Luis Fernandez Molina
Coincido con el columnista y amigo, Luis Figueroa, en que “no necesitamos resultados veloces y electrónicos, sino resultados confiables, transparentes, que respeten la voluntad de los electores.” Por muy tecnificado que pretenda ser, el proceso electoral arranca desde un punto elemental, rudimentario, manual. Me refiero a los listados de cada mesa en la que las papeletas se van abriendo, una por una, frente a todos los fiscales de los partidos; luego se acumulan en “torres” según sean los votos y a continuación se levanta el acta respectiva que es signada por todos los miembros de dicha mesa. Claro, cada uno de ellos con celular en mano le toma foto a dicha acta, sin perjuicio de la certificación oficial. Hasta aquí es muy difícil que opere “mano de mico”. Cada acta viene a ser un ladrillo en ese edificio electoral cuyos resultados deben ser un ejercicio de matemática simple: determinar los votos en cada circuito, municipio, departamento y luego sumarlos para obtener el consolidado nacional.
Este sistema ha venido funcionando de manera aceptable. No de forma perfecta pero los resultados finales han sido aceptados por todos los aspirantes al favor popular. Cierto, se escuchaban quejas en algunas mesas, discordancias en la identificación de algunos votantes, etc. hasta acciones violentas como quema de urnas o bloqueos. Pero con todo el sistema ha funcionado y los resultados, aún no oficiales, se iban proporcionando en el transcurso de la noche hasta primeras horas del día siguiente de la elección. El software utilizado en la elección de 2019 y en la consulta respecto de Belice funcionó bien. ¿Hará falta gastar 600 millones de quetzales en un nuevo sistema?
Por eso llama la atención que a menos de cuatro meses de la convocatoria a elecciones el Tribunal Supremo Electoral (TSE) pretenda adquirir una nueva tecnología, hasta de “reconocimiento facial”. ¿Por qué no trabajaron en esa iniciativa hace dos años? ¿Por qué tanta celeridad a último momento? ¿Cuál es la verdadera razón de implementar un nuevo software? ¿Cuáles eran las falencias del que se usó en 2019? Pero la lista de preguntas se extiende mucho más. ¿Por qué tanta oscuridad en los procesos de licitación? Después de todo es un asunto público de interés toral para nuestra democracia. Si se va a aplicar un reconocimiento biométrico ¿dónde está la base de datos de los 17 millones y tantos de guatemaltecos? ¿Habrá tiempo en estos cuatro meses para que todos pasemos por el escaneo y queden registradas nuestras medidas físicas?
Para los efectos de la supuesta licitación se habilitaron 8 días para presentar ofertas. ¿Ocho días? En tecnología de punta son muchísimos los aspectos a considerar así como las consultas que potenciales oferentes hacen al ente que promueve la licitación. Muy difícil que en tan poco tiempo los potenciales oferentes hayan podido armonizar toda la estructura técnica de una oferta sólida (salvo alguna “ayudadita”). Por otra parte, se habló al principio de una cotización inicial por Q310 millones, pero el dato final fue de Q610. ¿Por qué el cambio? En todo caso por qué no permitir que el mercado fijara el justo valor del producto por medio de un proceso transparente de licitación. Un proceso en el que participaran entidades que operan en Guatemala o que tiene acreditaciones de años atrás y no una que recién se inscribió el 6 de junio pasado. Una sucursal de una empresa radicada en Islas Vírgenes. ¡Vaya respaldo!
Pero más allá del reclamo por la transparencia del proceso de compra está la duda ¿por qué el interés de cambiar los procedimientos a menos de 4 meses de la convocatoria a elecciones? ¿Qué logaritmos se esconden detrás de esa iniciativa?
