Al menos tres fiscales con más de 10 años de trabajar en distintas fiscalías del Ministerio Público (MP) fueron destituidas de sus cargos este jueves 30 de junio a raíz de cambios autorizados por la fiscal general, Consuelo Porras, quien ha sido sancionada en dos ocasiones por el Departamento de Estado de Estados Unidos, señalada de obstaculizar la justicia en Guatemala.
En ese sentido se confirmó la destitución de la fiscal Hilda Pineda, quien laboró durante 10 años en la Fiscalía de Derechos Humanos. Sin embargo, a pesar de su trayectoria, en octubre de 2021, fue trasladada a la Unidad Investigadora de Delitos contra Turistas.
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Entre los casos más relevantes a cargo de esta unidad estuvo el proceso por genocidio contra Efraín Ríos Montt y el caso “Diario Militar”.
Asimismo fue destituida la fiscal Sara Romero, quien investigó casos de crímenes de lesa humanidad, quien también de 1995 a 2012 desempeñó funciones en la Fiscalía de Derechos Humanos. Además, en diciembre de 2019 fue fiscal de sección de la Fiscalía de la Fiscalía contra el Crimen Organizado.
Por último se confirmó la destitución de la fiscal Wendy Ordóñez, quien además de ser la esposa del exministro de Gobernación, Francisco Rivas, trabajó en el MP durante 22 años. En febrero de 2019 fue trasladada de la Unidad de Métodos Especiales a la Unidad de Asuntos Internacionales.
POSTURA DEL MP
Ante estos cambios, Juan Luis Pantaleón, Jefe de Información y Prensa del Ministerio Público explicó que dicho personal es libre de remoción y que se implementaron los despidos para el fortalecimiento institucional.
“Es personal de libre nombramiento y remoción tal y como lo establece la Ley Orgánica del MP, Reglamento Interior de Trabajo y Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. Son acciones de personal orientadas al fortalecimiento institucional, derivadas de las necesidades en el servicio”, indicó.
Agregó que Porras ha impulsado múltiples acciones para el fortalecimiento institucional a efecto de garantizar la efectividad en el ejercicio de la acción penal y continuar con la disminución de la mora fiscal.
“De esa cuenta se ha logrado reducir en 57% la mora fiscal heredada consistente en más de un millón 266 mil casos”, puntualizó.
El Ministerio Público confirmó la destitución de Hilda Pineda, quien laboró durante 10 años en la Fiscalía de Derechos Humanos.
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POLÍTICA DE ASCENSOS
El Ministerio Público también justificó estos cambios porque se ha priorizado la política de ascensos en la referida institución. “De esa cuenta en el período 2018-2022 se realizaron aproximadamente 400 nombramientos y más de 1,700 ascensos”.
Hasta el momento se desconocen quienes ocuparán el cargo de las fiscales destituidas.
PORRAS SANCIONADA POR EE. UU.
El pasado 16 de mayo, a pocas horas de que el presidente Alejandro Giammattei reeligiera a Porras como Fiscal General (FG) y Jefa del Ministerio Público (MP) por otros cuatro años, el Gobierno de Estados Unidos a través del Departamento de Estado, anunció una nueva designación en su contra debido a su “participación en importantes actos de corrupción”. Además, su esposo, Gilberto de Jesús Porres de Paz, también fue designado.
Con la nueva medida Porras y esposo han sido sancionados con el retiro de su visa porque no son aptos para entrar a los EE. UU. según la sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones para el Departamento de Estado, Operaciones en el Extranjero y Programas Relacionados del Año Fiscal 2022.
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El papel de todos los seleccionados fue impresionante por la entrega, atención y constancia para evitar los ataques mexicanos pero no se puede dejar de destacar la extraordinaria calidad del arquero Jorge Moreno el héroe de la noche. https://t.co/WQPikfdhsY— Diario La Hora (@lahoragt) June 30, 2022
“Durante su mandato, Porras repetidamente obstruyó y socavó las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a los aliados políticos y obtener favores políticos. El patrón de obstrucción de Porras incluye presuntamente ordenar a los fiscales del Ministerio Público ignorar casos por consideraciones políticas y despedir a fiscales que investigan casos que involucran actos de corrupción”, detalla el oficio emitido por el gobierno estadounidense.
La primera sanción había sido aplicada en septiembre del 2021 cuando el Departamento de Estado la incluyó en la Lista Engel, considerada como actor antidemocrático.
