La Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo remitió un oficio al Juez de Mayor Riesgo “B”, Miguel Ángel Gálvez a quien instruye que debe suspender la orden de captura emitida contra la sindicada Alba Elvira Lorenzana Cardona, esposa de Ángel González, señalada desde 2016 por su vinculación al caso “Cooptación del Estado”. Sin embargo, no es la única beneficiada por esta sala, ya que en el pasado ha emitido resoluciones a favor de sindicados en varios delitos.
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En el documento se le pide al juzgador que debe suspender la orden de aprehensión en un plazo de 24 horas.
“Se otorgó el amparo provisional solicitado por la amparista Alba Elvira Lorenzana Cardona dentro del proceso que se dilucida en el Juzgado de Mayor Riesgo “B” en un plazo de 24 horas”, se lee en la parte resolutiva.
La instrucción de los magistrados derivó de un amparo provisional que otorgaron a Harold Ortiz, Edwin Ruano y Santos Sajbochol, todos titulares de esa Sala de Apelaciones del Organismo Judicial (OJ), que también ha beneficiado a otros señalados de corrupción.
PEDRO MUADI
A finales de enero 2021, la referida sala redujo la pena al expresidente del Congreso de la República del cancelado Partido Patriota (PP), Pedro Muadi, de 30 a 8 años de prisión, luego de anularle los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero. Únicamente cumpliría condena por el delito de peculado por sustracción en el caso Plazas Fantasma, derivado de la contratación de personal para seguridad, pero que según las investigaciones se determinó que no asistieron a laborar al Legislativo.
ARMANDO ESCRIBÁ
El 31 de diciembre 2020, la Sala resolvió anular el proceso penal y la prisión preventiva que se había dictado en contra del exdiputado Armando Escribá, por diferentes delitos en el caso Construcción y Corrupción.
En esa oportunidad, los magistrados resolvieron separar a la jueza de Mayor Riesgo “D”, Erika Aifán, del expediente, por considerar que no tenía competencia para conocer ese procedimiento.
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GUSTAVO HERRERA
El 27 de enero de 2021, los magistrados de la referida Sala anularon el proceso penal del caso “Fénix”, relacionado con lavado de Q350 millones en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
En este caso se encontraban señaladas 52 personas implicadas, entre ellos Gustavo Herrera, quien habría sido el líder de la estructura criminal y que estuvo a cargo del desfalco al IGSS en 2003.
