El juez de Mayor Riesgo “B” Miguel Ángel Gálvez es reconocido por haber sentado en el banquillo de los acusados a militares señalados por crímenes de guerra o a empresarios, funcionarios y jueces investigados por corrupción. En una entrevista con la agencia AP aseguró que abordó el tema de los plazos con la Corte Suprema de Justicia y aunque existió una iniciativa de ley quedó archivada.
Gálvez se sienta largas horas explicando en las audiencias donde participa los motivos de sus fallos, diciendo siempre a los acusados o señalados que no importa cuánto tarde en explicar, quiere que entiendan bien por qué se les acusa de uno u otro delito.
Pero ahora Gálvez enfrenta cuatro solicitudes de retiro de su inmunidad -una ya en trámite- en un intento de sus adversarios, según el magistrado, de dejarlo fuera del sistema de justicia del país.
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El juez dijo el martes a The Associated Press que ahora le tocará a él explicarle sus fallos a la magistrada Zonia Santizo, designada por la Corte Suprema de Justicia, (CSJ) para investigarlo por una denuncia que ya se tramita en su contra y decidir si le retiran o no la inmunidad.
«Es difícil partirse entre el trabajo y defenderme», afirma el juez y agrega que una parte de esa “criminalización” a su trabajo que le afecta es el tiempo que hay que estar preparando su defensa y los recursos.
“La denuncia es política y espuria”, aseguró.
LOS SEÑALAMIENTOS
El juez fue denunciado por Ricardo Rafael Méndez Ruiz, presidente de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), un activista de ultraderecha sancionado en 2021 por el Departamento de Estado estadounidense por obstruir procesos penales contra exmilitares que cometieron actos de violencia, acoso e intimidación a investigadores de casos de corrupción.
Méndez Ruiz acusa al juez de tardanza en aplicación de prisión provisional a acusados de delitos, y utilizó el llamado Cooptación del Estado para argumentar que el juez se habría excedido en los plazos de prisión a dos procesados. Méndez no es parte de ese proceso.
HA REQUERIDO CAMBIOS
El juez explica que el proceso era muy grande, que incluía a más de 50 personas, que por la cantidad no se podía cumplir los plazos establecidos y se hacía lo humanamente posible por lo que pidió apoyo a la CSJ y que esta solicitara cambios a la ley para que en casos de pluralidad de personas se ampliaran los plazos.
Aseguró que hasta llegó a reunirse con una magistrada de la CSJ para proponer cambios a la ley, los cuales llevó ante el pleno de ese organismo, pero las propuestas terminaron archivadas.
CASOS DE IMPACTO
En el caso Cooptación del Estado está acusado el expresidente Otto Pérez Molina y varios exfuncionarios de su gabinete de gobierno por integrar una estructura que tenía cooptadas instituciones del gobierno con las que supuestamente se adjudicaban obras públicas, se obtenían sobornos que luego lavaban para financiar a su partido político.
Gálvez sentó en el banquillo de los acusados al exdictador José Efraín Ríos Montt, quien fue llevado a juicio por genocidio por la muerte de 1,771 indígenas ixiles durante el conflicto armado interno en el país, entre 1960-1996 y después se les sentenció a 80 años de prisión. Posteriormente, la Corte de Constitucionalidad revocó la sentencia y ordenó un nuevo juicio. El exdictador murió en 2018 sin ser juzgado.
El juez también llevó a juicio al general Pérez Molina, quien tuvo que renunciar a la presidencia de Guatemala en 2015 por acusaciones de corrupción.
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EL CASO QUE CAMBIÓ TODO
Pero el caso que activistas de derechos humanos creen que detonó la venganza contra el juez es el conocido como “Diario Militar”, uno de los más emblemáticos de la guerra civil de Guatemala. Se trata de un informe en el que exintegrantes de las fuerzas armadas documentaron las torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales de 183 personas durante la década de 1980.
A inicios de junio Gálvez envió a juicio a diez expolicías y militares investigados por la muerte, tortura, desaparición forzada y ejecución de 21 personas de las 183 que sufrieron esos vejámenes.
Varias organizaciones han expresado su preocupación por el caso del juez Gálvez y han solicitado acciones para frenar lo que consideran una venganza a sus fallos anticorrupción y contra crímenes de lesa humanidad.
LA SITUACIÓN DE GT
Este lunes, el cardenal Álvaro Ramazzini mostró su apoyo a Gálvez, argumentando que lo que le sucede al juez causa una enorme desconfianza en la administración de la justicia. “Porque si están tocando a personas honorables como el juez Miguel Ángel Gálvez con una trayectoria de más de 23 años de servicio, qué no pueden hacer con el ciudadano común”, señaló.
Durante el gobierno de Alejandro Giammattei más de 20 fiscales y jueces han abandonado el país y se han autoexiliado, mayormente en Estados Unidos, alegando persecución por su trabajo.
*Nota modificada en su titular para retirar el apellido de la magistrada Silvia Patricia Valdés el cual se consignó erroneamente. Además, se agregó un enlace hacia una aclaración realizada por esta redacción.
