Con el propósito de apoyar a personas individuales o jurídicas con problemas financieros, el Ministerio de Economía (Mineco) y el Organismo Judicial (OJ) firmaron este lunes 5 de septiembre un convenio de cooperación interinstitucional para atender las demandas en el marco de la Ley de Insolvencia.
Esta normativa está contenida en el Decreto 8-2022, y tiene por objeto ayudar a las personas individuales o jurídicas que por no poder cumplir con sus obligaciones financieras corren el riesgo de perder sus empresas o bienes.
#PresidenteOJ Silvia Patricia Valdés Quezada y Magistrado Manuel Duarte Barrera, Presidente de Cámara Civil parciparon en la Firma de Convenio en el marco de Cooperación Interinstitucional entre el Organismo Judicial y el @MINECOGT. pic.twitter.com/Dg5wz6vtTz
— Organismo Judicial (@OJGuatemala) September 5, 2022
FORTALECIMIENTO DEL OJ
Durante la firma del convenio, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Silvia Valdés, indicó que para esta institución es valioso establecer estos vínculos interinstitucionales porque permite fortalecer las operaciones, a través de proporcionar a sus funcionarios judiciales los conocimientos y procedimientos implementados en la nueva ley.
Agregó que la función esencial del OJ es servir a la población, por lo cual se comprometen a brindar constante capacitación para formar a los administradores de justicia sobre los tópicos específicos relacionados con la Ley de Insolvencia.
“Esperemos que esta ley agilice todo el procedimiento y sobre todo que traiga beneficios para la economía del país porque cuando los procesos son complicados, las empresas no quieren invertir”, agregó la funcionaria.
#PresidenteOJ declaró “Nos adherimos al interés de capacitar a nuestros colaboradores en los diversos ámbitos que corresponden al @MINECOGT y que competen también a la administración de justicia y de forma más específica, en lo contenido en la Ley". pic.twitter.com/g9oxkrQZIC
— Organismo Judicial (@OJGuatemala) September 5, 2022
SOBRE LA LEY
La Ley de Insolvencia fue aprobada en febrero por el Congreso de la República, en su momento, el Mineco indicó que gracias a la normativa ahora las empresas o personas individuales que enfrentan problemas financieros tendrán una opción para sanear sus economías y se reducirán los riesgos para el sector financiero al tener la posibilidad de visualizar el proceso de recuperación.
Los beneficios de la Ley se pueden observar para deudores y acreedores. Los primeros tienen mayor posibilidad de limpiar su récord crediticio a través de este mecanismo, pues con anterioridad las empresas o personas con problemas financieros podrían pasar hasta una década para borrar este registro negativo y empezar de nuevo, se explicó.
El Decreto 58-2019 marca como fecha límite el 2 de mayo de 2023 para que todos los municipios cuenten con plantas de tratamiento. Entérate aquí 👇🏼 https://t.co/72Wm5C6HIs
— Diario La Hora (@lahoragt) September 5, 2022
