Walter Juárez Estrada
En la Constitución, no hay ninguna norma, ni ley específica, que norme que a los funcionarios elegidos o por nombramiento y alcaldes de las 340 corporaciones municipales, se les otorgue una indemnización millonaria, cuando dejan el cargo. Ha sido costumbre que colisiona con la Carta Magna, que los magistrados de las Corte de Constitucionalidad, Suprema de justicia, Salas de Apelaciones, Tribunal Supremo Electoral, se autoindenmicen con sumas de varios millones con la complacencia y tolerancia de la Contraloría General de Cuentas, que está obligada a hacer las denuncias y reparaciones para exigir a esos funcionarios que devuelvan los fondos al erario público.
El caso de la indemnización a funcionarios se ha puesto en primera plana, luego que el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, fue citado en la comisión del Congreso y el diputado Álvaro Arzú Escobar, le lanzó la pegunta si él iba a pedir que se e indemnizara como ha sido costumbre con sus antecesores. El magistrado de consciencia respondía irritado que no lo había considerado, pero manifestó que sus antecesores se han embolsado varios miles de indemnización.
La ley, especial, en el Código de Trabajo regula que un funcionario o empleado, cualquiera que sea su rango, tiene el derecho a recibir una cantidad de dinero, si ha sido agraviado o despedido sin causa que lo justifique. Es decir, se debe reparar el daño, salvo que el pretendiente en el ejercicio de su cargo, haya cometido falta o delito no tiene por supuesto ningún derecho para reparar el perjuicio por su remoción.
Pero desgraciadamente en Guatemala ha sido costumbre esos beneficios. Se debe saber que esos funcionarios devengan salarios que rebasan la capacidad del presupuesto. Los magistrados de la CSJ tienen un salario superior a los Q80,000.00 además viáticos y muchas prebendas como el hecho que restaurantes de primera línea, en la hora del almuerzo les sirven exquisitas viandas. En el caso de esos jueces han prolongado sus funciones más allá de los 5 años, hecho que se considera nefasto y que ha sentado un mal precedente en la administración de justicia, pues el 13 de octubre entrante cumplen 3 años de haber prolongado sus funciones, porque los diputados irresponsablemente no han acatado la resolución de la CC que ordenó la elección de esos jueces con voto razonado y de viva voz.
Pero reiteramos es una afrenta a la pobreza que tiene el pueblo que los ¿funcionarios relacionados reciban indemnizaciones millonarias, a pesar de que fueron elegidos y nombrados para un período determinado, los errores no son fuentes de derecho y es un mal precedente que debe ser impugnado por el pueblo que se muere de hambre, los hospitales necesitan medicinas y mejorar la educación?
