Samuel Flores
Recientemente el ministro de Finanzas Álvaro González Ricci reconoció –en una entrevista concedida a Emisoras Unidas-, que en 2022 los Consejos de Desarrollo y las 340 municipalidades del país recibirán unos Q1,500 millones más en ampliaciones presupuestarias producto de una mayor recaudación. Estos incrementos a esos “situados constitucionales” generan sospecha porque son recursos que serán asignados a los alcaldes en año preelectoral.
El anuncio del ministro del Tesoro contrasta con informes de prensa que dan cuenta que el Hospital Nacional Especializado de Villa Nueva, Hospital Regional de Zacapa, el Hospital Nacional de Amatitlán, sufrieron reducciones significativas. Mientras que al Hospital General San Juan de Dios, y Hospital Roosevelt, se les recortó más de dos millones de quetzales de su presupuesto (a cada uno). Hasta agosto de 2022, más de Q15 millones fueron recortados a los nosocomios referidos.
Por su parte, el Instituto por la Democracia, ID, de CONGCOOP, informó que al 12 de julio de 2022, el presupuesto vigente del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, MSPAS, identificó un recorte por Q100 millones, para un presupuesto vigente de Q12,643.72 millones. Con ese recorte la institución alcanzaba un 41.08% de ejecución (unos Q5,193.78 millones). Además, a una deficiente ejecución presupuestaria, se suman los traslados de recursos entre los diferentes programas, con un notorio y marcado desabastecimiento de insumos y medicamentos necesarios para atender la demanda de la población guatemalteca. Los directores de esos nosocomios solicitan una ampliación presupuestaria para atender a la población durante el último trimestre del año en curso.
Por aparte, el ID, en su análisis de monitoreo a la Ejecución Presupuestaria del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA, añade que de los Q1,474.40 millones vigentes ha ejecutado un 44.73%, al 25 de julio de 2022.
Esos recursos son insuficientes para apoyar y atender a 1.2 millones de agricultores en el país; y siendo la institución encargada de la soberanía, seguridad alimentaria y nutricional, la mayor parte de esos recursos se concentran en programas asistencialistas -en época preelectoral- tales como: entrega de 101,963 raciones de alimentos; 33,904 seguros agrícolas, dejando de atender a más de 180,000 afectados por fenómenos climáticos que continúan en riesgo latente.
Las familias campesinas afectadas por la crisis económica -principalmente la población que vive en pobreza y extrema pobreza en el área rural de 14 departamentos-, afrontan pérdidas generadas por las constantes lluvias de junio, con daños en cultivos de maíz, frijol, verduras, hortalizas. El MAGA reportó 5,894 familias damnificadas.
Por su parte, el ministro del Tesoro González Ricci reconoció en una entrevista concedida a Emisoras Unidas, que a principios de julio de 2022, la ejecución presupuestaria del ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, CIV; alcanzó un 35%, mejorará en los próximos meses. Lo mismo ocurrirá con la ejecución presupuestaria del Ministerio de Energía y Minas, MEM, porque en el último trimestre del año en curso se habrán ejecutado los subsidios al gas propano, combustibles y energía eléctrica.
