Después de años de espera, Guatemala ya tiene reglas claras para sus puertos. El presidente Bernardo Arévalo sancionó el Decreto 20-2026, Ley General del Sistema Portuario.
La norma entrará en vigencia 30 días después de su publicación, hoy, en el Diario de Centro América y busca transformar la forma en que el país mueve el 90% de su comercio exterior.
UN SÓLO ENTE PARA ORDENAR EL CAOS
El corazón de la ley es la creación de la Autoridad Portuaria Nacional – APN. Será una entidad autónoma y descentralizada, con capacidades para regular, planificar, fiscalizar, inspeccionar y sancionar todo el sistema portuario.
Hasta hoy, Guatemala tenía puertos administrados con marcos dispersos y sin una autoridad rectora única.
Con la APN, el Estado tendrá por primera vez una hoja de ruta con objetivos, prioridades, metas e indicadores para modernizar y hacer sostenibles los puertos.
La APN también velará por el cumplimiento del Código PBIP, el estándar internacional para la protección de buques e instalaciones portuarias. Eso es clave para que las navieras y socios comerciales vean a Guatemala como un puerto seguro y confiable.
¿POR QUÉ ERA URGENTE? LAS CIFRAS DEL RETO
Los puertos son el cuello de botella del comercio guatemalteco. Solo Puerto Quetzal y Puerto Santo Tomás de Castilla concentran más del 85% de la carga que entra y sale del país.
Pero la infraestructura está saturada, los tiempos de espera en muelle superan los promedios regionales y la logística portuaria encarece cada contenedor que llega a Guatemala.
Con la ley se destinan Q4 mil 800 millones en el presupuesto 2027 solo para la modernización de Puerto Quetzal. A eso se suman Q600 millones para puertos, aeropuertos y ferrocarriles.
Sin un marco legal moderno, ese dinero corría riesgo de quedarse en papeles. El objetivo es claro: menos días en puerto, menos costos, más competitividad.
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SECTOR PRIVADO: «ESTO ERA LO QUE FALTABA»
Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa dijo que esta “es una excelente noticia” para la atracción de inversiones, el comercio, la industria y el turismo del país, así como la certeza jurídica al crecimiento y desarrollo en Guatemala.
Pero este es sólo el primer paso. Para Zapata, lo más urgente es realizar el proceso de convocatoria, evaluación técnica obligatoria y selección del Primer Directorio.
“Presidente de la República, MINECO, MINGOB, CIV, Sector Privado (CUSPORT) deben organizarse para realizar el proceso de convocatoria, evaluación técnica obligatoria y selección del Primer Directorio”, agregó.
La ley entra en vigencia 30 días después de hoy que fue publicada y se debe tener nombrado e integrado 90 días después de la entrada en vigencia el directorio.
LAS 3 OPORTUNIDADES QUE ABRE LA LEY
Atraer inversión privada: Con reglas claras, el Estado puede concesionar, modernizar y atraer capital para grúas, patios y tecnología. El presupuesto 2027 ya aparta recursos para eso.
Bajar costos al consumidor: Un puerto eficiente se traduce en productos más baratos. De nada sirve tener 0% de arancel con EE.UU. si el trámite en puerto es caro y lento.
Integrar a Guatemala a cadenas globales: Cumplir con el Código PBIP y tener una autoridad técnica le da al país credibilidad para ser hub logístico regional, no solo receptor de carga.
Por años el país discutía formas de modernizar los puertos. Hoy Guatemala tiene la ley para hacerlo.
El Decreto 20-2026 no construye un muelle, pero pone las reglas para que se construyan bien, rápido y sin duplicar esfuerzos. Crea la APN para planificar, sanciona para que se cumpla y alinea al país con estándares internacionales.
El reto ahora es ejecutar. En 30 días la ley entra en vigencia. En los próximos meses el Congreso y el Ejecutivo deberán nombrar la APN y empezar a definir el plan nacional portuario.
