diferentes, a pesar que dos togados de la anterior corte continúan en la actual magistratura.
Al mismo tiempo, señaló que la legitimidad de los amparistas es un criterio demasiado “elástico y subjetivo”. Según Fernández Molina, aunque existen resoluciones que generan dudas sobre la legitimidad de quienes presentan determinados amparos, el criterio es que la acción de amparo es una herramienta protectora y garantista, por lo que, no se puede limitar a quién lo plantea, es decir la legitimación activa.
También cuestionó la orden de la CC dirigida al Juzgado Décimo Quinto Civil para que diera por finalizado el trámite del amparo, ya que la acción constitucional había concluido con anterioridad.
En el caso de la acción conocida en el Juzgado Décimo Primero Civil, explicó que debió haber continuado según lo establece la Ley de Amparo, y cuando finalizara, se debía conocer de nuevo en apelación y tomar una decisión.
Para Fernández Molina, la decisión de la CC es lamentable, puesto a que se está minando el sistema jurídico legalista formal de Guatemala que afecta toda inversión, credibilidad y la consolidación de un Estado.
A su vez, afirmó que es lamentable, porque la Usac es la única oportunidad que tienen muchos sectores de la población de mejorar su situación personal y académica.
Por último, remarcó que en un sistema ordenado, consolidado y congruente se debe de revisar la elección de Julia Rivera, quien fue nombrada por el CSU, porque la propia CC ordenó que se renovaran los cargos en el Consejo.
“¿Por qué no se cumplió? Ahí el MP hasta debería investigar. Y regresamos al punto de esa elección y efectivamente estaría en duda el nombramiento de la magistrada Julia Rivera”, concluyó.
ORELLANA ASEGURA QUE ES GROTESCO
El abogado Ovidio Orellana calificó como “grotesco” la forma en la que la CC suspendió el amparo del CANG precisamente por la falta oportunidad de un amparo provisional.
“Y lo peor avalan campantemente esa decisión de suspensión, porque el amparo se quedó sin materia, cuando ello fue por culpa del tribunal constitucional, pudiendo en sentencia revertir una decisión ya tomada, pero que en la decisión dicen que no lo pueden hacer, lo cual es contrario, a los casos de procedencia en el amparo”, agregó.
Asimismo, calificó como totalmente lamentable que a los magistrados les falte un mayor conocimiento del derecho constitucional.
Orellana también sostuvo que la decisión de suspender uno de los amparos por falta de legitimación activa fue un acto arbitrario, toda vez que la persona sí estaba legitimada para poder accionar legalmente.
“Y el amparo que suspenden por falta de definitividad, lo hacen fuera del momento procesal que corresponde”, agregó.
HIDALGO DUDA DEL DESEMPEÑO DE LA CC
El director del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (INCEP), Rubén Hidalgo, sostuvo que la formación de la nueva CC generó mucha expectativa sobre la reconducción y reencauzamiento que podía tener el ordenamiento jurídico por medio de la vía constitucional, pero en la últimas semanas ha prevalecido la preocupación por las resoluciones y borradores de resoluciones de los magistrados que allanan la relección de Mazariegos.
Hidalgo remarcó que, en contraste, durante el último año se ha evidenciado que el proceso de elección de Mazariegos ha estado marcado por múltiples cuestionamientos sobre su legalidad, incluidos los procesos de elección interna, la votación de electores y la integración del Cuerpo Electoral Universitario.
A criterio de Hidalgo, se esperaba que la resolución de la alta Corte fuera contundente en cuanto a rescatar la institucionalidad y el debido proceso de la elección, pero ello no ocurrió y tampoco las resoluciones han sido lo suficientemente sólidas o robustas en cuanto a las explicaciones.
Según Hidalgo, las recientes resoluciones de la CC deja dudas sobre el desempeño actual y futuro de la CC, lo que significará que, de pronto, no responda o atendida a preservar o salvaguardar los mandatos constitucionales y el Estado de derecho en Guatemala, pero sí compromisos particulares y sectoriales.
Asimismo, señaló que un fallo contra Mazariegos pondría en evidencia diferencias dentro del equipo que defiende al rector de la Usac, pues dejaría sin respaldo la postura de la representante del CSU ante la CC. Sin embargo, remarcó que ello sería especular.
Lo anterior, debido a que se percibe una “triada” fuerte que se ha comprometido a preservar y cuidar cualquier riesgo contra la reelección de Mazariegos, aunque esta de defensa no esté clara sobre las motivaciones y los fundamentos legales para mantenerlo en la rectoría.
ROSAL ASEGURA QUE ES UN MAL PRESAGIO
Asimismo, el analista independiente Renzo Rosal remarcó que se trata de un mal precedente, tomando en cuenta la cuestionada e ineficiente magistratura anterior, y debido a que existía la expectativa de que la nueva integración de la CC trajera nuevos aires de objetividad, autonomía y criterio.
“Lo que estamos conociendo desde el inicio de esta magistratura es todo lo contrario. El caso de la Usac, el caso de blindar (y) proteger a Mazariegos es como una evidencia contundente al respecto”, indicó.
De acuerdo a Rosal, la decisión es un mal presagio debido a que la dinámica en la CC de aquí en adelante estará marcada por una mayoría de votos que servirán como escudo protector a diversos factores, ya que hoy salvaron a Mazariegos, pero mañana puede ser un candidato en las próximas elecciones y pasado mañana un criminal o narcotraficante.
Según explicó, Mazariegos y su equipo han cometido una violación flagrante al tener una correlación totalmente anónamala en el CSU y cometer las irregularidades en la integración del Cuerpo Electoral Universitario que elige rector, lo cual estructuró de manera más proporcionada y evidente.
Rosal remarcó que los tres magistrados de la CC están jugando a blindar a Mazariegos, lo cual deja mal parada a la alta Corte, una institución que ya arrastraba una serie de cuestionamientos.
A su vez, remarcó que la CC está asumiendo el rol persecutorio y antiinstitucional que, a su criterio, caracterizó a la gestión de Consuelo Porras al frente del Ministerio Público (MP). En ese sentido, señaló que con el cambio de Fiscalía General, la alta Corte se convirtió en la institución que reemplaza al ente investigador anterior, al actuar no solo con resoluciones cuestionables, sino, principalmente, en defensa de actores pro impunidad.
“Siempre la cuestión de me proteges, yo te protejo. La magistrada Julia Rivera fue designada por el CSU para defender a Mazariegos, como prioridad clave, entonces ella no está apegada a su mandato legal o constitucional, sino a su mandato político criminal, porque está defendiendo causas criminales”, agregó Rosal, quien advirtió que si los magistrados utilizan la Corte para defender causas particulares, Guatemala se encuentra ante un escenario sumamente adverso.
URIZAR CALIFICA RESOLUCIONES DESCARADAS
De la misma manera, el abogado Javier Urizar remarcó que, a su criterio, la mayoría de decisiones de la alta Corte responden a su propio criterio y conveniencia, llegando incluso a ignorar su propia jurisprudencia, así como criterios legales, principios y razonamientos jurídicos que deberían orientar sus resoluciones.
Según Urizar, la CC busca mantener a Mazariegos en el cargo y al mismo tiempo defender su propia legitimidad, con un criterio abstracto, ya que no llegan a discutir sobre si la elección fue legal o no, sino que se enfocan en el procedimiento.
“Es una forma de no meterse porque sería indefendible lo que pasó con Mazariegos, si lo tuvieran que analizar en sentencia. Entonces se van con esto de agotar los procedimientos”, indicó.
Al mismo tiempo, remarcó que el razonamiento de los amparos también es una cuestión de urgencia que no admite demora en ciertos casos.
Agregó que, en este tipo de situaciones, en las que se permite que una autoridad electa de manera completamente ilegítima se mantenga en la rectoría, el proceso difícilmente podría resolverse de otra forma una vez se agoten los recursos ordinarios que actualmente están exigiendo. “Considero que sí está actuando mal (la CC)”, recalcó.
Urizar remarcó que claramente, Julia Rivera no debió de haber participado en la resolución, ya que es un “descaro”. “Y lo hizo porque no hay quien le diga que no”, afirmó.
El abogado remarcó que con la decisión comprometen la magistratura, ya que cada vez están siendo más evidentes de lo poco que les importa el Estado de derecho y la ley. “Es un descaro político, o son resoluciones políticamente descaradas”, agregó.
ORTÍZ VE UN DOBLE ESTÁNDAR
Al respecto, el abogado Edgar Ortíz compartió un vídeo en el que remarcó que la CC protegió a Mazariegos, pero más allá de ello, a la población le debe preocupar que la única universidad pública, que recibe un 5% del presupuesto, así como el rol de la alta Corte.
“Porque lo que nos está demostrando la corte constitucional es que está aplicando un doble estándar. Dicho de forma sencilla, ayer dijo una cosa y hoy dice otra”, indicó Ortíz, quien recalcó es de relevancia la forma en que la actual CC ha protegido la elección anómala del rector de la Usac.
Según indicó la CC está diciendo que no van a escuchar a las peticiones de las partes porque no reúnen los requisitos de definitividad, que en pocas palabras, significa que el Tribunal constitucional dice que: “no va entrar a conocer estas peticiones porque los interesados, o sea, los electores que no fueron acreditados en esa elección, deben agotar la vía administrativa”.
“Dicho de forma simple, al amparo solo se puede ir, dice la Corte, cuando ya se agotaron las vías disponibles para cuestionar los actos que se consideran ilegales y según la corte los interesados tenían que haber ido a la vía administrativa primero”, indicó.
De cuadro a Ortíz, la vía administrativa puede tardar años e incluso se puede resolver una vez haya cambio de rector, por lo cual se trata de un recurso ineficaz.
El profesional del derecho también destacó el caso sobre el nombramiento de Gloria Porras, cuando la CC aceptó una petición de amparo y le dio la razón a los interesados.
“Si bien es cierto, en el 2021 se había cuestionado por la vía administrativa la elección de Gloria Porras, que ese recurso no era eficaz porque iba a tomar mucho tiempo y para que fuera un recurso efectivo era mejor entrar a conocer el amparo”, indicó Ortíz, quien remarcó que en esta ocasión se está decidiendo lo contrario, a pesar de que eran los mismos magistrados.
Ortíz sostuvo que la función de las cortes es dar certeza jurídica. El abogado agregó que no se trata de una crítica personal contra ningún magistrado, sino que es una crítica honesta de un abogado ciudadano que tiene el derecho a cuestionar sobre las resoluciones de las cortes.
QUEZADA DEFIENDE QUE SE EVITEN ERRORES
Asimismo, el analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), Francisco Quezada, explicó que no ha revisado los procesos enteros, pero los fallos de la alta Corte están muy ajustados a disposiciones constitucionales y la ley de amparo en el sentido de que fueron técnicamente mal interpuesto, por lo que no tenía ninguna capacidad de corregirlos.
«Sería atroz si la Corte los corrige. Entonces en la Corte, no le queda otra que por inconsistencia técnica tenerlos que rechazar. Así le guste o no le gusta a quien está detrás de una difamación sin haber leído el contenido de la sentencia de amparo», agregó.
Según Quezada, si la Corte quisiera enmendar los errores y convertirse en un ratificador social estaríamos ante una magistratura de «un orden dictatorial».
